POR CAMBIO16
26/07/2017
La Justicia brasileña negó el pedido de la defensa del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva de anular el bloqueo de bienes del exmandatario decretado la semana pasada por el juez federal Sergio Moro, responsable de las investigaciones del caso Petrobras, informaron fuentes oficiales.
El juez João Pedro Gebran Neto, relator de los procesos del caso Lava Jato en el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre (sur del país) rechazó el pedido de la defensa de Lula de “suspender inmediatamente los efectos de la decisión” de Moro.
El juez, responsable en primera instancia del caso Petrobras y que condenó al ex presidente a nueve años y medio de prisión, decretó el bloqueo de 9,6 millones de reales (unos 3 millones de dólares) del exmandatario, en dos sentencias.
Inicialmente, bloqueó 606.727 de reales (unos 192.002 dólares) que Lula tenía en cuatro diferentes cuentas bancarias y un día después, embargó unos 9 millones de reales (unos 2,8 millones de dólares) que estaban depositados en dos fondos de pensión del expresidente.
Moro argumentó que el objetivo de los embargos es “garantizar” recursos para eventuales sanciones pecuniarias que serían aplicadas a Lula en caso de que la sentencia sea confirmada por un tribunal superior.
El magistrado también bloqueó el apartamento en que el expresidente brasilero vive en la ciudad de Sao Bernardo do Campo, un terreno de su propiedad y dos vehículos.
Aspiraciones de Lula «en un hilo»
Moro condenó al ex mandatario por las ventajas ilegales que al parecer recibió de una empresa implicada en el gigantesco escándalo de desvíos de la petrolera estatal Petrobras.
El proceso en el que fue condenado es uno de los cinco que Lula enfrenta en la justicia penal y se fundamenta en la supuesta entrega al exmandatario de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de presuntos “favores políticos”.
Lula, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una “persecución política y judicial” que tendría como objetivo impedir que postule nuevamente a la presidencia, que ejerció entre 2003 y 2011.
Sus aspiraciones a disputar la presidencia en las elecciones de 2018 dependen ahora del fallo en segunda instancia, pues, si la sentencia de Moro llega a ser ratificada, las leyes electorales le impedirían postular para cualquier cargo público.
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