Michelle Carrere / Mongabay
A dos años del mayor derrame de petróleo en el mar peruano, el balance que hacen las organizaciones civiles ambientales, de derechos humanos e incluso el propio Congreso sobre las acciones de reparación y compensación por Repsol es negativo. La pesca artesanal, el comercio y el turismo, entre otras actividades económicas que eran el sustento de miles de familias, están paralizadas desde el vertimiento de más de 11.000 barriles de crudo en las costas de Lima y Callao el 15 de enero de 2022.
“Los impactos sociales se han recrudecido”, destaca el informe de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso Nacional.
“Estamos tan molestos que estamos tristes”, le dijo Alejandro Huaroto Arnáez, pescador artesanal de Bahía Blanca, a los investigadores de Oxfam y CooperAcción que realizaban un estudio de valorización de los daños sufridos por las familias pescadoras. “Nos han quitado nuestra felicidad, nuestra libertad”, añadió.
Los pecadores han migrado o cambiado de oficio
Numerosos los pescadores han migrado a otras zonas del país o dedicarse a otros oficios, como el transporte o la agricultura, para dar sustento a sus familias. Las compensaciones económicas que recibieron de la empresa representan apenas un tercio de su real pérdida económica, como lo determinó el estudio de valorización y fueron definidas arbitrariamente por la empresa», asegura Jean Pierre Araujo, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
Ana Leyva, abogada de CooperAccion, explica que los montos se establecieron en procesos de negociación privada entre Repsol y los damnificados. «Muchos afectados, presionados por la desesperación, aceptaron», agrega.
En medio de la crisis social que se extiende y no se avizora que llegue una solución para los afectados, los planes presentados por la empresa para rehabilitar los ecosistemas impactados continúan en evaluación y “no hay alguien que lidere y articule” las acciones para enfrentar el desastre.
La legisladora Ruth Luque señala que el ambiente es de incertidumbre. «La falta de información sobre el avance de los múltiples procesos judiciales agudizan la desesperación de los afectados y su familia.
La situación penal y civil
Los peruanos se preguntan qué ha pasado con la denuncia penal. El procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, aseguró a que los actos de investigación se están finalizando y que la acusación fiscal estaría lista para mediados de junio.
Precisó que en ese momento se iniciará una etapa intermedia “que es muy corta en la que el fiscal presenta una acusación formal contra los responsables de los hechos y postulará la reparación civil por el daño ambiental (daño ecológico puro). Con tal fin están utilizando la valoración económica del daño que elaboraron los peritos del Ministerio Público que ronda los 1.600 millones de soles.
El procurador aseguró que el Estado ha promovido una solicitud formal de reparación civil y que se encuentra pendiente de ser resuelto por el Poder Judicial. “Cuando la reparación del daño nace de un delito, tienes la posibilidad de plantear la pretensión mientras persista la acción penal, es decir, mientras existe una investigación en curso. En el modelo peruano la reparación civil también se puede solicitar dentro del proceso penal y eso es lo que hicimo”, dijo.
Sobre los tiempos, Guzmán calcula que para finales de este año deberíamos tener resuelto el caso. Por su experiencia, son los tiempos manejados en las investigaciones frente a grandes desastres naturales. “Estamos dentro del tiempo habitual de investigación y procesamiento de este tipo de casos”, subrayó.
Compensaciones insuficientes
La reparación civil a los pescadores y comerciantes, cuya fuente laboral ha sido destruida, está en manos el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. En 2022, en representación de más de 700.000 personas afectadas, presentó, una demanda civil de indemnización por daños y perjuicios que asciende a 4.500 millones de dólares.
Henry Carhuatocto, director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal del Ambiente (IDLADS Perú), organización que se sumó a la demanda del Indecopi, aseguró que el proceso aún se encuentra en trámite y que no ha habido audiencias. “Están en el proceso de notificación de las partes, con traducción incluida, y las contestaciones de la demanda. No nos han notificado mayor avance. Hay falta interés del Estado de mover el caso más rápido”, se quejó el abogado.
Luego de ocurrido el derrame, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Instituto Nacional de Defensa Civil elaboraron en 2022 el Padrón Único de Afectados que totalizó 10.300 personas.
Repsol y el gobierno tienen padrones distintos
Repsol sostuvo entonces que el 98 % de las personas inscritas en el padrón cobraron las compensaciones y que en el año 2023 lo hizo otro 93 %. Sin embargo, el padrón ha sido altamente criticado por subestimar la cantidad de damnificados. Con miras a ampliar el padrón único de afectados, el Consejo de Ministros ha registrado a otros miles de ciudadanos. Su inclusión es incierta y permanecen como “eventualmente afectadas por el derrame de petróleo”.
“La norma establece que la empresa determina quiénes son los afectados”, explica Miguel Lévano, coordinador de programa y alianzas de Oxfam Perú. Repsol exige acreditación de la actividad económica previa al derrame, a través de un documento o medio probatorio emitido por una autoridad. El problema es que un gran número de personas desarrollaban sus actividades en condiciones de informalidad y no cuentan con los documentos exigidos. Repsol informó que a enero del 2024 han registrado aproximadamente 62.000 solicitudes adicionales y las está evaluando.
“Es fundamental hacer una modificación a esa norma porque no es posible que el Estado le traslade a la empresa una función que le corresponde”, opina Lévano.
