El Frente Sandinista, que respalda y sustenta la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, presentó un proyecto de ley para castigar con cárcel la difusión de noticias falsas y el acoso sexual cibernético. Además solicitará la extradición de quienes estén fuera del territorio y atenten contra la seguridad del Estado.
La ley establece penas de dos a diez años de prisión para quien “publique o difunda información falsa, tergiversada que produzca alarma, zozobra y temor en la población”. También una condena de hasta cinco años de prisión para quienes “inciten al odio y a la violencia”. Los diputados argumentaron que buscan la “protección a la seguridad soberana del Estado”.
La iniciativa también propone extraditar a nicaragüenses desde países con los que existan tratados vigentes. Según organismos de derechos humanos, más de 88.000 personas huyeron de Nicaragua por amenazas de muerte tras las protestas sociales de 2018. Entre ellos unos 90 periodistas que se refugiaron en Costa Rica y Estados Unidos, donde abrieron espacios informativos digitales.
El delito incluye el fraude y espionaje electrónico, la usurpación de identidad y uso de la tecnología digital para cometer delitos de corrupción de menores y pornografía infantil. También aplica al uso de las redes sociales para amenazar a personas o atemorizar a una población «étnica, cultural, religiosa» o de otra índole.
La mencionada ley autoriza a la Policía y al Ministerio Público, previa orden judicial, a que «puedan intervenir los sistemas y equipos utilizados en la comisión de estos delitos, así como los procedimientos de incautación y depósito de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos».
¿Esta propuesta de ley es la solución?
El exdirector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, escribió en su cuenta de Twitter que el proyecto de ley “abre brecha para criminalizar a ciudadanos y periodistas vía tipos penales vagos, como el uso de las tecnologías para divulgar información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra”.
“Atarle una soga al cuello a la palabra, a la libertad del ciberespacio, es trasladar al pueblo al escenario de «si te movés te tiro, si te quedás te mato», «quien disienta va preso”, escribió en la misma red la poeta Gioconda Belli, presidenta de PEN Internacional filial Nicaragua.
El texto de la iniciativa es tan general que “alcanza todo”. Según Belli «no queda claro qué se entiende por “temor” y quién calificará una información como “falsa”.
Hace dos semanas, Ortega anunció que estaba promoviendo una ley para castigar con cadena perpetua los llamados “crímenes de odio”. Este concepto lo usa el gobierno para condenar las acciones de sus opositores políticos. En Nicaragua la condena más alta es la de 30 años de prisión.
El proyecto de ley fue introducido en el Parlamento, donde el partido de gobierno es mayoría. Esto sucedió una semana después de que los diputados promovieran un polémico proyecto para declarar como «agentes extranjeros» a quienes reciban dinero de entes foráneos, entre ellos ONG y medios de comunicación internacionales.
Esta iniciativa y otras dos propuestas de ley se producen cuando faltan 14 meses para las elecciones generales de 2021. En dichas elecciones la dividida oposición lucha por unificarse y evitar una tercera reelección de Ortega, en el poder desde enero de 2007.
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