España, Grecia, Italia y Malta solicitaron ayuda a la Unión Europea para afrontar la crisis migratoria desatada con la llegada masiva de africanos a sus costas. El gobierno polaco, se ha sentido aludido con el exhorto de esos países y rechaza cualquier mecanismo de reparto automático de refugiados dentro de la comunidad.
Marcin Przydacz, viceministro polaco de Exteriores, sostiene que su país está en el “flanco oriental” de la UE. Por tanto, “cumple con la obligación de proteger las fronteras” externas, que están “selladas”. En ese sentido, el funcionario sugiere que los países del sur hagan lo propio. La posición de Polonia de rechazar la admisión de migrantes o refugiados se une a la de Hungría y Austria, que ya lo han notificado.
“Si otros países en Europa occidental tienen problemas con la migración, deberían también cumplir con sus obligaciones de controlar las fronteras», advierte. Przydacz recuerda que Polonia acoge a personas de países sumidos en la inestabilidad política, tanto de Ucrania como de Bielorrusia.
Mientras tanto, las Canarias afrontan, en medio de la pandemia y la grave crisis económica que ha ocasionado, la crisis migratoria más grave de los últimos 14 años. Cientos de personas se movilizan en la zona más peligrosa del Atlántico con pateras, cayucos y botes inflables en busca de mejores condiciones de vida que en África. En especial, en busca de empleos que han perdido por la pandemia y seguridad. Hasta los momentos se cuantifican en unas 20.000 personas en lo que va de año. Personal sanitario, de rescate y de seguridad auxilian a esta población, pero la capacidad de acogida está desbordada.
Situación similar ocurre en la isla griega de Lesbos. Ni se diga en Lampedusa, Italia, donde la situación parece haberse escapado de las manos de las autoridades. El Mediterráneo es la ruta más utilizada por los solicitantes de asilo provenientes de África. Principalmente desde Libia, que intentan cruzar Europa a través de países como Malta e Italia.
Crisis migratoria en España
El Ejecutivo de España emplea dos estrategias para paliar la grave crisis migratoria en Canarias. Por un lado, intensifica el diálogo diplomático con los gobiernos de Marruecos y Senegal para frenar la escalada. Por otro lado, estima aplicar un plan de choque con medidas policiales y de inteligencia. Incluye la deportación y repatriación de los migrantes irregulares que no tengan una condición de vulnerabilidad, bien sea de salud o fuesen perseguidos políticos o religiosos.
La intención es evitar el traslado de los migrantes a la península y mejorar la capacidad de asistencia en las propias islas, algo que es muy costa arriba para una comunidad que ha sido llevada al colapso por el cierre de las actividades turísticas y de ocio. Lo representantes han advertido del alto desempleo y la poca capacidad de asistencia del Gobierno de Canarias. «Estamos sobre un volcán», exclamó la diputada Ana Oramas.
Al mismo tiempo, se espera la apertura de un Centro de Atención Temporal de Extranjeros en el antiguo polvorín de Barranco Seco. El objetivo es reforzar la capacidad para asistir a inmigrantes, especialmente en Gran Canaria Y que el muelle de Arguineguín, donde permanecen unas 2.000 personas, «vuelva a tener cuanto antes el uso que siempre tuvo». Ya fue desalojado el campamento de recepción y por primera veces después de tres meses luce limpio.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, insiste en solicitar ayuda real y efectiva ante la masiva llegada migrantes. La Unión Europea «debe demostrar con hechos que la inmigración que llega a esa región, tiene como meta de llegada Europa, no de a estas islas.
La carta de los países del sur
España, Grecia, Italia y Malta, además de las medidas que adelantan sus gobiernos, enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen en la que solicitan soluciones más eficientes a la crisis migratoria. En el texto hacen observaciones a la propuesta de Bruselas sobre un Nuevo Pacto de Migración y Asilo.
La CE planteó en septiembre reformar la política de asilo y migración que renuncia a las cuotas obligatorias para el reparto de la acogida de refugiados. En su lugar, sugirió un sistema voluntario y «flexible», con varios niveles de solidaridad con los países con mayor presión migratoria.
Sin embargo, en la misiva, España, Grecia, Italia y Malta, aseguran que el proyecto comunitario carece de solidaridad. Piden que se establezca un mecanismo para el reparto permanente de los migrantes entre todos los países miembros. «La carga de la presión migratoria no debe recaer solamente en los país que son la principal vía de entrada de migrantes», reclaman. Además, estos gobiernos perciben un «desequilibrio» entre solidaridad y responsabilidad.
«Los estados miembros en primera línea no pueden afrontar la presión migratoria sobre toda la UE», indicaron.
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