Organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, “ejecutan un plan orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”, denuncia un informe de la ONU.
La misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela, identificada con la sigla MIIV, afirma que la situación de los derechos humanos en el país “sigue siendo grave” y abunda en detalles sobre los delitos y violaciones perpetrados .
“Las investigaciones demuestran -dice el informe- que varias personas que ocuparon y ocupan cargos en las jerarquías de la DGCIM y el SEBIN (organismos de seguridad del Estado) cometieron violaciones de derechos humanos y delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo actos de tortura de extrema gravedad como parte de un plan diseñado a alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno”.
El informe pormenoriza las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de los cuerpos de seguridad e insta a que investiguen sus responsabilidades y se juzguen en consecuencia.
«Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados judicialmente», advierte Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.
En otro informe, la MIIV destaca la situación en el estado Bolívar, donde actores estatales y no estatales en zonas de extracción de oro han cometido violaciones y crímenes contra las poblaciones locales.
ONU constata que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad
En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la MIIV para evaluar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, cometidas desde 2014. Desde entonces esa instancia ha elaborado dos informes en los cuales incluye casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014. La situación actual no ha mejorado pese a las denuncias y emplazamientos públicos de la ONU.
El nuevo documento ofrece un análisis preciso del “papel que desempeñan personas en distintos niveles de las cadenas de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Determina que el plan lo orquestó el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición mediante torturas de extrema gravedad, constitutivas de crímenes de lesa humanidad”.
La Misión documentó 122 casos de víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM. Tanto en su sede de Boleíta, en Caracas, como centros de detención encubiertos en todo el territorio.
El SEBIN ha torturado o infligido malos tratos a políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos. Principalmente en el centro de detención El Helicoide, en Caracas. La Misión ha investigado 51 casos que ocurrieron desde 2014. Las órdenes las impartieron autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango.
Plan deliberado desde los altos cargos del Gobierno
Tanto el SEBIN como la DGCIM usaron la violencia sexual y de género para torturar y humillar a los detenidos. Las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables. Ni proporcionado reparaciones a las víctimas, a pesar de sus anuncios, compromisos y promesas.Tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad del sistema de justicia.
Destaca el informe que “las violaciones y los crímenes del SEBIN y la DGCIM continúan hasta hoy. Se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas. Varios de los funcionarios entre los investigados por la Misión siguen trabajando y en algunos casos han sido ascendidos”. Insisten que la maquinaria fue puesta en marcha por Maduro y su alto nivel como parte de un plan deliberado del Gobierno para reprimir la crítica y la oposición”.
Además, indica que los crímenes de lesa humanidad de los cuerpos de seguridad los cometieron en un clima de casi total impunidad. «La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación», destaca Francisco Cox, miembro de la misión de la MIIV.
Asimismo, el documento de la Misión de la ONU sobre Venezuela observó otros delitos. “Asesinatos consistentes con patrones previamente documentados de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones. Las operaciones de seguridad en barrios urbanos de bajos ingresos en varias regiones del país requieren una investigación más profunda. La información indica que estos asesinatos continúan a un nivel preocupante”.
Llamado urgente a la comunidad internacional
El grueso informe que la Misión de la ONU sobre Venezuela consignó al Consejo de Derechos Humanos se basa en dos aspectos: a) los crímenes de lesa humanidad. Cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas opositoras al Gobierno. Y b) la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.
Ante la crisis de la industria petrolera, en 2016, el Gobierno venezolano estableció el Arco Minero del Orinoco como «Zona de Desarrollo Estratégico Nacional». Con el fin de formalizar y ampliar su control sobre la extracción de oro y otros recursos estratégicos, principalmente en el estado Bolívar. Desde entonces, la zona está fuertemente militarizada, mientras que los grupos armados criminales siguen operando abiertamente, controlando las minas y las poblaciones.
La Misión basó las conclusiones de ambos informes en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. Las entrevistas fueron realizadas tanto en persona como a distancia, mediante conexiones telefónicas o de vídeo seguras. Además, se analizaron los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los incidentes.
«Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos. Nuestros informes se refieren a solo dos aspectos de esta situación. Instamos a la comunidad internacional a que continúe monitoreando de cerca la evolución de los acontecimientos en el país. Y vigile si se están produciendo avances creíbles para asegurar una justicia imparcial e independiente, que garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos», declaró Valiñas.
Violencia, desapariciones y extorsiones en Bolívar
El informe de la MIIV documenta cómo actores estatales y no estatales han cometido violaciones de derechos humanos contra la población local del estado sureño. En el marco de la lucha por el control de las zonas mineras. Entre ellos “figuran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. Las autoridades no sólo no han adoptado medidas para prevenir o reprimir estos abusos, sino que la Misión ha recibido información que sugiere una connivencia entre esos actores en algunas partes del estado Bolívar”.
En el municipio Gran Sabana, al sur del estado, la Misión ha documentado en profundidad varios casos en los que las fuerzas del Estado han atacado a las poblaciones indígenas, cometiendo una serie de violaciones. Entre ellos, los enfrentamientos que se produjeron en 2019. Tras el intento de la oposición de trasladar ayuda humanitaria a la Gran Sabana desde Brasil, cuando las fuerzas estatales cometieron torturas y privaciones arbitrarias de la vida contra personas indígenas.
«La situación en el estado Bolívar y en otras zonas mineras es profundamente preocupante. Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro. Nuestro informe pone de manifiesto la necesidad de seguir investigando esta región que, paradójicamente, es una zona casi olvidada del país. Pero, al mismo tiempo, genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas», afirma Patricia Tappatá Valdez, miembro de la Misión.
Mientras la ONG Provea replicaba este informe de la ONU sobre Venezuela en rueda de prensa, funcionarios del SEBIN tomaron la sede en Caracas para evitar la difusión del texto.
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