La convivencia en estos tiempos no es tarea fácil. Cada quien anda por su lado resolviendo cómo librar sus pequeñas batallas. Sin embargo, hay temas graves que demandan soluciones coordinadas que engloben todos los esfuerzos individuales y se alcance un beneficio común. Un claro ejemplo de la suma de voluntades son las comunidades energéticas.
Son entidades constituidas legalmente que permiten que la ciudadanía produzca, consuma, almacene, comparta y venda energía renovable colectivamente. Están ligadas al autoconsumo y su finalidad principal es proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus socios. Esta definición, que se recoge en la legislación europea desde 2019, hace hincapié en su importancia para reestructurar y democratizar el sistema energético, al dar más poder de decisión a la gente. No obstante, aseguran los especialistas, las directivas europeas no se han traducido en un desarrollo normativo sólido en España para proteger esta figura.
Las cifras reflejan lo complicado que puede resultar embarcarse en esta idea. Cristina Alonso, de la organización Amigos de la Tierra, dice que de los casi 75.000 megavatios de proyectos renovables instalados en España, unos 25.000 son de energía fotovoltaica. De estos, poco más del 8% es autoconsumo y por debajo del 1% es autoconsumo colectivo.
“La cantidad de producción de energía o de potencia instalada por parte de proyectos de comunidades energéticas es irrisoria. Estos son proyectos de base ciudadana que necesitan tiempo, fondos y más personas contratadas, pero a los que no está llegando ni un marco legislativo favorable ni el apoyo económico necesario”, indica.
Idea fantástica y ciudadanía indefensa
Un estudio de Amigos de la Tierra del año 2021 calculaba que si se establecieran 8.000 comunidades energéticas, una por cada municipio y más en grandes ciudades, se podría cubrir casi toda la demanda eléctrica del sector doméstico y terciario. Sin embargo, hay una serie de obstáculos que salvar que no tienen nada que ver con ponerse de acuerdo y que haya consenso en el grupo.
Los dos mayores son el oligopolio energético, que absorbe como un hoyo negro la mayoría de los recursos destinados al sector, y la burocracia, que ralentizan el proceso o lo hace muy cuesta arriba. Además, existen vacíos en la legislación que dejan indefensos a los integrantes de estas comunidades. Las barreras legales tienen que ver con falta de protección para evitar que las grandes energéticas consuman esos recursos que deberían llegar a los proyectos ciudadanos. Las burocráticas, con recursos humanos. Las ayudas suelen centrarse en los aspectos técnicos y tecnológicos y no cubren las necesidades de personal, de capacidad de distribución de electricidad y de acceso a la financiación.
Alonso dice que también se podría hablar del papel que desempeñan los ayuntamientos. En muy pocas ocasiones cumplen su función de facilitadores de estas iniciativas. «Para ellos es más fácil firmar un proyecto de energía comunitaria con una gran empresa, pero eso no cambia nada del modelo energético. Deberían facilitar a la ciudadanía el acceso a recursos técnicos y económicos y reducir las trabas burocráticas”, sostiene.
Explica que dar el paso y crear un proyecto como ciudadano puede ser abrumador: «Nosotros siempre decimos que hay que empezar poco a poco, formando un pequeño grupo promotor, entrando en contacto con otras iniciativas que ya existen y, sobre todo, implicando al ayuntamiento”.
Qué logras si constituyes una
- Crearás el sistema necesario para detener la crisis climática y mermar las emisiones de CO2.
- Impulsarás la eliminación gradual del uso de combustibles fósiles al reducir el apoyo financiero que reciben.
- Disminuirás el consumo de energía por eficiencia y sensibilización.
- Podrás aminorar la pobreza energética en tu zona al bajar los costes y apoyar a toda tu comunidad.
- Conocerás a tu vecindad y reforzarás tu comunidad.
- Producirás y/o gestionarás tu propia energía renovable.
- Ayudarás a crear espacios para compartir cuestiones de energía, clima y democracia con otras personas.
- Demostrarás a otras comunidades que es posible y cada día más gente apoyará las renovables
- Contribuirás a la creación de una economía más local y circular.
- Estarás construyendo el tipo de mundo que quieres ver.
Una comunidad palmera y energética
Energía Bonita es una iniciativa que nació hace dos años y medio en la isla de La Palma. La cooperativa se constituyó justo en medio de la erupción del volcán de Tajogaite y está integrada por más de 200 personas. Nuria Albet, presidenta de la comunidad energética palmera, explica que tienen ocho proyectos de autoconsumo fotovoltaico compartido en diferentes puntos de la isla, aunque solo uno se ha materializado en una instalación de paneles solares operativa. Está en la cubierta del colegio Manuel Galván de las Casas, en el municipio de Breña Alta, y tiene una potencia de 112 kilovatios (kW).
