La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el izquierdista Frente Sandinista desde 2007, aprobó la instauración de la cadena perpetua para castigar los “delitos de odio”. Sin embargo, por ser una enmienda de tipo constitucional, la reforma debe quedar aprobada definitivamente en una segunda legislatura.
La medida se tomó mediante una reforma al artículo 37 de la Constitución, que establece la pena máxima de 30 años de prisión. Se aprobó con los 70 votos de la bancada oficialista, mientras que 15 diputados opositores votaron en contra y 3 se abstuvieron. El próximo periodo parlamentario se inicia el 9 de enero de 2021 y se espera que se incluya con prontitud en su agenda de debates.
La reforma ahora incorpora que “excepcionalmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes, inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.
Instauración de la cadena perpetua
La iniciativa de la nueva reforma fue presentada el 22 de octubre por 69 diputados de la bancada oficialista, quienes aseguran que se produce por la necesidad de adecuar el texto constitucional a la realidad social, ante el clamor popular de la incorporación de una pena excepcional para los responsables de cometer crímenes atroces.
Los diputados sandinistas califican la reforma como una protección a mujeres, niños y adultos mayores, de quienes puedan cometer delitos graves contra ellos. Y consideran que la prisión perpetua es el único mecanismo de protección al derecho humano de la vida. A través de la nueva ley, los delitos de violencia sexual y feminicidios podrían ser castigados también con cadena perpetua.
La bancada sandinista presentó también otras dos leyes, Regulación de Agentes Extranjeros y Ciberdelitos. Ambas fueron aprobadas por Parlamento nicaragüense, pero fueron rechazadas por la oposición, alegando que buscan “restringir la libertad de expresión, movilización y asociación” en el país.
La posición del Gobierno
Por su parte, el régimen de Daniel Ortega informó que realizó un proceso de “consulta” a su población sobre estas leyes. En el caso de la cadena perpetua recolectaron 3 millones de firmas de apoyo. La población es de 6,5 millones de habitantes.
El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han calificado en reiteradas ocasiones como “crímenes de odio” a las acciones de grupos opositores. Sobre todo después de la revuelta social de abril de 2018, que dejó muertos a manos de colectivos oficialistas, heridos y encarcelados, y desencadenó una crisis política que aún persiste.
Uno de los crímenes específicos que «justifican» la imposición de la cadena perpetua fue el asesinato atroz contra dos niñas ocurrido el 12 de septiembre. Tres días después del suceso, el presidente Ortega sugirió que esa sería la única solución para quienes cometan crímenes atroces como ese.
Una ley muy criticada
El diputado Jimmy Blandón, del Partido Liberal Constitucionalista, que votó en contra de la reforma, dijo que la norma constitucional es un marco general, pero lo que define su aplicación es el código penal, que no define delitos de odio. Por lo tanto, la definición se hará en la segunda legislatura, en enero.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, expresó su condena y rechazo a la reforma constitucional. Manifestó que es un manoseo a la institucionalidad jurídica y un esfuerzo desesperado del gobierno por mantener amedrentado y con miedo a la población.
Los diputados que integran al partido opositor Unidad Nacional Azul y Blanco utilizaron la red social Twitter para rechazar todas las iniciativas del Frente Sandinista. Su implementación pretendería criminalizar y perseguir a la oposición, críticos y periodistas.
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