Por Cambio16
22/06/2018
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ve base para «una mayor implicación» del Tribunal Penal Internacional en la crisis venezolana. Principalmente ha denunciado la falta de capacidad o interés del Gobierno de Nicolás Maduro para resolver la situación.
En un nuevo informe, la oficina de Zeid Raad al Hussein analiza también el declive social de Venezuela. Situación que Maduro se ha limitado a atribuir a la «guerra» emprendida por los grupos de derechas. O a países «enemigos» como Estados Unidos. En este sentido, el Alto Comisionado ha recordado que el Gobierno «tiene la obligación de hacer todo lo posible para garantizar los derechos de la población a la salud y a la alimentación».
Varios profesionales sanitarios han descrito el «grave deterioro» de los centros de salud. Así como la «escasez sistemática» de productos esenciales. Mientras que la información disponible evidencia un «rápido incremento» de la desnutrición infantil.
«Hay familias que se ven obligadas a buscar comida en los contenedores de basura», ha dicho Zeid. El Alto Comisionado cifró en el 87 por ciento la población venezolana bajo el umbral de la pobreza. Un 61,2 por ciento se encuentra en situación de pobreza extrema. Y 1,5 millones de personas han salido del país desde 2014.
«Cuando una caja de pastillas para la hipertensión cuesta más que el salario mínimo mensual. O la fórmula de leche para bebés, más de dos meses de salario. Pero protestar contra una situación tan desesperante puede llevar a la cárcel a quien protesta, la extrema injusticia de tales circunstancias se manifiesta con toda su violencia», ha lamentado Zeid en su comunicado.
Crisis venezolana, de manos atadas
Por este motivo, ha reclamado a la comunidad internacional que tomen «medidas inmediatas» para «evitar un mayor deterioro» de la crisis venezolana.
Las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones relativas a los Derechos Humanos en Venezuela siguen confrontadas a severas restricciones legales. Asimismo, a campañas de desprestigio, amenazas y acusaciones de delitos. Principalmente relacionados con presunto «terrorismo» y «traición a la patria» por parte del régimen de Maduro.
En este sentido, Alto Comisionado ha solicitado en vano acceso a Venezuela. Por ende, optó por recomendar al Consejo de Derechos Humanos que se establezca una Comisión de Investigación ‘ex profeso’. Asimismo, considera que existen «sólidas razones» para considerar «una mayor implicación» del Tribunal Penal Internacional. Principalmente en vista de que «el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los Derechos Humanos».
Al menos 280 personas han sido privadas «arbitrariamente» de libertad por expresar sus ideas políticas o por ser consideradas como una amenaza contra el Gobierno. Además, más de 7.000 personas se encuentran en libertad condicional y «viven con miedo» a un futuro arresto o juicio, según los datos recabados por organizaciones de la sociedad civil venezolana.
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