Entretenido como está, en asuntos disímiles, el mundo dejó de mirar por unas semanas la cruda realidad de Teherán y otras ciudades iraníes. Después de las intensas protestas sociales tras la muerte de Mahsa Amini, bajo custodia policial, se han registrado violaciones más intensas y cruentas a los derechos humanos. Según Naciones Unidas, ejecutaron a 209 personas en Irán en los 5 meses transcurridos de 2023. Esto supone una media de más de diez personas por semana.
Desde septiembre de 2022, cuando se produjo el deceso de Amini, las calles de la capital iraní se convirtieron en ríos de personas protestando en contra de la policía moral. Y del régimen político que llevó a la horca a varios jóvenes por participar en las manifestaciones.
La cifra de ejecuciones es «alarmantemente alta», señaló el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk. La ONU cree que el número real de personas ejecutadas es probablemente aún mayor.
Adicionalmente Irán ejecutó el viernes a tres hombres acusados de violencia mortal durante las protestas. Mizan, el sitio web del poder judicial, anunció las ejecuciones de Majid Kazemi, Saleh Mirashemi y Saeed Yaghoubi, sin decir cómo se llevaron a cabo.
Las autoridades dicen que mataron a un oficial de policía y dos miembros del grupo paramilitar Basij en Isfahan en noviembre. Los grupos de derechos afirman que fueron sometidos a tortura, forzados a confesiones televisadas y negados el debido proceso.
Además, Acnudh indicó que las minorías étnicas están sobrerrepresentadas en el corredor de la muerte de Irán. “A este ritmo, Irán está preocupantemente en el mismo camino que en 2022, cuando se informó que unas 580 personas fueron ejecutadas”, manifestó Türk al difundir un informe sobre ese país.
Ejecuciones en Irán, asesinatos legitimados
Fariba Balouch, activista en favor de las mujeres, afirmó que «muchos están horrorizados. Recientemente, al menos 26 personas fueron ejecutadas en Baluchistán en el plazo de nueve días. Esta oleada de ejecuciones en Irán supone un asesinato legitimado por el Estado».
Balouch nació y creció en la provincia oriental iraní de Sistán Baluchistán. Lleva tres años exiliada en Londres, intentando dar voz a los oprimidos de su país, recoge DW. «La mayoría de los ejecutados en Baluchistán están acusados de delitos relacionados con las drogas. La pena de muerte por estos delitos viola las normas internacionales de derechos humanos. Desde nuestro punto de vista, el Estado se está vengando de nosotros por las protestas de los últimos ocho meses».
Las protestas que se apoderaron del país tras la muerte de Mahsa Amini fueron brutalmente sofocadas. En Sistán y Baluchistán, sin embargo, las manifestaciones continúan. Allí, la gente sigue congregándose en las calles todos los viernes para protestar contra el sistema político.
La mayoría de los habitantes de la provincia son suníes, en contraste con el resto del país, dominado por los chiíes. Los suníes sufren la discriminación sistemática del gobierno central. La provincia, fronteriza con Pakistán y Afganistán, es considerada una de las regiones más pobres de Irán.
«Los gobernantes están preocupados por una posible nueva oleada de protestas debido a la situación política, pero también económica, del país», sostuvo Ribin Rahmani. Vive en Londres y trabaja para una red de activistas kurdos de derechos humanos. Añadió que «familiares de los detenidos de distintas partes del país se ponen en contacto con nosotros. Nos informan de las miserables condiciones de las abarrotadas cárceles, que ya han alcanzado el límite de su capacidad. Las ejecuciones se utilizan como medio para intimidar a la sociedad».
Tendencia aterradora
El sistema judicial de Irán no es independiente ni transparente. Son frecuentes las detenciones arbitrarias, las confesiones forzadas y las presiones a familiares. Irán es el país con mayor número de condenas a muerte en relación con su población. En cifras absolutas, el país es el segundo después de China y por delante de Egipto, Arabia Saudí y Siria.
La dramática escalada de ejecuciones en Irán en las últimas semanas es una grave violación del derecho a la vida y debería generar la condena internacional, señaló Human Rights Watch.
Desde finales de abril, las autoridades iraníes han ejecutado al menos a 60 personas, incluido un ciudadano sueco-iraní por presuntos cargos relacionados con el terrorismo. Muchos de ellos fueron ejecutados tras juicios injustos o por cargos, como delitos de drogas. Y dos ejecuciones por “blasfemia”, que según el derecho internacional nunca deberían dar lugar a la pena de muerte.
“Las autoridades iraníes aparentemente están utilizando las ejecuciones, un castigo inhumano. Luego de juicios injustos como una demostración de fuerza contra su propio pueblo, que exige un cambio fundamental”, dijo Tara Sepehri Far. Investigadora sénior sobre Irán de HRW. “La comunidad internacional debería condenar esta tendencia aterradora. Y presionar a los funcionarios iraníes para que detengan estas ejecuciones”.
El 8 de mayo, Mizan News, la agencia de noticias del poder judicial, anunció que las autoridades habían ejecutado a Yousef Mehrdad y Seyed Sadrollah Fazeli Zare en la prisión de Arak por cargos de “insultar al profeta”. Mizan informó que los cargos también incluían “blasfemia”, “insultar a la madre del profeta” y “menospreciar el Corán”.
Todos estos cargos se basaron en discursos pacíficos que supuestamente los acusados habían transmitido en los canales de Telegram. El anuncio decía que las autoridades también encontraron evidencia de “quemar el Corán” en el teléfono de Mehrdad.
Violencia sexual y torturas
Las investigaciones de Amnistía Internacional y el Centro Abdorrahman Boroumand revelan que las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 94 personas sólo entre los meses de enero y febrero. Con un espeluznante trasfondo de denuncias de violencia sexual y otras torturas. Esto supone un considerable aumento en comparación con el mismo período en 2022.
“Las autoridades iraníes están llevando a cabo ejecuciones a un ritmo aterrador. Su actuación constituye un ataque contra el derecho a la vida, y un indisimulado intento de oprimir aún más a las minorías étnicas. También de sembrar el miedo a la fuerza bruta que le espera a la disidencia, ya sea en la calle o en el patíbulo”, afirmó Roya Boroumand. Director ejecutivo de la organización iraní de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand.
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