En Venezuela la dictadura de Nicolás Maduro profundiza un estado policial usando la COVID-19 como excusa, señala un informe de Human Rights Watch. El documento denuncia que desde que se declaró el estado de excepción para contener la pandemia, periodistas, profesionales de la salud, abogados y otros ciudadanos fueron detenidos y torturados.
A muchos de los detenidos se les imputan delitos de la llamada “ley contra el odio”. También son procesados por un poder judicial sin la más mínima independencia ni rigor jurídico ni acorde con los procedimientos de un Estado de Derecho.
El texto publicado en la página web de Human Rights Watch estima que 162 personas han sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución judicial entre marzo y junio. Los casos fueron reportados por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación venezolanos.
Estado de “excepción y alarma”
El 13 de marzo, Nicolás Maduro decretó un estado de “excepción y alarma” nacional y dispuso medidas para limitar la propagación de la COVID-19. Incluyó restricciones a la circulación, la suspensión de algunas actividades y el uso obligatorio de mascarillas.
Maduro ha prorrogado el estado de excepción 5 veces, lo cual supera el límite constitucional de 60 días. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, no aprobó las medidas, aunque la ley exige su aprobación. Por tanto, el «estado de excepción y alarma» es ilegal e írrito
«Las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que cuentan con un récord deplorable de torturas y asesinatos, creen que tienen la potestad de reprimir con mayor ferocidad a la ciudadanía”
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch
El decreto autoriza a los grupos represivos a realizar “inspecciones” cuando las “estimen necesarias” y existe una “fundada sospecha” de que se están violando las disposiciones del decreto.
En la práctica, quienes se encargan de que la población cumpla con las medidas de cuarentena son las Fuerzas Armadas; la Policía Nacional Bolivariana y sus Fuerzas de Acciones Especiales, implicadas en ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros delitos contra los derechos humanos.
Numerosos expertos en derechos humanos de la ONU han advertido que los gobiernos no deben emplear el estado de excepción por la COVID-19 para encubrir acciones represivas. “Las restricciones impuestas para responder al virus deben responder a objetivos legítimos de salud pública y no deben usarse para acallar el disenso”, manifestaron.
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