El régimen liderado por el dictador Nicolás Maduro fue acusado de cometer «violaciones atroces» desde 2014 «equivalentes a crímenes de lesa humanidad», en un informe de Naciones Unidas. El documento de una misión de la ONU, que investiga la situación de los derechos humanos en Venezuela, encontró numerosos ejemplos de ejecuciones extrajudiciales (asesinatos perpetrados por policias en funciones), detenciones por motivos políticos, torturas y desapariciones forzadas.
Un informe anterior de la Oficina de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, a cargo de la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, se refirió a miles de asesinatos cometidos en Venezuela por las fuerzas de seguridad del régimen socialista. Pero esta es la primera vez que investigadores del organismo señalan directamente a Maduro y a sus funcionarios de alto rango como responsables de la violencia contra sus opositores.
Acusaciones directas a Maduro y sus colaboradores más cercanos
“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas desde 2014 han planeado y ejecutado graves violaciones de derechos humanos«, dijo Marta Valiñas, quien coordinó el grupo. Algunas de estas acciones, que «incluyen homicidios arbitrarios y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad”, agregó.
Añadió que “lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del régimen”.
El dictador Nicolás Maduro y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, «estaban al tanto de los crímenes”, apunta un resumen del informe. “Dieron órdenes, coordinaron actividades y proporcionaron recursos para impulsar los planes y políticas bajo las cuales se cometieron los delitos”, agrega el texto.
Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones (…) Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen.
Marta Valiñas, jefa de la Misión
Amnistía Internacional, que denunció la “probable comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela en mayo de 2019”, celebró el informe de la ONU.
“En un hito para las víctimas de violaciones a derechos humanos, el esperado y contundente informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela que avala esta grave denuncia y respalda a las miles de víctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su país”, manifestó la organización.
Con «luz verde para matar»
La misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas. Todas finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales. También indagó 2.552 incidentes en los que se produjeron más de 5.000 muertes. En todos actuaron las fuerzas policiales.
Un 59% de las muertes perpetradas en el período analizado fue responsabilidad de dos organismos de seguridad en particular. Se trata del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Esta última es una división de élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). El reporte señala que también cometieron las ejecuciones extrajudiciales documentadas.
«Dos ex oficiales de las FAES, entrevistados por separado, dijeron a la Misión que si las brigadas no mataban a la cantidad requerida de presuntos delincuentes, procedían a ‘matar inocentes’«, agrega el informe.
Los expertos destacan que “las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando, deben rendir cuentas”.
Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al régimen de Maduro
Francisco Cox, miembro de la Misión
Funcionarios del FAES dijeron a la misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular “enfrentamientos”. Una fuente confirmó que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”. Un vídeo de entrenamiento de las FAES, autentificado por la misión, muestra a los funcionarios siendo animados a “matar criminales sin compasión”.
Detención y tortura por motivos políticos
La misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos. También a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios a la dictadura. Mientras, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicados en supuestas rebeliones o intentos de golpe de Estado.
Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario formal, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.
En el informe se documentaron incidentes que incluyen 89 actos específicos de violencia sexual que involucran a múltiples víctimas. La misión advirtió que es posible que existan muchas más víctimas que, por miedo o falta de confianza en los organismos judiciales, decidieron no denunciar sus casos. 70% de los incidentes la violencia sexual fueron perpetrados contra hombres y 30% contra mujeres, de acuerdo con la investigación.
Complicidad del Poder Judicial
La misión de la ONU expresó que las violaciones que investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho en Venezuela. Esta situación incluye una erosión de la independencia de poderes.
El Poder Judicial no sirvió para controlar a otros agentes del Estado, destaca el documento. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.
La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han sido llevadas a enjuiciamientos. En ningún momento se ha presentado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.
“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Marta Valiñas.
“Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la misión identificó”, agregó.
Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes.
Informe de la Misión
Factores democráticos se pronuncian
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y mandatario interino, Juan Guaidó, reaccionó rápidamente en Twitter para decir que el informe funcionó en beneficio de los factores democráticos. El dirigente intenta unir a la disidencia para boicotear las próximas elecciones parlamentarias organizadas por la dictadura de Maduro.
“Los informes de la Misión de la ONU despejan cualquier duda: Maduro es un criminal que, además de lidiar con el narcotráfico y el terrorismo, comete crímenes de lesa humanidad”, escribió. “Es un gran avance que cambia la mesa a nuestro favor en nuestras luchas por la libertad y la justicia para las víctimas”.
El abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, calificó de “histórico” el informe presentado por la misión de la ONU en Venezuela. Explicó que su importancia recae en que, a diferencia de otros documentos sobre la situación de derechos humanos en el país, no solo determina que se han cometido crímenes de lesa humanidad sino que señala “con nombre y apellido” a los responsables de estos actos.
Por encima de las restricciones
Los miembros de la Misión de la ONU no pudieron visitar Venezuela, debido a la falta de respuesta gubernamental, pese a las reiteradas solicitudes. Además se vieron afectados por las restricciones de viaje impuestas por la pandemia de la COVID-19.
Pese a ello, consiguieron 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizaron una serie de documentos confidenciales.
António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, urgió a las autoridades venezolanas a tomarse “muy en serio” el informe de la Misión Internacional de Investigación. Ante una pregunta al respecto, en una conferencia de prensa este miércoles, consideró que la situación reflejada en el documento es “muy preocupante”.
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