Las Naciones Unidas, a través de sus entes competentes, hizo un doble cuestionamiento a España en su manejo con la población de migrantes. Por un lado, considera que viola la Convención sobre los Derechos del Niño y por otro, que mantuvo “completamente desprotegidos” a trabajadores de ese grupo vulnerable durante la pandemia.
España ha sido criticada por la ONU en dos áreas sensibles en el cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes. Atención a los niños y a la mano de obra temporera que suple las deficiencias laborales en la recolección de frutas.
El Comité de los Derechos del Niño, integrado por 18 expertos independientes, anunció que el sistema que usó España para atender a los jóvenes migrantes no acompañados, violó sus derechos humanos.
Señalan que los procedimientos empleados vulneran la Convención sobre los Derechos del Niño. Específicamente, en su “derecho a la identidad, en su derecho a ser escuchado, y el derecho a la especial protección de los niños privados de su entorno familiar”.
En los catorce casos analizados por el Comité, España no efectuó el procedimiento adecuado para determinar la edad de los jóvenes. En base a una publicación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la radiografía que se usa en España para precisar la edad tiene un margen de error de cuatro años.
De acuerdo con las cifras de la Agencia, durante los 9 primeros meses de 2019 llegaron a España unos 2.500 niños, muchos de ellos no acompañados. Por ello, el Comité destaca “la importancia fundamental de determinar la edad de todo individuo que afirma ser menor de edad. Dado que el resultado de dicha determinación condicionará si tienen derecho a protección en su calidad de niños”.
El presidente del Comité, Luis Pedernera, destacó que mientras el proceso de verificación de la edad de los jóvenes esté pendiente de resolver “la persona debe presumirse como menor de edad y ser tratada como tal”. Y que cuando dispongan de documentos de identidad “deben considerarse válidos salvo prueba en contra, según lo ha reconocido por el propio Tribunal Supremo de España”.
Cuestionan a España en su trato con los migrantes
En España viven, según la ONU, alrededor de 6.104.203 de inmigrantes, lo que supone un 12,9% de la población de España. La inmigración femenina es superior a la masculina, con 3.190.456 mujeres (52.26%) frente a los 2.913.747 de inmigrantes varones, que son el 47,73%.
Los inmigrantes en España proceden principalmente de Marruecos, el 11,66%, Rumanía, el 10,20% y Ecuador, el 6,80%. El país recibió en el segundo semestre de 2019, 400.170 inmigrantes de todas las nacionalidades, según datos del INE y de Epdata.
España contrató a temporeros marroquíes durante la pandemia de coronavirus para la recogida de la fresa. A pesar de que se les consideró trabajadores esenciales, ni el Gobierno ni las empresas tomaron medidas para protegerlos de la COVID-19. Y a los que enfermaron no se les garantizó la atención médica, denunció Olivier De Schutter.
El relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, dijo que las autoridades españolas son responsables de garantizar a los trabajadores migrantes buenas condiciones laborales. Ajustadas a las normas internacionales, entre ellas el acceso a una atención sanitaria adecuada.
Trabajos forzosos y desprotegidos en Huelva
Alrededor de 3000 mujeres migrantes de Marruecos viajan cada año a España, a la ciudad de Huelva durante la cosecha anual de fresas. A menudo trabajan por encima del límite legal de horas de trabajo y se les paga por debajo del salario mínimo, o incluso no se les paga en absoluto, señaló.
«Los Gobiernos tienden a culpar a las empresas por las violaciones de los derechos de los trabajadores. Y las empresas, a su vez, tienden a ver la aplicación de los derechos laborales como un deber de las autoridades, no suyo», indicó De Schutter.
«Este hábito de pasarse la pelota debe terminar. El incumplimiento por parte de un empleador de los derechos de sus empleados nunca puede justificarse por el hecho de que las autoridades del Estado no apliquen la legislación o no cumplan las normas internacionales de derechos humanos”, insistió el relator.
De Schutter sostuvo además, que «la completa dependencia de los trabajadores migrantes estacionales en el negocio de la fresa de Huelva conduce rutinariamente a situaciones que equivalen a trabajos forzosos. Con total desprecio tanto de las normas internacionales de derechos humanos como de la legislación nacional».
La mayoría de los migrantes carecen de medidas de seguridad y protección en el trabajo. Viven en asentamientos superpoblados con un acceso insuficiente a los servicios básicos, incluidos el agua, el jabón y los desinfectantes. Situación que resulta particularmente alarmante dado el riesgo para la salud que representa la COVID-19.
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