Siguen ocurriendo casos de violencia y hechos contra los derechos humanos en Nicaragua. Este domingo 13 de septiembre la Policía Nacional del país centroamericano disolvió una manifestación pacífica, de índole feminista, en contra de los recientes homicidios de tres menores de edad y el abuso sexual de dos.
La protesta exprés, que se llevó a cabo en el interior, y, en consecuencia, la actuación represiva de la Policía Nacional —sancionada en marzo por Estados Unidos debido a violaciones de derechos humanos— terminó con agresión contra una de las manifestantes y una breve detención.
Sin embargo, el hecho ocurre un día antes de que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hiciera un llamado de atención al gobierno de Daniel Ortega, quien lleva en la Presidencia desde 2007.
Llamamiento de la ONU
Este lunes 14 de septiembre, Bachelet afirmó en la 45.° sesión del Consejo de Derechos Humanos que, desde su última actualización oral sobre Nicaragua en julio, no se ha visto ningún progreso en la situación de los derechos fundamentales en el país.
Tampoco se han visto muestras del Gobierno para afrontar de manera constructiva la tensión y los problemas estructurales que dieron pie a la crisis sociopolítica de 2018. Por esta, ha habido denuncias de torturas, homicidios, violencia sexual.
“Durante este periodo mi Oficina ha registrado 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico, entre otras personas”, afirmó.
A su vez, agregó que siguen registrando casos de posibles violaciones del derecho a la vida. Se refirió al homicidio de un hombre a manos de un victimario progubernamental el 19 de julio. Recordó que en el informe de 2019 se había hecho un llamado a “desmantelar y desarmar a elementos armados progubernamentales”.
Las cifras van en aumento
“Según organizaciones de la sociedad civil, 94 personas percibidas como opositoras al Gobierno, entre ellas, cuatro mujeres, siguen arbitrariamente privadas de libertad. Están acusadas, en su mayoría, de delitos comunes. Dos de estas personas debieron ser hospitalizadas recientemente en delicado estado de salud”, señaló.
También se refirió a los feminicidios. Aunque de acuerdo con organizaciones de mujeres ha habido un incremento en los casos, expresó su preocupación por un posible subregistro oficial.
“De acuerdo con organizaciones de mujeres (…) se han registrado 50 casos de feminicidios al 31 de agosto de 2020 en comparación con 44 reportados en el mismo periodo del año pasado. Además, se han documentado 68 tentativas de feminicidio en comparación con 52 en el mismo periodo de 2019.
Al respecto, también preocupa la diferencia con los datos oficiales que mencionan únicamente 11 feminicidios entre el 1 de febrero y el 7 de agosto de 2020, evidenciando un posible subregistro, lo que, a su vez, dificultaría la adopción de medidas efectivas para contrarrestar esos crímenes”, advirtió.
Bachelet se refirió, asimismo, al caso de Venezuela. Indicó que el 23 de septiembre hablará sobre la situación de los derechos humanos en el país suramericano. No obstante, celebró varias medidas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Por ejemplo, la liberación del diputado Juan Requesens y personas arrestadas de manera indebida, cuando las elecciones parlamentarias serán en diciembre. También se refirió a la necesidad de reparar los daños sufridos por los rohinyás en Birmania.
Denuncias crecientes
El 11 de septiembre, un tribunal de conciencia, que se instaló en Costa Rica, resolvió sobre la participación del Estado nicaragüense en 18 casos de torturas a través del abuso y la violación de detenidos en 2018.
“No cabe duda de que el Estado de Nicaragua incurrió en un crimen de tortura a través del abuso y la violación sexual de mujeres y hombres mientras se encontraban bajo la custodia de las fuerzas policiales y parapoliciales del país”, afirmó.
Se agregó que en la represión de 2018 participaron agentes extranjeros en los cuerpos paramilitares. Los testimonios, que se basan en el acento de los agresores, apuntan a venezolanos, cubanos y colombianos.
