Un informe de transparencia de la empresa de telecomunicaciones española expone que en 2021 Telefónica interceptó las comunicaciones de 1.584.547 líneas en Venezuela, lo que representa más del 20 % de las líneas de teléfono o internet. Entre 2017 y 2021 las solicitudes para «pinchar» líneas aumentaron 266 %, de forma masiva y sostenida.
En Venezuela, la filial Movistar de la española Telefónica “pincha” al 20 % de sus clientes por órdenes de órganos de investigación, policiales, militares, inteligencia y hasta la universidad de seguridad UNES. En otros países este indicador ni siquiera se acerca al 1 %. Ni siquiera en Cuba. Interceptó las comunicaciones de 1.584.547 líneas de sus clientes, que significa escuchar las conversaciones monitorear los SMS, dar la ubicación de personas por sus teléfonos celulares o su tráfico de Internet.
Desde el mandato de Hugo Chávez se habla de la prevalencia de llamadas pinchadas y el monitoreo excesivo e injustificado de otras formas de comunicación, pero por primera vez hay un rastro del alcance de esta amenaza a los derechos civiles y la complicidad de Telefónica. Aunque la interceptación de comunicaciones puede ser una herramienta para investigar y evitar crímenes graves, su uso debe ser acorde a los estándares de derechos humanos, pero la inmensa cantidad de líneas interceptadas apunta a un abuso sistemático, que al estilo soviético y la China maoísta.
La organización Ve Sin Filtro publicó un estudio elaborado a lo largo del año 2021, en el cual registra el bloqueo de 59 sitios web, que corresponden a 68 dominios bloqueados. La mayoría (66 %) corresponde a medios de comunicación. Ese año, los ingresos de Telefónica en Venezuela fueron de 82 millones de euros y el OIBDA alcanzó 40 millones de euros.
Organizaciones no gubernamentales como Espacio Público, Un Mundo Sin Mordaza y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB denunciaron ante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el avance de la censura en el ciberespacio y la complicidad de las operadoras que solo velan por sus ganancias y no por el respeto de los valores humanos universales.
En los últimos meses más medios digitales, entre ellos Crónica.Uno y Efecto Cocuyo, fueron incorporados a la lista de portales bloqueados por operadoras privadas en las que se encuentran El Pitazo, Correo del Caroní, El Nacional, entre otros.
Intercepciones que violan los estándares internacionales de justicia
Marysabel Rodríguez, investigadora del centro de derechos humanos de la UCAB y coordinadora del Observatorio Social de Espacio Público, criticó la práctica de intercepciones que reveló Telefónica. “Esa conducta no se ajusta a los estándares internacionales y tampoco a lo que se observa en el resto de la región”, afirmó.
En el caso venezolano son los cuerpos de seguridad los que hacen las solicitudes, algo que dista mucho de lo que se practica en otros países, donde son los jueces los encargados de autorizar las intercepciones y los datos electrónicos de los ciudadanos.
«Se está violando mucho más que el derecho a la privacidad»
“En Venezuela es tan recurrente y masivo la intercepción de llamadas, que los cuerpos actúan sin ningún tipo de orden ni autorización. Las operadoras telefónicas han dejado el campo libre a los cuerpos de seguridad, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Ministerio Público y la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), un ente administrativo”, indicó
Rodríguez considera que Movistar-Telefónica ha violado el derecho a la privacidad de sus clientes, un derecho garantizado por la Constitución de España y también por la de Venezuela.
La conducta de las operadoras telefónicas respalda los obstáculos y dificultades que afrontan los periodistas, sus fuentes y los medios de comunicación. No solo bloquean los medios digitales, sino que están constantemente espiados por los cuerpos de seguridad del régimen.
Las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos civiles y humanos han alertado a los periodistas y activistas democráticos que no utilicen llamadas de teléfono ni mensajes de SMS para comunicarse, sino que en la medida de lo posible se valgan de medios cifrados como Signal o WhatsApp.
