En las calles de Suramérica se les ve con sus niños a la espalda o sujetos en el pecho. Sus cuellos adornados de collares, lo mismo que las muñecas, de pulseras, hablan de sus gustos por las prendas. Las blusas, a veces hechas con encajes, muestran el gusto por las flores y la tradición. También sus faldas. Son mujeres indígenas que se apegan a sus tradiciones, sin importar el país o la tierra a la que pertenezcan.
En Quito, capital de Ecuador, hay un mercado popular de nombre San Roque. Apenas se entra, se ve una especie de cuadro viviente. Decenas de mujeres aindiadas, sentadas una al lado de la otra, ofrecen sus frutas y hortalizas que pintan el ambiente con sus colores. También con sus sabores. Desde el maíz y la cebolla morados hasta el plátano. Y todas con sus sombreros y sus sonrisas, que las hacen cerrar los ojos, pero dejando a la vista apenas un halo de luz.
Lo cierto es que las historias son miles; sin embargo, la realidad suele ser común. La mujer indígena se enfrenta a varios problemas. La estigmatización. La discriminación. La violencia, en general, y la sexual, en particular. La exclusión. La falta de tierras. La lucha por el cuidado del medioambiente, su hábitat, cuando se ven forzadas a abandonarlo por la industria, la deforestación, la minería, el cambio climático. Los homicidios.
El 5 de septiembre es su día internacional. Se creó en 1983 en honor de Bartolina Sisa, una dirigente aimara, que murió asesinada en 1782 después de haber encabezado una sublevación indígena contra la Corona española.
Así, cada vez que llega este día se recuerda su lucha y la lucha de las indígenas por sus derechos. Pero también por sus logros. Sus méritos.
Los problemas a los que se enfrentan aún
En el mundo viven alrededor de 370 millones de indígenas, pero solo ocupan el 20% de la superficie terrestre. A decir de la Organización de las Naciones Unidas, representan 5.000 culturas distintas, tan diversas como ricas. Por ello, se considera que representan la mayor parte de la diversidad cultural del planeta. Aun así, son minoría.
Al ser minoría, se enfrentan a varios problemas. Al respeto del derecho a la propiedad de la tierra. A la necesidad de reasentarse a causa de la degradación ambiental y la destrucción de ecosistemas autosostenibles por, entre otras razones, el uso de plaguicidas y fertilizantes químicos. Al cambio climático. Al desplazamiento forzado debido a las grandes represas y actividades mineras, y sin una buena indemnización, por lo que comunidades han tenido que abandonar, aun a regañadientes, los parques naturales. Ahora también a la pandemia de la COVID-19.
En el caso específico de las mujeres, los desalojos forzosos y el despojo de tierras han incidido aún más.
“Los desalojos forzosos y los despojos de tierra han surtido efectos graves, en particular, en las mujeres indígenas. A menudo han visto cómo aumenta su volumen de trabajo —deben caminar largas distancias para hallar otras fuentes de agua o leña a fin de cocinar o asearse—, dejan de percibir ingresos por sus actividades productivas y quedan en situación de dependencia económica de los hombres”, señaló la organización.
De este modo, aumentan sus necesidades, en el sentido de que no pueden trabajar, tienen que velar por sus hijos, y se sumen en un círculo vicioso de violencia si la pareja las somete.
Las indígenas, entre la lucha y la amenaza
La ONG Global Witness informó de otra situación preocupante. Por primera vez se reportó el mayor número de defensores de la tierra y el medioambiente asesinados en un año, de acuerdo con su último informe anual. Entre estos, también son víctimas las mujeres indígenas. La organización documentó, pues, un total de 212 homicidios en 2019, pero se calcula que pudieran ser más en vista de que muchos casos no se denuncian ni se investigan.
El reporte destaca el papel de los defensores de la tierra y el medioambiente en su lucha contra el cambio climático en todo el mundo. Sin embargo, se han tenido que oponer a las empresas intensivas en carbono que están acelerando el calentamiento global y el daño ambiental de manera insostenible.
“En promedio, cuatro defensores fueron asesinados cada semana desde la adopción del Acuerdo Climático de París en diciembre de 2015. Además, un incontable número de defensores son silenciados mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”, denunció.
