El Código Ético de Podemos, actualmente en vigor, señala la obligación de todos los cargos electos y todos los cargos internos de aceptar «la renuncia a cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de la condición de representante y, desde la responsabilidad como cargo público, al acogimiento a cualquier figura de aforamiento judicial». En el caso Dina, el juez titular de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no puede investigar a Pablo Iglesias debido a su condición de aforado. En virtud de ello, sus casos dependen del Supremo.
La letra es muy clara. Prístina. Sin embargo, el vicepresidente segundo ha optado por obviarla. No es prudente que renuncie a ese «privilegio». Y más aún, la directiva del partido morado la emprende en contra de quienes osan solicitar tamaño «exabrupto». En el canon de igualdad de Podemos, algunos son «más iguales que otros». URSS dixit.
Matar al mensajero
La alta dirigencia de Podemos no se ha referido a lo que dice su propio Código Ético. En lugar de ello, la ha emprendido en contra de García Castellón, después de que el juez de la Audiencia solicitara al Supremo que investigue a Iglesias por presuntamente estar incurso en tres delitos relacionados con el caso Dina.
Pablo Echenique ha sido particularmente rudo. A través de un tuit, denunció que el juez «se salta a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía». El portavoz del grupo parlamentario del partido morado acudió al repetido guion de los ataques infundados al partido y su dirigencia.
«Contra Podemos y contra Pablo Iglesias vale todo», escribió. Recurrió a los argumentos populistas para decir que ocurre «lo de siempre», que se busca «destruir con la artillería que haga falta a los que suben el salario mínimo y quieren poner un impuesto a la riqueza».
Rafael Mayoral, secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales y diputado de Podemos, dijo que la acusación contra Iglesias es un «despropósito». Aseguró que «el procedimiento está basado en suposiciones porque ninguno de los documentos dados aporta indicios delictivos».
Además, aseguró que «comparar esto con la caja B del PP, que estaba nutrida con dinero negro de empresarios para repartirlo entre los dirigentes, me parece un insulto».
Pero sobre lo que dice el Código Ético de Podemos, ni Echenique ni Mayoral dicen media palabra.
Privilegios para unos y no para otros
En su solicitud, el juez García Castellón menciona en repetidas ocasiones la condición de aforado de Iglesias, al señalar «la existencia de indicios razonables de la participación delictiva» por parte del vicepresidente segundo del Ejecutivo.
Lo curioso es que Podemos ha denunciado, en repetidas ocasiones, que la condición de aforado es «un privilegio», de la que sacan provecho quienes la detentan, para evadir a la justicia. Ya en 2018, el partido morado ofreció su apoyo a la reforma constitucional planteada por Pedro Sánchez para eliminar los aforamientos.
Eso sí, la formación subrayó la necesidad de que esta medida abriese el debate sobre el aforamiento del rey emérito Juan Carlos I. «No queremos privilegios, todo el mundo tiene que ser juzgado por igual y estamos en contra de los aforamientos«, dijo en esa oportunidad la entonces portavoz Noelia Vera.
Así mismo, Pablo Iglesias le advertía al PSOE de que no apoyaría ninguna medida que «deje fuera de control democrático a la monarquía». Calificó de «impresentable» una propuesta para acabar los aforamientos que excluyese al jefe del Estado. ¿Y a un vicepresidente?
Un cambio muy conveniente
Pero la dirigencia de Podemos no parece dispuesta a desobedecer sin más su propio Código Ético. Hay otro recoveco. Si la montaña no va a Mahoma, el profeta va a la montaña. En este caso, si el código obliga a renunciar a un privilegio, hay que cambiar la norma.
Anteriormente, el Código de Ética de Podemos establecía el «compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser imputado, procesado o condenado«.
Con este argumento, y dado que el vicepresidente segundo de Gobierno y secretario general del partido ha sido imputado por delitos en el caso Dina, debería renunciar. Si embargo, el partido morado se había adelantado a esta circunstancia. En 2018 Podemos modificó el Código Ético para blindar a sus militantes en cargos públicos. La solución fue muy simple: se eliminó la palabra «imputado».
Ahora, el texto establece el «compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado«. En este caso, Pablo Iglesias no estaría incumpliendo el Código de Ética de Podemos, simplemente la norma se adaptó a sus intereses.
No es el primer caso
Pero esta diatriba que se ha presentado en torno a Pablo Iglesias no es el primer caso de inconsistencias entre la palabra y los hechos, cuando de ética morada se trata. A finales del año pasado, fue el turno de Pablo Echenique. La Tesorería General de la Seguridad Social le sancionó por haber contratado al margen de la ley, en negro, a un trabajador al que no dio de alta en la Seguridad Social.
En consecuencia, se dijo que debería dimitir. La solicitud se hacía con base en el Código de Ética de Podemos, que establece el «compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos en caso de ser procesado o condenado» por delitos entre los que se incluyen aquellos que atenten «contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras».
En su caso, la Inspección de la Seguridad Social abrió una investigación oficial a finales de 2016 tras descubrir que había mantenido a un trabajador sin contrato. Echenique recurrió esa sanción, y la Justicia dio la razón a la Seguridad Social.
PP insiste en la dimisión de Iglesias
En este nuevo varapalo, el Partido Popular insiste en que Pablo Iglesias debe renunciar a su cargo como vicepresidente segundo. «No puede permanecer ni un minuto más en el Gobierno de España quien presumió de que en circunstancias como estas lo que hay que hacer es dimitir», dijo Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del PP.
«Este populista de ambición ilimitada no puede ser vicepresidente del Gobierno de España. Alguien que se mueve constantemente en las cloacas, junto a la imputación de su partido, su cúpula y la corrupción que lo arrincona, está inhabilitado para el cargo», publicó la formación en un tuit.
Los populares han hecho referencia a unas palabras de Pablo Iglesias en un debate electoral televisado en junio de 2016. En ese momento, el secretario general de Podemos dijo que dimitiría en el momento en que se abriese juicio oral a alguien del partido. Por ahora, sin embargo, esto no ha ocurrido.
La investigación está en fase de instrucción y acaba de comenzar. Pero lo cierto es que el Código de Ética de Podemos apunta en esa dirección. La «renuncia» a los «privilegios» aparece muy claramente en el texto. Su puesta en práctica en la realidad, no es tan prístina, sin embargo.
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