Por Cambio16
01/02/2017
Las ONG Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón han exigido esta semana al Gobierno que ponga en marcha cuanto antes el procedimiento para reformar la Constitución, algo que ya propusieron distintos grupos políticos durante la pasada campaña electoral.
Según informan en una nota, Esteban Beltrán (Amnistía Internacional), Mario Rodríguez (Greenpeace) y José María Vera (Oxfam Intermón), directores de sus respectivas organizaciones, han hecho llegar una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamando esa modificación constitucional con el objetivo de que «algunos derechos queden blindados en la Carta Magna».
Las organizaciones continúan así con la campaña que lanzaron en julio de 2015, Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53, en la que piden que se impulse una reforma constitucional para garantizar aquellos derechos que, a su juicio, no están suficientemente protegidos en la Constitución. Exigen, entre otras medidas, que se mejore la protección de algunos como vivienda y salud, y se incorporen otros, como la renta básica o la cooperación, además de potenciar un desarrollo del derecho a un medio ambiente saludable.
Asimismo, las organizaciones firmantes consideran que se debe adecuar la Constitución a los principios de universalidad e igualdad, «mejorar las garantías durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos, garantizar los derechos de acceso a la información y participación ciudadana y el derecho de reunión pacífica, así como el reconocimiento directo del derecho de asil»o.
Las ONG piden una vez más que se revise el artículo 53 de la Constitución, donde «se establece un tratamiento y protección desigual e insuficiente de los derechos humanos», creando derechos de “primera” y de “segunda”, lo que tiene consecuencias sobre la población, especialmente la más vulnerable, «que sufre la falta de acceso a la vivienda, a la salud o a unos ingresos mínimos sin poder reclamar estos derechos ante los tribunales».
“Es necesario que, ante esta nueva legislatura que tenemos por delante, se dé prioridad a esta reforma constitucional para que se protejan por igual todos los derechos humanos, sin clases ni jerarquías, de manera que incorpore y se alinee con las normas y tratados internacionales suscritos por España“, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Además, las organizaciones exigen que la Constitución vaya un paso más allá y mejore, por ejemplo, las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos, y que garantice el derecho de reunión pacífica, incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible.
Otro aspecto básico es reforzar la protección y defensa del derecho al medio ambiente. Este derecho, recogido en el artículo 45 de nuestra Constitución, no es actualmente un derecho fundamental, lo que se traduce en que no puede ser exigido directamente ante los tribunales. Esto provoca una persistente dificultad para asegurar su cumplimiento, lo que tiene como consecuencia un grave daño al interés general de la preservación del ecosistema, al derecho a la protección de la salud de todas las personas y a los derechos de las generaciones futuras.
“Es imprescindible dar al medio ambiente la importancia que tiene. Y para ello es necesario que se reconozca expresamente como derecho fundamental”, explica Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.
Las organizaciones consideran que se debe incorporar en la Constitución el derecho a una renta básica: “Si no se garantiza a las personas vulnerables unos ingresos mínimos para vivir dignamente no conseguiremos acabar con la creciente desigualdad que existe en España”, afirma José María Vera, director de Oxfam Intermón.
Para lograrlo, insisten, «es necesario un sistema fiscal más justo, equitativo y progresivo», tanto en la forma en la que se recaudan los ingresos del Estado como en el destino de los gastos, recaudando más de quienes más tienen e invirtiendo en políticas públicas que garanticen los derechos de las personas más vulnerables. «La Constitución debe reflejar de forma clara la obligación de distribuir el gasto público de forma justa, asegurando fondos suficientes para financiar el cumplimiento de los derechos humanos», concluyen.
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