Por Cambio16 | Efe
05/07/2016
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Doce detenidos, entre ellos dos exalcaldes catalanes, y 48 registros en ayuntamientos, empresas y domicilios de diez provincias, es el balance provisional de una operación de la Guardia Civil contra la corrupción municipal en contratos vinculados a las consultoras Efial y CGI.
Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, en el amplio dispositivo, que ha sido autorizado por el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, también se prevé, además de los registros, que la Guardia Civil acuda a ayuntamientos como los de Girona, Barcelona y La Seu d’Urgell (Lleida) a requerir documentación sobre contratos vinculados a Efial.
Están afectados también los ayuntamientos de Torrejón de Ardoz (foto), Miraflores de la Sierra y Chinchón, en la provincia de Madrid; Trillo, en la de Guadalajara; y Tortosa, Ascó, Vandellós y l’Ametlla de Mar, en la de Tarragona.
La portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, ha acusado al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, de ser el «autor intelectual» de la operación contra la corrupción municipal desarrollada este martes, que ha calificado de «circo mediático» contra el soberanismo antes del congreso de CDC.
Las detenciones y entradas y registros en Ayuntamientos, otras entidades públicas, empresas, despachos profesionales y domicilios, «están orientados a recabar expedientes de contratación de diversos organismos y empresas que pudieran derivar en delitos contra la Administración Pública».
Así lo han señalado la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado (FGE) en una nota que también apunta que algunos de estos registros se han producido en Andorra.
Los citados registros se efectúan en siete entidades públicas empresariales locales, doce mercantiles, siete despachos profesionales y 14 domicilios particulares.
El dispositivo se lleva a cabo de forma simultánea en las cuatro provincias catalanas (Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona), así como en Castellón, Baleares, Huelva, Granada, Madrid y Guadalajara.
Esta macrooperación, impulsada por la jefatura de Información de la Guardia Civil, arranca en el denominado ‘caso Efial’, por el nombre de la consultora especializada en administración local que trabajaba para numerosos ayuntamientos de Tarragona gobernados en su mayoría por Convergència Democràtica (CDC).
En concreto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juez ha acordado los registros y detenciones en el marco de una pieza separada que se inició con la investigación al Ayuntamiento de Torredembarra, en el año 2014, que desembocó en una de sus ramificaciones en el caso del 3%, en el que el pasado año la Guardia Civil registró la sede de CDC en Barcelona.
Se investigan delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude a las Administraciones e infidelidad en la custodia de documentos, de acuerdo a la nota de la FGE.
Según las fuentes consultadas por Efe, el caso ha saltado de ayuntamientos catalanes a algunos del resto de España después de que Efial fuera absorbida hace meses por la sociedad CGI, que ha sido contratada por varios entes locales de diversas provincias españolas.
Las primeras actuaciones «tuvieron inicio en las denuncias de Concejales de varios de los Ayuntamientos afectados», dice la nota del FGE, denuncias que llevaron al juez de El Vendrell a investigar a la citada investigación al Ayuntamiento de Torredembarra, a partir de lo cual siguió indagando la Guardia Civil en otros municipios.
Tanto cuando la organización criminal actuó bajo el nombre de «Efial Consultoría» como cuando lo hizo como «CGI», los investigados construyeron una estructura paralela en los Ayuntamientos para evitar en su actuación la labor supervisora del Secretario e Interventor municipales, dice la FGE.
A lo largo de la investigación se ha detectado la creación de la figura instrumental y ficticia de sociedades públicas (Entidades Públicas Empresariales Locales) carentes de actividad específica, creando un entramado fraudulento por el cual se desvían fondos públicos municipales de Ayuntamientos a la citada entidad pública y de ésta a la sociedad mercantil privada.
En la operación, que se encuentra bajo secreto de sumario, han participado 342 guardias civiles de diferentes comandancias integradas en las diferentes provincias afectadas, según la Guardia Civil.
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