Las pagos de nóminas por desempleo que se realizarán este mes suman unos 1.215 millones de euros, informó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Esta cifra representa un incremento de 197 millones en comparación con lo que se gastó en prestaciones contributivas en febrero.
El COVID-19 comienza a mostrar su impacto en las finanzas públicas. En este caso, el Servicio Público de Empleo (SEPE) es el más afectado.
Aún se desconoce cuánto de esta cifra se debe a los trabajadores afectados por expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), pero lo cierto es que, luego de las medidas anunciadas el 12 de marzo, el gasto público en estas prestaciones ha aumentado en 19,3%, con 2.231.000 personas recibiéndolas.
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— SEPE (@empleo_SEPE) April 6, 2020
Aumento en el déficit público
Unos 613.000 trabajadores afectados ya por ERTE van a disfrutar de los beneficios sociales que ha aprobado el Gobierno en las últimas semanas, informó Díaz. La ministra agregó que por su departamento han pasado unos 9.670 ERTE. También que hay al menos, 246.335 más que las empresas han pedido a las autoridades laborales de las comunidades autónomas.
Por su parte, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, reconoció que las prestaciones que está poniendo en marcha el Gobierno, como los pagos por desempleo, dispararán el déficit público. Considera que es «prematuro» hacer un cálculo del impacto económico de las medidas sin saber exactamente cuántos ciudadanos se podrán acoger a ellas.
En descargo del Gobierno, Escrivá afirmó que «las elevaciones transitorias de déficit público están justificadas» por la situación sanitaria. «Una parte significativa del coste fiscal de la Seguridad Social y el SEPE requerirá una emisión de la deuda pública en la misma proporción, como están haciendo otros países». Agregó que, debido a la «situación temporal de la crisis», se espera una «recuperación económica plena».
Impacto de los pagos por desempleo
A nivel de cotizaciones, sin embargo, el impacto debería ser menor. Los trabajadores que están en ERTE continúan cotizando. El Ejecutivo solo se ha comprometido a que las empresas de menos de 50 empleados queden exentas de abonar la seguridad social de su plantilla. Esta medida asegura una parte de los ingresos.
Por otro lado, está el permiso retribuido obligatorio aplicado a sectores como la industria o la construcción. La adopción de esta medida fuerza a las compañías afectadas a asumir los sueldos al completo de sus trabajadores. Esto evita que ese coste se traslade a las arcas públicas.
Pero esta medida será la primera que sea revertida. Está previsto que los trabajadores regresen a sus puestos de trabajo tras Semana Santa.
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Incremento en la deuda
El Gobierno reconoció que la situación económica va a repercutir negativamente en el endeudamiento. Los analistas coinciden en que mientras más largo sea el cierre, mayor duración tendrá la crisis, aumentando los efectos negativos sobre el gasto y el endeudamiento.
Desde que se decretara el estado de alarma, el coste de financiación de España se ha doblado, aunque los tipos de interés son todavía históricamente bajos. Esta situación ha reactivado las especulaciones sobre si el país tendrá que recurrir a un nuevo rescate. Por el momento, y gracias a la actividad del Banco Central Europeo (BCE), la prima de riesgo aún está muy lejos de los niveles que llegó a alcanzar en 2012.
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