Por Consejo Editorial de C16
25/01/2018
No cayó ante las provocaciones de lo que ha sido una agresión intolerable. Ayer, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, reivindicaba para los venezolanos «lo mismo» que quiere para los españoles. Con esas palabras, el jefe del Ejecutivo se refería a la urgencia por que el pueblo venezolano recupere sus libertades y sus derechos políticos. Unas condiciones básicas de ciudadanía y calidad democrática que han sido cercenadas por la dictadura de Nicolás Maduro. El régimen mantiene a decenas de presos políticos en las cárceles de un país que agoniza en medio de una crisis política y económica sin precedentes.
Esa petición de más derechos y libertades era la respuesta que Rajoy le lanzaba al propio Maduro. Y lo hacía apenas 24 horas después de que el mandatario venezolano iniciara un grave conflicto diplomático. Maduro arremetía contra el Gobierno español por su apoyo a las sanciones planteadas por la Unión Europea. Una escalada de tensión que viene alimentándose desde hace días. Insultos y descalificaciones impropios de un Estado de Derecho. La crisis ha culminado con la expulsión del máximo representante del Gobierno de España en Venezuela.
El presidente español no cayó en las provocaciones. Y eso que Maduro aseguró que «lo que le queda» a Rajoy «es ponerse en cuatro patas porque lo que le viene es pela (paliza)». Además, tachó al Ejecutivo de Madrid de «corrupto, racista y colonialista».
Una buena relación
En sus declaraciones de ayer, y siempre desde el respeto, Rajoy se limitó a respaldar las sanciones aplicadas por la Unión Europea a altos cargos del madurismo. Y a pesar de ser preguntado concretamente sobre las palabras malsonantes e insultantes de Maduro, el presidente del Gobierno español prefirió obviarlas en pro de las relaciones con Venezuela que, desde el lado español, siempre han estado dirigidas a garantizar el bienestar de sus ciudadanos y la buena relación en el intercambio comercial.
Ese buen tono que contrasta con los exabruptos lanzados desde Caracas también lo ha mantenido el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. El canciller siempre ha insistido en el papel de mediador que está ejerciendo el Gobierno español, incluso con el apoyo al diálogo entre Gobierno y oposición de Venezuela. Y con el respaldo a la labor mediadora ejercida en ese marco por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
La respuesta de Maduro a esa mano tendida, a esa defensa de los derechos y libertades de los venezolanos, ha sido la expulsión del embajador español en Caracas. Al máximo representante diplomático de España en Venezuela se le dan 72 horas para abandonar el país. Y eso que se trata del portavoz de un país con vínculos políticos y económicos históricos con Venezuela y con su ciudadanía.
Una agresión intolerable al conjunto de la UE
Esa expulsión constituye una agresión intolerable del régimen de Maduro. Lo es no solo contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ni siquiera únicamente contra el Ejecutivo que lidera. Supone un ataque en toda regla al conjunto de los españoles y, por extensión, a la Unión Europea. Un pueblo que se ha manifestado masiva y públicamente a favor de la democracia en Venezuela. Y que comparte con unos 80.000 venezolanos que residen en España vivencias, relaciones y experiencias.
La decisión de la dictadura de Maduro urge una respuesta contundente de la comunidad internacional. El Gobierno venezolano debe comprender que sus actuaciones causan repulsa en todo el planeta. Y que sus crímenes no quedarán impunes. Cualquier tibieza de los países occidentales ante semejante agresión intolerable corre el riesgo de avalar esa conducta. Una situación de la que ningún Estado podría librarse en el futuro. La UE y la ONU deben actuar cuanto antes. Tienen que dejar claro que la expulsión del embajador es una más de las actuaciones vergonzosas de la dictadura venezolana.
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