La parlamentaria Luque considera que en la elaboración del padrón se subestimó la cantidad de damnificados. “El Estado perdió una oportunidad de generar un acuerdo que garantizara que estaba a cargo de un registro único de afectados. Incluso, perdió la oportunidad de formular propuestas normativas o cambios legislativos a raíz de este desastre ecológico”, manifestó
Montos de las compensaciones los fijó Repsol, no los afectados
También cuestionan los montos de las compensaciones que varían entre 13.000 y 18.300 dólares. «Se determinaron en un proceso de negociación privada entre Repsol y los damnificados, en el cual Repsol impuso las condiciones para calificar y cuantificar los daños por familia o por persona en un proceso cerrado”, señaló Araujo, el abogado de la SPDA.
La Defensoría del Pueblo indicó que en las mesas de negociación entre 19 organizaciones de pescadores y la empresa para determinar sobre las compensaciones, la empresa presentó una propuesta inamovible desde el primer día a pesar de que “por norma la compensación debe acordarse con los afectados”. Ana Leyva detalló que la empresa amenazó diciendo ‘si no acepta me voy’ y la gente por necesidad terminó aceptando sus condiciones”.
La economista de Oxfam, Kely Alfaro, titular del estudio de valorización del daño, asegura que durante las mesas de negociación “se presionó para que la empresa muestre la información” con la que había determinado los montos. Pero lo que presentó fue “el censo de pescadores sin datos económicos. Los mismos pescadores dicen que ese censo no sirve, porque nosotros no han dicho cuánto ganaban”.
Repsol se aprovecha de los titubeos del gobierno
La empresa también presentó un estudio sobre necesidades básicas. Sin embargo, el informe de valorización da cuenta de que cada familia ha perdido anualmente el equivalente a 39.240 dólares, una cifra que es hasta tres veces el monto entregado por Repsol.
“En el proceso de negociación no ha hubo un trato justo para los afectados. La posición inamovible de la empresa durante el proceso de compensación junto con la falta de precisión de la metodología utilizada afecta el monto de la compensación. Por ende, el derecho a una reparación integral”, sentencia la Defensoría del Pueblo.
La parlamentaria Luque considera que hubo una negligencia del Estado. «Lo más grave es que la empresa se da cuenta de ese desorden, de ese vacío, de esa falta de liderazgo, y se aprovecha. Las compensaciones siguen la dirección que ellos quieren”, subrayó.
Como una alternativa para recibir una indemnización mayor, la Fundación Holandesa de Derechos Ambientales y Fundamentales, que representa a 30.000 peruanos afectados por el derrame, interpuso una demanda en contra de Repsol a través del bufete de abogados británico Pogust Goodhead. La demanda es por 1000 millones de libras esterlinas, unos 1.200 millones de dólares.
Planes de rehabilitación no llegan
Repsol presentó un total de 18 planes de rehabilitación al Ministerio de Energía y Minas, de los cuales 4 fueron declarados como no presentados por no cumplir los requisitos mínimos de admisibilidad. Los 14 planes restantes se encuentran en proceso de revisión.
Jean Pierre Araujo manifestó que es preocupante que la empresa haya presentado planes de rehabilitación con problemas formales. Ha tenido un año para contratar a las empresas consultoras. A los pescadores y a las organizaciones civiles les inquieta el tiempo que pueda tardar la evaluación de los planes de rehabilitación de los ecosistemas afectados por la contaminación.
La razón es simple. No pueden iniciarse las tareas de remediación si no hay planes. «La evaluación se está demorando y todavía no sabemos si esos planes van a entrar en evaluación. Si no los han completado, tienen que volver a presentarlos”, asegura.
Miguel Lévano, de Oxfam, sostiene que el problema radica en que el marco normativo no establece un plazo (para presentar un nuevo plan luego de ser rechazado el primero)”, por lo que pueden pasar varios años sin un plan aprobado. «Mientras no haya plan aprobado, no hay un proceso de rehabilitación y se van distanciando las posibilidades de recuperación del mar para que las familias pescadoras puedan volver a sus labores”, destaca.
Calidad ambiental bajo sospecha
La compañía afirmó, en un comunicado del 15 de enero, que los planes de rehabilitación no “son necesarios para la reactivación y apertura de las zonas”. Según la empresa, “las playas de Lima Norte, especialmente las de Ancón, así como en Ventanilla, Santa Rosa, Chancay y Aucallama, están listas desde hace meses para la pesca, el comercio y las actividades recreativas”. Afirma que “cumplen con los estándares de calidad ambiental tanto nacionales como internacionales, y esto lo sustentan los informes de laboratorios reconocidos y certificados, así como los diversos informes de las autoridades”.
Sin embargo, el último informe técnico del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), elaborado a partir de estudios realizados entre el 12 y 26 de junio del 2023, indica que “no se cuenta con las evidencias concluyentes que permitan señalar que la zona afectada por el derrame esté libre de petróleo”. Actualmente, el Imarpe se encuentra elaborando un informe técnicoa partir de la evaluación biológica ambiental realizada entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre de 2023.
Para Luque, la falta de liderazgo por parte del gobierno también se refleja en el silencio tras los comentarios de Repsol. “Como puede ser que nadie le responda a la empresa cuando dice que todo está bien, que todo ya se puede hacer. Nadie del gobierno les dice lo contrario”.
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