El Gobierno aprobó una orden ministerial para modificar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 a fin de atender a colectivos vulnerables. Y en atención a los que se verán aún más afectados por la pandemia. Plantea “acelerar una solución para estas personas en viviendas de titularidad pública. Si no existiera disponibilidad, se pueden aplicar en viviendas de titularidad privada”.
Esta consideración fue incluida en la orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, publicada el sábado en el BOE. Además, en sus lineamientos, el Gobierno autoriza a las comunidades autónomas para que puedan obligar a los propietarios a dar «una solución habitacional inmediata a las personas vulnerables, víctimas de violencia de género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar».
En el texto se posibilita también la adquisición de viviendas con ayudas del Plan por la Administraciones y Entidades Públicas, con objeto de incrementar el parque público de viviendas.
La medida especifica que se concederá la ayuda mediante adjudicación directa. Y en los «supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19» serán determinados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
🏛️Mediante una #OM, @mitmagob desarrolla en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 la nueva ayuda para el alquiler para arrendamientos vulnerables sobrevenidos por el #COVID19. El programa recoge también ayudas para víctimas de #ViolenciaDeGénero.
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— Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) April 11, 2020
Mitma propone dar viviendas públicas
El Gobierno adoptó medidas urgentes complementarias el 31 de marzo en el ámbito social y económico. Están destinadas a las personas que tengan dificultades para pagar el alquiler de su vivienda habitual por los efectos de la crisis sanitaria.
Asimismo planteó la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. La prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual y la moratoria de la deuda hipotecaria en determinados supuestos.
En esta orden ministerial se incorpora un nuevo «programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual». También se acuerda modificar el «programa de fomento del parque de vivienda en alquiler».
La orden ministerial, que no tiene rango de ley y, además, no tiene ninguna norma de ese nivel sobre la que apoyarse, encendió las alarmas.
Especialistas en Derecho Civil y Constitucional entendieron que bajo esta redacción se escondía una voluntad clara de disponer de la vivienda privada, como ya se ha intentado en varias propuestas parlamentarias a nivel estatal y de las comunidades autónomas
Interpretaciones de la orden
Fuentes del Ministerio de Transportes reconocieron que a pesar de lo que dice el texto, esa no era la voluntad con la que se redactó. No obstante, el vicepresidente Pablo Iglesias, señaló que el artículo 128 de la Constitución permite al Gobierno disponer de la riqueza que hay en España cuando sea por el interés general.
@mitmagob ACLARA:
El programa de ayudas a las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas NO PERMITE LA EXPROPIACIÓN de viviendas vacías ni segundas residencias.
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— Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) April 11, 2020
No obstante, el secretario general de Vivienda, David Lucas, negó que la orden para modificar el Plan Estatal 2018-2021 faculte expropiaciones de viviendas privadas o ampare ‘okupaciones’ u otras prácticas ilegales. Sin embargo el PP y Vox así lo han denunciado.
«No se faculta la expropiación, se permite que la ayuda del plan se pueda destinar a pagar una vivienda dentro de cualquier régimen admitido en derecho», dijo Lucas.
Ante las interpretaciones de la orden, el Ministerio publicó en su Twitter que el «Programa de ayudas a las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas NO PERMITE LA EXPROPIACIÓN de viviendas vacías ni segundas residencias». Las mayúsculas las utilizó el despacho para dar sus explicaciones.
Pero sí dijo que quedan “habilitados las #CCAA a que, en esas circunstancias urgentes de extrema vulnerabilidad determinadas por los servicios sociales, pueda recurrir, por ej., al alquilar una vivienda u ofrecer una habitación en un hotel y poder pagarlo con las ayudas del Plan Estatal».
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