Los intereses particulares y la ciencia no siempre van de la mano. En más de una ocasión, las ambiciones de las empresas, los gobiernos o los individuos han sido frenadas por la evidencia científica, que prueba los efectos adversos que algunas actividades tienen en el medio ambiente, la salud o el bienestar en general. La ciencia ha enfrentado, por ejemplo, a las industrias tabacaleras o energéticas, incluso a gobiernos, por citar solo algunos casos. Una nueva regulación de la EPA, en los Estados Unidos, parece tratar de evitarlo.
Cuando no es posible negar que la ciencia debe tener la última palabra, la estrategia es apelar a otras voces de la ciencia. Las petroleras lo hicieron, cuando Clair Patterson explicaba el impacto negativo de la gasolina con plomo. Buscaron a científicos que lo contradecían. Las tabacaleras hicieron otro tanto para desestimar los informes que les eran negativos y favorecer los favorables. Se trataba de poner a la ciencia contra la ciencia.
Ahora, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha dado un paso similar. Acaba de aprobar una norma para limitar la investigación que pueda utilizar para crear protecciones de salud pública. Quienes se oponen, dicen que la medida podría reducir la capacidad de la Agencia para proteger la calidad del aire y el agua.
Dudas razonables
El nombre de la regla es «Fortalecimiento de la transparencia en la ciencia fundamental que subyace a las acciones reguladoras significativas y la información científica influyente». Es título bastante extenso y enrevesado, una práctica común cuando los gobiernos tratan de disfrazar el contenido real de una regulación.
Esta norma, que la Agencia comenzó a aplicar a principios del mandato de Donald Trump, requeriría que los investigadores revelen los datos sin procesar de sus estudios de salud pública antes de que la EPA pueda confiar en su conclusiones. En efecto, aplicará los nuevos estándares a los «estudios de dosis-respuesta», que evalúan en qué medida la exposición de una persona a una sustancia aumenta el riesgo de daño.
Algunos expertos en salud pública y organizaciones médicas consideran que la nueva regla esencialmente bloquea el uso de estudios de población en los que los sujetos ofrecen historias médicas, información de estilo de vida y otros datos personales solo con la condición de privacidad. Dichos estudios han servido como fundamento científico de algunas de las regulaciones de agua y aire limpios más importantes del último medio siglo.
Los críticos dicen que los líderes de la Agencia ignoraron el sistema de revisión científica de la EPA para crear una capa adicional de escrutinio diseñada para impedir o bloquear el acceso a la mejor ciencia disponible. Esto debilita la capacidad del Gobierno para crear nuevas protecciones contra la contaminación, los pesticidas e incluso el coronavirus.
La visión de la EPA
La EPA enfatiza que la acción está destinada a “ayudar a fortalecer la transparencia de los datos de dosis-respuesta subyacentes a ciertas acciones de la EPA». Asimismo, a establecer la estructura y los principios generales para la transparencia de la ciencia fundamental en una acción regulatoria significativa e influyente información científica.
Los datos de dosis-respuesta se usan para analizar cómo responde un organismo a la exposición a sustancias químicas específicas. Se usan usualmente para encontrar niveles recomendados de contaminantes, dosis de medicamentos y límites para los niveles de sustancias químicas en los alimentos, entre otras cosas.
La nueva regulación crea otro obstáculo para permitir que la investigación científica sea utilizada en la creación de políticas públicas y permitiría al Administrador de la EPA ignorar los resultados de ciertos estudios que no hacen públicos sus datos subyacentes e incluso pueden impedir que estos estudios se publiquen en el sitio web de la EPA.
Los nuevos estándares afectan no solo «acciones regulatorias significativas», según la nueva regla, sino también «información científica influyente» que la EPA comparte con el público, en sus sitios web y en otros lugares.
Aunque el énfasis en la transparencia de los datos científicos puede ser un cambio beneficioso y podría, como afirma la EPA, aumentar la disponibilidad de datos para la revisión por pares de la ciencia «fundamental», la nueva regulación podría, en última instancia, impedir el uso de estudios que utilizan datos de los historiales médicos privados de las personas u otros datos cruciales para el estudio que solo podrían obtenerse mediante un acuerdo de confidencialidad. Los datos subyacentes que se mantienen confidenciales no impiden que un estudio sea revisado por pares o replicado.
Antes del cambio de Gobierno
La regla fue propuesta el 30 de abril de 2018. El 3 de marzo de 2020, la EPA anunció un aviso complementario de la reglamentación. Allí proporcionó aclaraciones sobre ciertos términos y aspectos de la regla propuesta de 2018. Esta regla final trata los comentarios que recibió la EPA sobre la regla.
«Creo fundamentalmente que el público estadounidense tiene derecho a conocer las regulaciones de la EPA y sus fundamentos científicos. Nadie debería tener miedo de ser transparente, especialmente si se protege la privacidad individual», dijo el administrador de la Agencia, Andrew Wheeler.
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