Por Cambio16
24/03/2017
El consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará «muy probablemente» la semana próxima una sesión extraordinaria sobre la situación en Venezuela, luego que esta semana 14 países integrantes de la organización pidieron al Gobierno del país caribeño que libere a sus presos políticos y establezca un calendario electoral. La declaración, que demandó también que se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento), fue suscrita por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Este viernes, en entrevista a una estación de radio de México, el embajador de ese país ante la OEA, Luis Alfonso de Alba, señaló que «muy probablemente» se de esta reunión extraordinaria la próxima semana y señaló que la declaración busca alentar el restablecimiento del proceso de diálogo y negociación en ese país «con las garantías de cumplimiento de los acuerdos que se requieren».
«Muy probablemente la siguiente acción sea una sesión extraordinaria del consejo permanente (de la OEA) la próxima semana», dijo De Alba.
La posición de De Alba coincide con la del propio ministro de Exteriores mexicano, Luis Videgaray, quien dijo este jueves que su país busca definir con otros países americanos una posición en común para exhortar a Venezuela a restablecer la normalidad democrática. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, ponderó de «insólitas y serviles» las palabras de su par mexicano.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien esta semana equiparó a Venezuela con una «dictadura», emitió la semana pasada un informe de 75 páginas sobre la situación política venezolana, donde sugirió inclusive suspender del organismo continental a ese país en caso de que no realice elecciones generales en breve. En respuesta, el gobierno del presidente Nicolás Maduro acusó a Almagro de promover una «intervención internacional» en su país.
Los 14 países se manifestaron «profundamente preocupados» por la situación de crisis política, económica y social en Venezuela, y aseguraron que evaluarán «con detenimiento» el informe del excanciller uruguayo «con miras a acordar el curso de acción que corresponda».
En su misiva, también pidieron a Venezuela garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas.
Asimismo, consideraron que «la suspensión de un país miembro, como se desprende de la propia Carta Democrática Interamericana, es el último recurso» y subrayaron que el diálogo y la negociación son «la vía idónea» para alcanzar soluciones duraderas a los problemas de Venezuela.
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