La inacción del Gobierno de España en la toma de medidas efectivas para detener el cambio climático ha llevado a tres organizaciones a presentar una demanda ante el Tribunal Supremo. Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón aseguran que el Gobierno no destina suficientes recursos para la lucha contra el cambio climático. Al proceso judicial se sumaron más de 50 organizaciones y unas 24.000 personas.
La principal demanda radica en que actualmente la Unión Europea ha aumentado el objetivo de reducción de emisiones netas al 55% para 2030. Mientras que el Gobierno de España propone apenas un 23% para el mismo periodo. Según las organizaciones, con esta demanda el Gobierno se verá obligado a incrementar su esfuerzo de reducción de las emisiones. Es la única manera de que las generaciones futuras puedan disfrutar de un medioambiente que les permita una vida en condiciones dignas.
España es uno de los países de Europa más vulnerables al cambio climático. También el que más ha aumentado sus emisiones entre 1990 y 2017. Las tres organizaciones solicitan al Tribunal Supremo que obligue al Ejecutivo a aprobar y aplicar un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que incluya una reducción de emisiones de al menos el 55% hasta 2030.
Demanda ante el TS, 200 folios de evidencias científicas
La demanda de casi 200 folios incorpora las últimas referencias científicas que evidencian los impactos sociales, económicos, físicos y biológicos del cambio climático, así como la vulneración de derechos humanos derivada de este.
También incluye las conclusiones de dos informes periciales. Uno es sobre los impactos del cambio climático en España, elaborado por el catedrático José María Baldasano, miembro del Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de la ONU, que demuestra cómo las sequías, inundaciones e incendios son cada vez más devastadores.
El segundo informe pericial se centra en la vinculación entre el cambio climático y la desigualdad, en particular la brecha de género. Elaborado por la profesora Margarita Ruiz Ramos, profesora titular e investigadora en Universidad Politécnica de Madrid. Revela cómo la crisis climática afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no cuentan con medios para afrontarla, ni con la protección efectiva de los poderes públicos.
La demanda apunta que el Gobierno acepta que en 2030 España seguirá teniendo una dependencia de los combustibles fósiles de más del 64%. Argumentan que un modelo energético basado en los combustibles fósiles, además de ser responsable del cambio climático contamina gravemente el aire. Los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente ha demostrado que la contaminación del aires causa más de 30.000 muertes prematuras en España cada año. Las organizaciones señalan que el abandono de los combustibles fósiles es fundamental tanto para evitar los peores impactos del cambio climático como para mejorar la calidad del aire.
Más personas apoyan la demanda contra la inacción
A la demanda contra el Gobierno se han sumado más de 55 organizaciones, movimientos y plataformas de todo el territorio nacional. En paralelo, las organizaciones demandantes continúan con la recogida de firmas. Ya han recabado el apoyo de más de 24.000 personas.
La abogada demandante de las tres organizaciones, Lorena Ruiz-Huerta, expresó que la falta de ambición climática del Gobierno español se ha hecho más evidente después del acuerdo de la UE de incrementar sus objetivos, que siendo insuficientes, están muy por encima de los españoles. Aseguró que, a fin de cuentas, lo más importante no son los números, sino las graves consecuencias del deterioro del ambiente para las generaciones futuras.
Desde mediados de la década de 2010, se han iniciado más de 150 litigios contra Gobiernos de todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda o Nueva Zelanda son sólo algunos de los países cuyos ejecutivos enfrentan actualmente demandas por esta causa. El caso más notorio es el de Holanda, donde la Fundación Urgenda ha logrado este año una histórica sentencia del Tribunal Supremo, que ha condenado al Gobierno holandés a contribuir con su “parte mínima justa” a la reducción global de emisiones para frenar el cambio climático. Y cumplir así con su obligación constitucional de proteger los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras.
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