Manifestación de este domingo
Este domingo 13 de septiembre un pequeño grupo de jóvenes feministas hicieron un piquete exprés. La intención era manifestar en contra de los más de 50 feminicidios en el país. También contra los últimos cinco casos de homicidios y violaciones de menores de edad.
Así, el canal de televisión abierta 100% Noticias reportó que en los últimos días se han notificado, específicamente, dos casos de abuso sexual y tres por homicidio. Entre estos tres últimos se destacan los de las niñas de 10 y 12 años de edad, que eran hermanas.
“Estábamos haciendo el piquete, que las niñas no se violan, no se tocan, no se matan. Como a los cuatro minutos nos cayó la policía”, declaró Tamara Dávila, una de las organizadoras de la manifestación.
La concentración se hizo en Mulukukú, municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, donde ocurrieron los dos homicidios de las pequeñas hermanas este sábado 12 de septiembre. La entidad se encuentra en el noreste del país.
“Retuvieron dos vehículos, nos requisaron, nos tomaron fotos. Lo único que encontraron fueron pañoletas moradas y los cartelitos de ‘las niñas no se violan, no se tocan, no se matan y Ortega violador’. A una de las muchachas la golpearon porque estaba reclamando por la detención. Uno de los policías le pegó una patada”, agregó.
Violaciones a los derechos humanos
Las manifestantes, que fueron detenidas durante diez minutos por la policía, fueron Ivania Álvarez, Olga Valle, Tamara Morazán, Tamara Dávila. También Melina Bravo, Fabiola, Alexandra, Esperanza, y Ana Lucía Álvarez.
La Policía Nacional, por su parte, informó que resolvió el caso “en tiempo récord” y que detuvo al presunto homicida de las dos niñas. Este fue identificado como Rosario Soza Centeno, de 33 años de edad.
Dijo que se le encontró un objeto cortopunzante (un machete) con el que las habría matado. A su vez, que los resultados de criminalística determinaron que el tipo de sangre de las víctimas coincidía con las manchas de sangre que fueron halladas en la ropa, la gorra y unas botas de hule del acusado.
El medio informó que la Policía Nacional, a la que se le conoce como Policía Sandinista, mantiene un operativo en contra de toda manifestación que no apoye al régimen de Daniel Ortega.
Desde 1998, Ortega ha sido acusado de acoso y abuso sexual por su hijastra Zoliamérica Narváez. Para 2019 esta vivía como exiliada en Costa Rica.
Madre de las dos niñas muertas no cree en la policía sancionada
Carmen Rodríguez Ávila, madre de las niñas, aseguró que no confía en el trabajo de la policía. Contó que hace seis años la mayor fue violada dos veces por un pariente, pero la policía no prestó atención, pese a que puso la denuncia.
Por otro lado, la Policía Nacional y tres jefes fundadores fueron sancionados en marzo por Estados Unidos. Los acusó de violar los derechos humanos.
Los tres funcionarios estuvieron entre los que fundaron la Policía Nacional de Nicaragua en 1979 con el nombre de Policía Sandinista. También son militantes del partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, que encabeza Ortega.
Estados Unidos los señaló de pertenecer a un organismo que ha sido acusado de “usar munición contra manifestantes pacíficos y de ser partícipes de escuadrones de la muerte, además de llevar a cabo asesinatos extrajudiciales, desapariciones y secuestros”, informó la agencia de noticias EFE.
Datos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua
Para el 31 de julio, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había manifestado su preocupación por el hecho de que nicaragüenses no habían podido regresar a su país en medio de la pandemia de la COVID-19. Por tanto, había gente varada en las fronteras con Panamá, hacia el sur, y con Guatemala, hacia el norte.
- Se han reportado 328 personas asesinadas a causa de la represión.
- Más de 86 personas están presas.
- Son más de 90 periodistas y trabajadores de la prensa los que se han exiliado.
- Más de 103.600 nicaragüenses han huido a países vecinos.
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