Diputados de Unidas Podemos introdujeron en el Congreso un proyecto de Ley de Salud Mental, movidos por el impacto que aún genera la pandemia en muchas personas. En sus psiques, emocionalidad y, en sus comportamientos. El debate supone un match entre parlamentarios y profesionales sobre el contenido de ese texto. José Luis Pedreira Massa, psiquiatra y experto, afirma que “no es pertinente esta ley”.
La organización política presentó en mayo el proyecto, con base a un borrador de 2019. Este texto “está actualizado con todo lo que nos ha enseñado esta época tan dura de pandemia», dijo entonces Pablo Echenique, representante de Unidas Podemos.
Además comenta que algunas de las causas que provocan problemas de salud mental son la pobreza y la precariedad. Por tanto, considera importante defender la justicia social y fiscal, reforzando el escudo social para prevenir el agravamiento de estos problemas.
Pedreira Massa es también psicoterapeuta de infancia y adolescencia. Profesor de Psicopatología, Grado Criminología y, de Salud Pública, Grado Trabajo Social. Advierte que “una cosa es actualizar y profundizar en los puntos que se crean fundamentales de la Salud Mental. Y otra cosa muy diferente, consiste en redefinir todo el sistema asistencial, con el peligro de desgajar la atención del SM del conjunto de la asistencia sanitaria”.
Sostiene que su redacción es “equívoca y mezcla continuamente niveles, fuentes de información, tipo de documentos. En ocasiones parece que es una declaración de intenciones, en otras una lista de reivindicaciones; incluso una solicitud de protocolo”.
Ley de Salud Mental, alcances y limitaciones
Al analizar cada uno de los artículos del proyecto de Ley de Salud Mental, Pedreira observa que “se invaden competencias de las comunidades autónomas. Por lo que”, en su opinión, “se debe ser muy cuidadoso. Se confunde la acción legislativa con el abordaje de puntos específicos (por ejemplo, el suicidio y la COVI-19). No resulta una ley clara, ni coherente, ni consistente y llevaría más a la confusión que a la posibilidad de desarrollo”.
El experto reitera que este tipo de legislaciones tiende a dar “una singularidad dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) para unos servicios y prestaciones, que ya están, aunque sea en precario. Igualmente “podrían interpretarse como unas pretensiones más excluyentes hacia el conjunto de los servicios sanitarios. Una solicitud de especificidad y/o de primar a unos servicios por encima de los otros y, por lo tanto, rompen la universalidad de los servicios sanitarios”.
Estas legislaciones tan específicas, asegura Pedreira Massa en un artículo para Redacción Médica, «incrementan el riesgo del estigma hacia las personas afectas de trastornos mentales». Se puede considerar una condición periférica de la SM, con relación al conjunto del SNS, al poseer una Ley tan específica”.
Argumenta que una de las dificultades de la SM en España deriva de su propia importancia clínica y asistencial y del reconocimiento de las complejidades que le son propias. Estas permanecen sin abordar de forma adecuada en la mayor parte de las alegaciones que se realizan.
El especialista cree que existen resistencias, sociales y profesionales, al avance de un modelo que contemple los derechos humanos en sentido amplio. El trabajo diversificado en el contexto socio-familiar y una perspectiva de abordaje verdaderamente interdisciplinar y con vocación preventiva y de promoción de la Salud Mental.
Normas sanitarias vigentes
Dice José Luis Pedreira que “no parece pertinente la realización de una Ley específica de Salud Mental, pues muchos de sus contenidos se encuentran establecidos en el marco legal sanitario de España o se corresponden con otro tipo de documentos (estrategia, guías de práctica clínica, protocolos)”.
El psiquiatra señala además que “la formación de profesionales y la investigación son campos muy concretos. Se deben abordar específicamente en los niveles que compete y no en el seno de una ley segregada del SNS. Solo la integración en el conjunto del SNS contribuirá a que el estigma disminuya, hasta su deseable desaparición en pro de contemplar la aplicación de los derechos humanos a las personas que padecen trastornos mentales”.
Parece adecuado, comenta, que se finalice la Estrategia de Salud Mental, se haga pública y lo apruebe el Consejo Interterritorial del SNS. Con el fin de que las comunidades establezcan sus prioridades para implementarla, incluyendo la dotación presupuestaria de forma suficiente.
Lee también en Cambio16.com:
Conforme a los criterios de 
Saber más