Los datos claves del informe
- Líneas (accesos) afectados por la intercepciones: 1.584.547 (21% de las líneas)
- Líneas (accesos) afectados por solicitudes de metadatos: 997.679 (13% de las líneas)
- Accesos de líneas de teléfono y de servicio de internet de Movistar Venezuela: 7.730.000
- Tasa de accesos afectados por solicitudes de ambos tipos: 33%
- El número de líneas (accesos) afectados por intercepciones aumentó 7 veces desde 2016, cuando eran 234.932 accesos afectados
- No reciben solicitudes de órdenes judiciales, sino de órganos de investigación, policiales, militares, inteligencia y hasta la universidad de seguridad UNES
- Reconocen que en 2021 iniciaron el bloqueo de 27 URL distintas por orden de CONATEL
Para Movistar Venezuela, las autoridades competentes para solicitar la interceptación de comunicaciones incluyen: el Ministerio Público, el CICPC, cuerpos de policía “habilitados para ejercer atribuciones en materia de investigación penal” y extrañamente la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
Similarmente las autoridades competentes listadas para exigir metadatos sobre las comunicaciones y datos de los suscriptores (cosas como: a quién llama un usuario, cuánto duran las llamadas, cuáles son los datos del suscriptor, etc.) son muchas de las mismas, incluyendo organismos militares y policiales.
En ningún lado menciona que las órdenes vienen de tribunales o vienen con aprobación de jueces, como hacen en otros países, pareciendo dejar ver que estas son las entidades de las que han recibido estas solicitudes, nunca con la validación de tribunales.
En la legislación venezolana citada por Movistar, las solicitudes de interceptación deben ser aprobadas por un juez para que sean válidas. Con excepciones particulares como el caso de urgencias y flagrancias, el CICPC puede hacer el pedido, pero debe notificarlo al Ministerio Público y constar en el expediente.
El abuso en la obtención de metadatos de comunicaciones es igualmente una violación de los derechos de las personas cuando no se hace de forma respetuosa a los DDHH. La ubicación de las personas, con quiénes se comunican, por cuáles vías, por cuánto tiempo y con qué frecuencia es información sensible igual que el contenido de dichas comunicaciones.
Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que cualquier interceptación de comunicaciones (de cualquier tipo) debe cumplir al menos estas condiciones:
- Objetivo legítimo: Debe buscar un interés legal necesario en una sociedad democrática y respetuosa de los humanos como investigar un crimen
- Necesaria: No se debería utilizar una práctica que podría vulnerar derechos si no es necesaria para seguir esos fines legítimos
- Proporcional: Como el uso de vigilancia interfiere con los derechos humanos, se debe utilizar solamente cuando esto es proporcional a la gravedad del crimen que se busca investigar, se debe tratar de minimizar la cantidad de datos obtenidos debe ser minimizada a sólo lo necesario, controlar el acceso a esta información sólo para los fines aprobados y desechar información que no es relevante
- Que esté adecuadamente sustentado por las leyes
- Bajo una orden judicial de un tribunal competente e independiente de la autoridad interesada en la vigilancia de las comunicaciones
- Permitiendo el debido proceso, notificando a la persona cuando sea posible y manteniendo transparencia del proceso
La privacidad es un derecho humano fundamental e inalienable, que a su vez es clave para el libre ejercicio de la libertad de expresión y asociación entre otros derechos.
Movistar también bloqueó páginas web y entregó metadata
El informe de transparencia de Telefónica también refleja que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) le solicitó el bloqueo de 30 URL durante 2021. Desde hace tiempo el bloqueo de sitios web se ha vuelto una forma sistemática de violación a los derechos humanos en Venezuela.
En el mismo 2021 el informe anual de VE sin Filtro documentó que al menos 68 dominios de internet estuvieron bloqueados en ese período, correspondiéndole 59 sitios web. Movistar es el segundo ISP con más eventos de bloqueo documentados, luego de la estatal CANTV. De esos 68 dominios bloqueados en Venezuela, 45 pertenecen a medios de noticias, 3 a organizaciones defensoras de derechos humanos y de herramientas para evadir la censura.
VE sin Filtro ha documentado nuevos eventos de bloqueo, tanto de medios de noticias como de organizaciones de derechos humanos, el más reciente en junio de 2022. Bloquearon el sitio web de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en la estatal CANTV y en Movistar.
Recomendaciones a Movistar y a otras operadoras privadas:
- Movistar debería listar el número de solicitudes recibidas por organismos policiales y aclarar qué porcentaje tiene el aval de un juez.
- Movistar explicar con claridad qué significa una solicitud “en tiempo real” y cuándo tiempo dura la “autorización”. También es insuficiente la información de Movistar sobre el alcance de las solitudes que no son bloqueos y ni qué comprende el concepto “accesos afectados por las solicitudes”.
- Los venezolanos deben asumir que cualquier comunicación no cifrada puede ser intervenida sin respeto a los estándares internacionales de derechos humanos.
- Recomendamos el uso de VPN para acceder a páginas web bloqueadas en Venezuela.
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