La asesora especial de la ONU para la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, y la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, emitieron una clara advertencia sobre el grave riesgo de crímenes atroces en Myanmar, tras otro día de derramamiento de sangre generalizado perpetrado por el ejército de Myanmar.
En una declaración conjunta, la responsable de la ONU-Derechos Humanos y la experta en prevención del genocidio condenan los ataques sistemáticos de los militares contra manifestantes pacíficos en Myanmar y advierten que el derramamiento de sangre continuará si la comunidad internacional no actúa de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.
Las dos condenaron enérgicamente los ataques generalizados, letales y cada vez más sistemáticos del Ejército de Myanmar contra manifestantes pacíficos. También otras violaciones graves de los derechos humanos desde el golpe de Estado en febrero de 2021. Miles de personas fueron arrestadas arbitrariamente. Muchas son víctimas de desaparición forzada o de asesinato.
El sábado fue el día más sangriento desde que comenzaron las manifestaciones. Las fuerzas militares mataron al menos a 107 personas, incluidos 7 niños. Se calcula que el número de muertes es mucho mayor, pero los militares ocultan las cifras. Cientos resultaron heridos y a otros apresados.
Bachelet y Nderitu pidieron a los militares que dejen de matar de inmediato a las personas que tienen el deber de servir y proteger.
Responsabilidad internacional
“Las acciones vergonzosas, cobardes y brutales de los militares y la policía, que han sido filmadas disparando a los manifestantes mientras huyen y que ni siquiera han perdonado a los niños pequeños, deben cesar de inmediato. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger al pueblo de Myanmar de crímenes atroces”, dijeron Bachelet y Nderitu.
Ambas pidieron al Consejo de Seguridad que tome más medidas más efectivas y que la Asociaciones de Naciones del Sudeste Asiático y la comunidad internacional actúen con prontitud para proteger al pueblo de Myanmar.
Si bien el Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a su población, la comunidad internacional comparte esa responsabilidad. Además, en los casos en que el Estado falla manifiestamente, “debe tomar medidas colectivas y oportunas de conformidad con la Carta de la ONU para proteger poblaciones civiles que corren el riesgo de ser víctimas de crímenes atroces”.
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Un joven ilumina una vela en Yangon, en Myanmar | Unsplash/Zinko Hein 
Unsplash/Zinko Hein
Fin de la impunidad en Myanmar
Nderitu y Bachelet pidieron el fin de la impunidad sistémica en Myanmar. «Debemos garantizar la rendición de cuentas por los crímenes pasados y disuadir de que se cometan los crímenes internacionales más graves», afirmaron.
“El hecho de no abordar los crímenes atroces que el Ejército ha cometido en el pasado, incluidos los perpetrados contra los rohingya y otras minorías, ha llevado a Myanmar a esta terrible situación. No hay forma de avanzar sin rendición de cuentas y una reforma fundamental de las fuerzas armadas».
Las responsables de velar el cumplimiento de los derechos humanos instaron a todas las partes, incluidos los funcionarios desertores, los oficiales de policía y militares, a cooperar con los mecanismos internacionales, incluida la Corte Penal Internacional y el Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar del Consejo de Derechos Humanos, en la lucha contra la impunidad en el país.
Esta situación también ha puesto en mayor riesgo a las ya vulnerables minorías étnicas y religiosas de Myanmar, incluidos los rohingya. Esta población ha sufrido durante mucho tiempo una terrible violencia a manos del Ejército con impunidad, como lo documenta la Misión Independiente de Investigación en Myanmar establecida por el Consejo de Derechos Humanos.
“Estamos profundamente preocupados por el impacto que la situación actual puede tener en estas poblaciones y estamos monitoreando de cerca los acontecimientos. Los derechos de los grupos minoritarios, incluida la población rohingya, deben respetarse plenamente”, afirmaron las dos funcionarias de la ONU.
Ambas destacaron la diversidad que existe en el movimiento de protesta y alentaron el nuevo sentido de unidad entre las divisiones étnicas y religiosas, así como el creciente reconocimiento de los crímenes cometidos en el pasado contra las minorías.
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