Sin que formara parte de la agenda acordada el 13 de agosto pasado, y sin que correspondiera al objeto y propósito de las negociaciones que tienen lugar en México, la oposición se dejó enredar en la suscripción de un “Acuerdo para la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba”.
Aun así, por tratarse de un asunto de interés nacional, hubiera sido deseable que tanto el régimen como la oposición fijaran una posición común sobre la defensa de la soberanía territorial de Venezuela y sobre la estrategia más adecuada para hacerlo. Sin embargo, las partes en dicha negociación nos han sorprendido con un documento colmado de retórica inútil, y con la que no estamos más cerca de recuperar siquiera una parte del territorio en disputa.
Como si allí no hubiera habido ningún abogado que les pudiera explicar en qué consiste y cómo funciona la administración de justicia, en el citado acuerdo se insiste en “reafirmar” que la Corte Internacional de Justicia “carece de jurisdicción” para conocer de la validez del laudo arbitral de 1899, y que ambas partes manifiestan su “desacuerdo” con la sentencia de la CIJ al “atribuirse” competencia para conocer de este asunto. ¡Como si, para ser obligatoria, la sentencia de un tribunal tuviera que ser aceptada por la parte perdedora!
Igual que muchos venezolanos, creía que la Corte carecía de competencia para conocer de este asunto y, por supuesto, esperaba una sentencia distinta; pero, en Derecho Internacional, es el tribunal el que está llamado a decidir sobre su propia competencia, y no una de las partes en la disputa. Una vez que hay una sentencia definitiva (y, en relación con la competencia, ésta lo es), lo único que queda es acatarla. Lo demás será el derecho al pataleo que inventaron los estudiantes de la Universidad de Salamanca.
Debo recordar que, de acuerdo con el artículo 94 de la Carta de la ONU, los miembros de las Naciones Unidas se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sean parte, y que el artículo 60 del Estatuto de la Corte (del que Venezuela es parte), agrega que sus sentencias son “definitivas e inapelables”.
Podremos seguir discutiendo, en las tertulias de café o en los salones de clases, si la Corte se equivocó o si tenía razón; pero, en términos prácticos, no sirve a ningún propósito útil insistir sobre un punto que ya está decidido, y que Venezuela no defendió ni explicó en los estrados judiciales, porque no compareció en el procedimiento ante dicho Tribunal.
Dudo que alguno de los “países amigos” que acompaña a Venezuela en la mesa de negociación comparta este ataque directo a los cimientos del Derecho Internacional y del Derecho en general. ¿Será que la oposición está aprendiendo del régimen en cuanto a no acatar las sentencias internacionales que no le convienen? ¿Qué pensará el gobierno de los Países Bajos, que alberga la sede de la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué pensarán las empresas transnacionales que buscan garantías de seguridad jurídica para realizar sus inversiones?
Ni el régimen ni la oposición le están diciendo la verdad al país. La sentencia que dictó la Corte Internacional de Justicia sobre su competencia en el caso del Esequibo es obligatoria, como también lo será la que, una vez concluido el procedimiento, se dicte sobre el fondo de la controversia, en relación con la nulidad o validez del laudo de París.
Cualquier otra cosa es inventar mundos paralelos o recursos inexistentes –ante la Asamblea General de la ONU o ante el Consejo de Seguridad–, o pretender resolver este asunto mediante una reforma constitucional que diga que el Esequibo es nuestro, como se ha sugerido echando a volar la imaginación cuando se carece de formación. Ese es un camino equivocado y, de persistir en él, lo que se avizora es una sentencia adversa, que acabará definitivamente con la legítima reclamación venezolana.
Lo más alarmante es lo que no dice el referido documento. Tiene que ser un motivo de profunda preocupación el que, en el acuerdo de México, no se haga ninguna mención al procedimiento que hoy está pendiente ante la CIJ, para determinar la nulidad o validez del laudo de París. Hace seis meses que la presidente de la Corte Internacional de Justicia dictó una resolución fijando los plazos para que las partes en la controversia presenten su memoria y contramemoria. Ese plazo está corriendo y, luego de que se cumpla, con o sin la comparecencia de alguno de los Estados partes en los trámites posteriores, la Corte procederá a dictar su sentencia definitiva, la cual será obligatoria para las partes.