El 90% de la electricidad consumida en la isla canaria se produce con diésel en la central de Los Guinchos. Hace más de medio siglo que la hidroeléctrica El Electrón dejó de funcionar. Los habitantes de La Palma están buscando cambiar la forma en que se produce su energía. Varias entidades públicas y sociales llevan cerca de una década impulsando un proceso colectivo y participativo para avanzar hacia un nuevo modelo en el que tienen un papel importante las comunidades energéticas.
“La figura de las comunidades energéticas debe estar reservada a la ciudadanía y a las pequeñas empresas, pero lo que estamos viendo es que, ante el vacío legal en términos de definición, hay muchas grandes empresas que también están aprovechando para formar sus comunidades energéticas, en muchos casos a través de empresas pantalla, y usurpar recursos públicos, tanto en términos de fondos y subvenciones como de espacio. Calculamos que un 30% de las ayudas para comunidades energéticas en España las está gestionando Repsol”.
Cristina Alonso, de Amigos de la Tierra
Otra propuesta en lucha en un barrio sevillano
Jalea Luz surgió en el barrio sevillano de San Jerónimo hace un año. Aunque uno de los objetivos es la producción de electricidad con paneles fotovoltaicos, todavía no han instalado ninguno. La inacción de las autoridades locales destaca. Dicen que los han escuchado, pero sin dar respuestas a su demanda de espacio para instalar las placas solares. Tampoco han tenido algún gesto de apoyo. Sin embargo, Jalea Luz apunta más allá de la producción eléctrica.
“Nosotros tenemos claro que nuestra razón de ser es terminar con la pobreza energética y potenciar la inserción sociolaboral de personas vulnerabilizadas”, asegura Charo Baquero, integrante del equipo de coordinación de la comunidad energética sevillana. Asegura que han estado haciendo la lista de los posibles beneficiarios de la energía a bajo precio. También definiendo cómo llevarlo a cabo, así como preparando una formación de larga duración que cubra desde la rehabilitación de edificios para la eficiencia energética y la instalación de energía renovable hasta la resolución de conflictos y temas de género.
Expresa que la primera idea que viene a la mente al hablar de comunidades energéticas es «vamos a ser independientes del oligopolio energético y vamos a generar nuestra propia energía», pero que en realidad tiene otros campos de acción. «Nosotros hacemos siempre hincapié en la parte transformadora y democrática, en la innovación social”, añade Cristina Alonso. Asegura que esto solo puede conseguirse a través de proyectos comunitarios en los barrios y en los pueblos, proyectos que apuesten por una participación real de la ciudadanía, sobre todo, de aquellas personas que más lo necesitan.
Muchas posibilidades de energía limpia
Para estos y otros proyectos similares, la producción de energía limpia es solo una de las metas. La transformación y la democratización del sistema, la ruptura con la dependencia de las grandes empresas energéticas o la inclusión de las personas vulnerables y el fin de la pobreza energética son tanto o más importantes.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía asegura que existen más de 400 proyectos en marcha, la mayoría para generación de electricidad con fuentes renovables. Y que datos de Energía Común, de la fundación ECODES, hablan de 353 comunidades de energía renovable y 50 iniciativas públicas de autoconsumo colectivo. Sin embargo, el progreso de estas iniciativas es lento y su papel en la transición energética es meramente testimonial.
Esta situación ha llevado a una treintena de organizaciones a crear la Coalición por la Energía Comunitaria. Su función es reclamar al Gobierno un impulso decidido a las comunidades energéticas y crear conciencia en la ciudadanía sobre la urgencia de multiplicarlas.
En campaña la energía comunitaria
La coalición emprendió la campaña Enciende la Energía Comunitaria: Como parte de ella definió grandes grupos de medidas para impulsar la energía comunitaria en España:
- Aumentar la financiación para las comunidades energéticas de base ciudadana. También se deben impulsar las figuras de asesoramiento para la creación de comunidades energéticas y crear una comunidad energética por cada municipio, involucrando a los ayuntamientos.
- Romper el oligopolio energético y regular para evitar que un pequeño número de empresas controle el mercado eléctrico. Se necesitará una mayor protección jurídica para la figura de las comunidades energéticas de base ciudadana. Entre otras cosas, se debe prohibir la participación de entidades que dispongan de una cuota de un 10% en cualquiera de los mercados o sistemas energéticos.
- Cumplir el mandato de las directivas europeas a través del cual se otorgan derechos a las comunidades energéticas para gestionar las redes de distribución de electricidad.
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero requiere, en gran medida, que se dejen de usar los combustibles fósiles. Pero existen muchos caminos para lograrlo. Las comunidades energéticas no son solo una herramienta para cambiar calderas de gas por paneles fotovoltaicos, sino que también abren una ventana a un nuevo modelo energético más justo y más distribuido. Que aumente la resiliencia de las comunidades y que deje que sean los ciudadanos los que decidan cómo producir, distribuir y comercializar su energía.
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