Por Cambio16
13/7/2017
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha decretado una multa de tres millones de euros para España por el retraso en la aprobación de la reforma que liberaliza el sector de la estiba. Esta infracción es mucho menor que la que pedía la Comisión Europea (24 millones).
La reforma fue aprobada en Consejo de Ministros el pasado 12 de mayo y convalidada por el Congreso seis días más tarde. Su objetivo es cumplir con la normativa comunitaria. El TUE ya falló en diciembre de 2014 que la legislación española sobre esta materia contravenía las reglas europeas.
Sentencia sobre la estiba
La CE presentó un recurso ante el Tribunal con sede en Luxemburgo por no cumplir con aquella sentencia. el fallo proponía una multa diaria a España de 27.522 euros hasta el momento en el que se aprobara la reforma. Además, Bruselas pedía una segunda sanción de 134.122 euros diarios por cada día de retraso desde que el TUE hiciese pública su segunda sentencia.
España «ha demostrado su buena fe» al cooperar con la Comisión Europea en el procedimiento administrativo. No obstante, la multa responde a que transcurrieron 29 meses desde que se dictó la sentencia. El fallo se produjo el 11 de diciembre de 2014 , señaló el TJUE.
El Ejecutivo comunitario dio por buena la reforma aprobada en mayo, tras un primer intento fallido dos meses antes. España evita así que la Justicia europea le imponga una multa en línea con la segunda sanción propuesta por Bruselas.
El caso se remonta a 2011, cuando la Comisión Europea abrió un expediente a España por el régimen de trabajo portuario vigente. Ante la falta de reformas, Bruselas llevó a España ante el TUE en junio de 2013. Finalmente el TUE declaró en diciembre de 2014 que la legislación española era contraria a las normas europeas.
«Responsabilidad de quienes no lo convalidaron»
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dijo que si hubiera una multa sería responsabilidad de aquellos que no apoyaron la convalidación del real decreto ley. El ministro indicó que se hubiera condonado la parte devengada de la primera sentencia, cerca de 25 millones de euros.
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