Por eso, la mejor manera de defender la integridad territorial de Venezuela es compareciendo en el procedimiento ante la CIJ, exponiendo nuestros argumentos sobre la nulidad del laudo y sobre los títulos que nos asisten en relación con la soberanía del territorio en disputa. Pero no hay, en el acuerdo de México, ninguna referencia a la necesidad de comparecer en el procedimiento ante la Corte para defender los derechos de Venezuela. Si no lo hay es porque, tal vez, las partes no estaban de acuerdo en este punto; pero si hay alguien –en el régimen o en la oposición– que tenga una mejor alternativa, que la explique al país.
Si comparecemos en el procedimiento ante la Corte, asistidos por un equipo de abogados idóneo y haciendo valer los argumentos históricos y jurídicos de Venezuela, podremos ganar o perder. Pero, si no comparecemos, y si no se oye nuestra voz en los estrados judiciales, con toda certeza, vamos a perder.
Creo que el régimen tuvo la habilidad de introducir en la mesa de negociaciones –convocada para resolver un conflicto político interno– un asunto internacional que es de su propia hechura. Si estamos en la CIJ es porque el régimen no pudo evitar ese escenario y –con todos los recursos disponibles– fue incapaz de lograr un acuerdo negociado con Guyana, o –por razones ideológicas o de otro tipo– no quiso hacerlo.
Quienes hoy ejercen el poder no consultaron a nadie para decidir qué estrategia seguir una vez que Guyana introdujo su demanda ante la Corte. El memorándum que se envió a la CIJ, lleno de teorías estrafalarias, que fue rechazado por el Tribunal punto por punto, no fue consultado con el país y es responsabilidad exclusiva de los que despachan desde Miraflores. Es este régimen el que decidió no comparecer en la fase de jurisdicción ante la Corte, en la que perdimos. Y es este régimen el que, llevado por la desidia o la indiferencia, ha dejado pasar el tiempo sin preparar una estrategia de defensa de los derechos de Venezuela en el procedimiento que hoy está planteado ante la Corte.
Los charlatanes tienen el arte de hablar horas y horas sin decir nada, o sin decir nada sensato; en Venezuela, en los últimos 22 años, ellos han sabido crear una escuela con muchos seguidores, alucinados ante una palabrería hueca. Pero, tratándose de asuntos de esta envergadura, teníamos derecho a esperar algo diferente. ¿Cuál es el propósito del acuerdo de México? ¿Era necesario un acuerdo de este tipo? ¿Quién gana o quién pierde con él? ¿Qué hay, en ese documento, que sea útil para resolver la controversia del Esequibo?
El acuerdo suscrito en México no sirve a la mejor defensa de los derechos de Venezuela en el Esequibo; pero, siendo una posición común, del régimen y de la oposición, es una carta de aval respecto de todo lo que ha hecho o ha dejado de hacer el régimen en relación con la referida controversia. Hasta ayer, lo que se venía haciendo, bien o mal, era responsabilidad exclusiva de quienes están en Miraflores, pues nada de eso se consultó con el país, excepto después de que la Corte dictó su sentencia sobre jurisdicción, y sin que nunca se le haya hecho caso a las advertencias de los sectores que fueron consultados.
Ahora, ésta es una responsabilidad compartida por el régimen y por el liderazgo de la oposición, pero sin que se haya trazado una estrategia de litigio que se le haya explicado al país, y que tenga perspectivas de éxito. Hoy, con un Estado demandado que no se defiende ante la CIJ, y teniendo toda la cancha a su disposición, Guyana no tiene ningún incentivo para negociar y es inútil insistir en algo que no va a ocurrir. En estas circunstancias, hará mucho frío en el infierno antes de que Guyana acepte sentarse a negociar una solución mutuamente satisfactoria.
Supuestamente, esta negociación iba a ser “integral”, y nada estaría acordado hasta que todo lo estuviera. Sin embargo, antes de la liberación de los presos políticos, del cierre de los centros de tortura, de la disolución de la FAES, de la renovación del TSJ o de un cronograma para celebrar elecciones limpias y transparentes, el otro acuerdo suscrito en México –caracterizado por Jorge Rodríguez como “el rescate de los recursos económicos secuestrados en el exterior”– cede a una de las demandas clave del oficialismo, entregándole los recursos financieros que éste necesita, a cambio de nada. De seguir por ese rumbo, antes de que haya una nueva ronda de negociaciones, pensando en el bien de Venezuela, el liderazgo opositor debería considerar dar un paso al costado.
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