De este modo, más de la mitad de los asesinatos de 2019 ocurrieron en Colombia y Filipinas. Colombia, con el mayor número: 64 en un año. Filipinas, con un aumento de 30 homicidios, en 2018, a 43 en 2019. De hecho, son América Latina y Asia los sitios donde más ataques de este tipo suceden, aunque el primero ha sobresalido en los informes que se hacen desde 2012.
En cuanto a los sectores económicos, sobresale la minería con 50 defensores muertos el año pasado. A su vez, la agricultura sigue siendo considerada una amenaza, sobre todo en Asia. Ahí “el 80% de los ataques estuvieron relacionados con ese sector”, afirmó.
Las mujeres indígenas, pues, también son víctimas. Angélica Ortiz, defensora wayú de La Guajira, ha sido amenazada y hostigada por oponerse a una mina de carbón. El objetivo es proteger el derecho al agua de las comunidades que viven en una de las zonas más necesitadas de Colombia.
La agroindustria, el petróleo, el gas y la minería son los principales motivos de ataques contra los activistas ambientales en el mundo, señaló Rachel Cox, encargada de campañas de la ONG. Esta fue fundada hace 25 años y su misión es hacer campañas en contra de los conflictos y la corrupción relacionados con los recursos naturales, así como la violación de los derechos ambientales y los derechos humanos vinculados a estos.
La corrupción, por otro lado, da pie a los atropellos y a la precariedad de las condiciones de vida de los indígenas.
Cabe destacar, asimismo, que uno de cada diez defensores muertos en 2019 eran mujeres.
“Las defensoras enfrentan amenazas específicas, incluyendo campañas de desprestigio que suelen concentrarse en su vida privada, con contenido sexista o sexual explícito. La violencia sexual también se usa como una táctica para silenciar a las defensoras y, por lo general, no se denuncia”, afirmó.
Casos de indígenas muertas
Jamison Ervin es gerente del Programa Global sobre la Naturaleza para el Desarrollo del PNUD, de las Naciones Unidas. En 2017 enumeró una serie de casos de ataques contra mujeres indígenas de América Latina cuya labor era proteger su ambiente.
Basándose en el mismo informe del Global Witness pero de 2017, indicó que hubo 207 ambientalistas muertos por defender tierras comunitarias o recursos naturales. De estos, alrededor del 10% eran mujeres, y la, mayoría, indígenas.
Considera que las mujeres, en especial las indígenas, son particularmente vulnerables a la violencia que tiene que ver con el medioambiente. “Casi la mitad de todas las activistas fueron asesinadas por defender la tierra comunitaria y los derechos ambientales”, dijo.
La activista de origen hondureño, Berta Cáceres, murió asesinada en 2016 por haber defendido los derechos de su comunidad contra la construcción de una hidroeléctrica en el río Blanco.
Cáceres, mujer lenca, fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. En agosto de este año se supo que, luego de sucesivas suspensiones de las audiencias preliminares para evaluar la apertura del juicio, la justicia anunció que se hiciera un juicio oral y público contra David Castillo, acusado de ser el homicida.
Castillo es oficial militar de inteligencia. Se le vincula a la familia Atala Zablah, grupo empresarial que integra el directorio del proyecto extractivista hidroeléctrico en el río Blanco. Precisamente, Cáceres enfrentaba este proyecto.
Aunque, por otro lado, Ervin agrega que el caso de Berta Cáceres fue muy difundido, lamentablemente no pasa lo mismo con otros.
“En 2016 murieron Emilsen Manyoma, de Colombia, quien defendió los derechos a la tierra de su comunidad frente a proyectos agrícolas y mineros abusivos. Leonela Tapdasan Pesadilla, de Filipinas, quien defendió a su comunidad de proyectos mineros a gran escala. Laura Leonor Vásquez Pineda, de Guatemala, quien defendió sus tierras contra intereses mineros. Cada año, un número mayor de mujeres defensoras del medioambiente enfrentan amenazas, intimidación, violación, tortura y/o encarcelamiento, como Patricia Gualinga Montalvo, activista indígena kichwa. Enfrenta constantes amenazas de muerte por su defensa de los derechos de su comunidad en la selva amazónica”, enumeró.
Acotó que más de la mitad de todos los actos de violencia que ha reportado Global Witness están relacionados con policías, militares o personal de seguridad. Y que es cada vez más costumbre que tilden a las activistas de “terroristas”.
Señaló la violencia perpetrada por las corporaciones como uno de los diez principales riesgos mundiales, de acuerdo con el informe 2016 del Foro Económico Mundial.
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