Nicolás Maduro hizo votos porque el presidente Joe Biden abra una «era de respeto a la democracia Venezolana». El régimen chavista aprovechó la toma de posesión del mandatario estadounidense para enviarle un mensaje sobre sus intenciones. Iniciará las gestiones para apresar a los diputados a la Asamblea Nacional elegida en 2015. Seguramente, un «gesto de buena voluntad» será debidamente interpretado por las nuevas autoridades de Estados Unidos.
Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. La máxima gatopardiana parece encajar perfectamente en el caso de la dictadura venezolana. Unas elecciones írritas (las más recientes en una larga lista), en las que solo participaron el régimen y sus aliados, le han servido a Maduro para seguir desconociendo la voluntad popular. Nada nuevo. Además, continúa el cierre de medios de comunicación independientes. También la persecución y encarcelamiento de miembros de ONG humanitarias. La crisis sanitaria avanza, al igual que la económica y social. Más, mucho más, de lo mismo.
Dictadura pura y dura
Maduro espera un cambio de la comunidad internacional hacia su régimen. Pero no da muestras de querer cambiar internamente. Anunció que el Poder Judicial y el Ministerio Público deberán emitir en 48 horas órdenes de captura contra los diputados elegidos en 2015.
Iris Varela, diputada de la írrita asamblea chavista, dijo que los legisladores de la oposición cometen “usurpación”, por haber declarado la continuidad administrativa de la anterior directiva del Parlamento. Esta medida fue adoptada por la oposición liderada por Juan Guaidó al no reconocer los comicios legislativos. Tiene el visto bueno de sus aliados internacionales, que desconocen las elecciones del 6 de diciembre.
El anunció del régimen no es nada nuevo. De los 112 legisladores que la oposición consiguió en las elecciones de 2015, a casi 30 se les despojó de su inmunidad. Luego fueron sentenciados por el tribunal de justicia chavista. Varios debieron salir del país. Otros fueron apresados. En agosto, Maduro anunció una medida de «indulto» a varios de ellos, que fueron excarcelados, pero con limitaciones en su libertad.
Por otro lado, el presidente de írrito organismo legislativo chavista, Jorge Rodríguez, pidió a los diputados de la Asamblea 2016-2021, la mayoría opositores, que presenten su declaración de bienes.
El contralor que Nicolás Maduro nombró a dedo , Elvis Amoroso, asegura que si encuentran irregularidades se pueden dictar “sanciones que van, primero por 12 meses de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público” o la inscripción para cualquier cargo de elección popular. Se trata de una medida que anteriormente ha aplicado el régimen para impedir que los líderes opositores participen en elecciones. A los candidatos chavistas les queda el campo libre.
Más que un exhorto, una orden
“Hemos exhortado al Ministerio Público para que se liberen órdenes de captura a los exdiputados que se hacen llamar diputados y siguen cometiendo delitos contra el país”, dijo el vicepresidente de la comisión que investiga los delitos que presuntamente cometieron los opositores, el oficialista Hugbel Roa.
Roa también manifestó que han exhortado al Poder Judicial “a que actúe sobre todos los agentes, tanto económicos como personas, que están utilizando la estructura de la Asamblea Nacional saliente para seguir dañando al pueblo venezolano”.
Sin embargo, «exhortar» en este caso es un eufemismo. El Poder Judicial y la Fiscalía están manejados por operadores políticos del chavismo. En este sentido, es de esperar que, como en ocasiones anteriores, actúen de manera inmediata, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Nicolás Maduro apela por la persecución
Por otro lado, la semana pasada el régimen encarceló a cinco miembros de la ONG Azul Positivo, dedicada a la prevención del VIH y la promoción de la salud sexual. La acusan de asociación para delinquir. Todos se encuentran en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Maracaibo, la segunda ciudad del país.
Desde noviembre, pasado, en Venezuela se han allanado varias ONG. Entre ellas Alimenta la Solidaridad, que reparte almuerzos en los barrios pobres. También fueron allanadas las ONG Convite y Mi Convive, ambas dedicadas en disminuir los índices de violencia en Caracas.
No se detiene
El régimen de Nicolás Maduro también emitió una orden de captura contra dos directivos de la empresa Citgo, filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela, que designados por la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Además, se pidió la incautación de sus bienes, informó el fiscal general chavista, Tarek Williams Saab.
“Se solicitó orden de aprehensión y medida de aseguramiento consistente en la prohibición de enajenar, gravar bienes muebles e inmuebles, orden de allanamiento y de incautación de bienes muebles e inmuebles contra los ciudadanos José Ramón Pocaterra, designado ilegalmente como miembro de la junta directiva, y Andrés Felipe Irrigoyen, designado ilegalmente como nuevo presidente”, dijo.
La medida se dicta poco después de que un dictamen de un tribunal estadounidense diera luz verde al proceso de venta de acciones de Citgo, para compensar a la canadiense Crystallex por la expropiación de una mina que operaba en Venezuela. Maduro calificó el dictamen de “hostil”.
Una cuestionada elección
Estas acciones de producen dos semanas después de que el régimen de Nicolás Maduro instaló una nueva írrita asamblea nacional valiéndose de los resultados de las elecciones legislativas de diciembre de 2020, sin participación de la oposición, ni observación internacional y con un árbitro parcializado. Estos comicios son rechazados por buena parte de la comunidad internacional, debido a su total falta de transparencia. Una absoluta morisqueta.
En esa elección, el chavismo obtuvo 256 de los 277 diputados que tiene el parlamento unicameral venezolano. Los restantes legisladores son aliados del régimen, a quienes el chavismo les asignó los nombres y símbolos de los partidos de oposición.
Tras expirar constitucionalmente el periodo de la AN que presidía, Guaidó instalo una cámara con decenas de diputados elegidos en 2015. Lo hizo apelando a una “continuidad administrativa” que regula la Constitución en los casos que no hay elecciones, una tesis que apoyaron varios legisladores del antichavismo que sí acataron el fin de sus funciones.
Aseguró que funcionarán bajo la figura de la comisión delegada, una instancia contemplada en la Constitución para operar solo durante los períodos vacacionales de los diputados y que está conformada por menos del 20 % del pleno.
De espaldas a la comunidad internacional
Ante esta situación, cerca de 50 países no reconoce a la nueva Asamblea Nacional. Aunque no hay un consenso claro acerca del status que tendrán a partir de ahora Juan Guaidó y el resto de los diputados elegidos en 2015. Entre quienes rechazan la validez de los comicios del 6 de diciembre, se encuentran la Unión Europea, los Estados Unidos, Brasil y Colombia.
En el caso de los Estados Unidos, el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, reiteró que el gobierno entrante mantendrá la posición de no reconocer a la Asamblea Nacional que asumió a principios de este mes. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que Nicolás Maduro es un «brutal dictador». Y el chavista parece dispuesto de darle más argumentos para ello.
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