Hace 2 meses el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, conmocionó a América Latina y el resto del mundo. En búsqueda de los culpables, 18 militares retirados colombianos fueron detenidos y encarcelados en Puerto Príncipe, la capital. Ahora, denuncian que violan sus derechos humanos. Los torturan y golpean, les causan quemaduras con aceite caliente y los amenazan de muerte, además de sufrir las pésimas condicione del el sistema penitenciario de Haití.
En una misiva con fecha del 6 de septiembre enviada al presidente colombiano Iván Duque, a la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, al defensor del Pueblo Carlos Camargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a los medios de comunicación, los 18 militares describen las torturas. Recibieron quemaduras con aceite caliente, múltiples heridas con armas corto punzantes y martillos, golpes en las extremidades, cabeza, y partes íntimas, incluso amenazas de muerte.
“Se dirigen a ustedes los 18 colombianos detenidos en Haití, para denunciar las gravísimas violaciones sistemáticas de nuestros derechos humanos por el Estado haitiano, específicamente por miembros de la Policía Nacional y la Policía Judicial”, dicen en la carta escrita a mano.
Buscando a los culpables del asesinato de Moïse
Por el asalto a la residencia presidencial y el magnicidio en julio, las autoridades de Haití detuvieran a más de 40 personas. De lo cuales 18 son militares colombianos retirados y los demás son policías y médicos haitianos. En la captura fueron maltratados a pesar de que no ofrecieron resistencia alguna. Además, en las horas posteriores al magnicidio, otros tres colombianos murieron en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad y el sargento Duberney Capador Giraldo resultó herido en la cadera con una esquirla de granada que quedó alojada. Posteriormente, lo torturaron y asesinaron. «Un miembro de la Policía Nacional de Haití le dio el tiro de gracia”, señalan en la misiva.
Uno de los 18 colombianos detenidos es Manuel Antonio Grosso, a quien capturaron “sin armamento”, según los testigos. Al llegar a la estación de policía lo torturaron, «también lo golpearon en los testículos, las costillas y el estómago». La carta señala que Grosso recibió múltiples heridas en la cara y que le quemaron los testículos «con un aerosol y un encendedor».
A cinco Jhon Jairo Suárez Alegría, Germán Alejandro Rivera García, Jheymer Alberto Carmona, Victor Albeiro Pineda Carmona y Alejandro Giraldo Zapata los amenazaron de muerte y dolorosa. «Los policías nos repiten que en Haití no existen derechos humanos”, cuentan en la misiva.
Decadencia del sistema penitenciario en Haití
Como muchos otros aspectos del sistema de justicia de Haití, las condiciones en las cárceles son completamente inadecuadas. Los presos se ven sometidos diariamente a múltiples violaciones de derechos humanos como torturas, negación de comida, agua y medicinas. La muerte es parte de la cotidianidad. Unos 42 presos han muerto solo en 2021, y 21 fallecimientos ocurrieron en la prisión de la capital solo en enero.
Los centros penitenciarios en Haití tienen la mayor tasa de hacinamiento en el mundo. Aproximadamente un 454%, según el Instituto para la Investigación de la Política Criminal, de la Universidad de Londres. Un 80% de los 11.000 internos se encuentran en prisión preventiva, lo que significa que no han sidos sentenciados ni declarados culpables.
Confinados en condiciones inhumanas
En febrero pasado, la representante especial de Haití para la Secretaría General de las Naciones Unidas, y directora de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, Sandra Honoré, exhortó a las autoridades a tomar medidas urgentes para abordar la grave situación penitenciaria. Peor. El Estado carece de los fondos para proporcionarles a los reos agua potable, alimentos, estructuras sanitarias adecuadas y medicinas. Los presos presentan desnutrición generalizada. En junio, la Oficina Integrada de la ONU en Haití reconfirmó que la mayoría de los reos están en “condiciones inhumanas”.
Los médicos han alertado en repetidas ocasiones que las cárceles de la isla están presentando el «mayor índice de muertes prevenibles que se haya presenciado en ninguna otra parte del mundo».
La denuncia de los militares retirados colombianos apunta también que los detenidos heridos «no fueron debidamente atendidos por médicos». En el caso de Jhon Jairo Ramírez Gómez, aseguran que le quemaron el pie derecho con aceite caliente y le causaron una quemadura de tercer grado. Por la falta de atención médica el pie “se le infectó gravemente”.
Los detenidos colombianos sin asistencia jurídica en Haití
La Defensoría del Pueblo, la Cancillería y los familiares de los 18 colombianos han advertido que los detenidos no cuentan con ninguna clase de asistencia jurídica para ejercer su defensa. Los trasladaron a la cárcel, pero el juez asignado para supervisar la investigación renunció el mes pasado por «razones personales». Asignaron otro juez, pero los detenidos no han comparecido ante el tribunal.
Quienes investigan el caso han recibido varias amenazas de muerte para que cambien nombres, circunstancias y declaraciones. Hay muchos hechos ocultos que no desean que los conozca la ciudadanía.
La investigación del asesinato de Jovenel Moïse sigue abierta
El presidente de Colombia, Ivan Duque, ha dicho que a la mayoría de los militares retirados colombianos detenidos en Haití los engañaron para viajar al país «y cumplir una supuesta misión de protección». «Únicamente un grupo muy reducido tenía conocimiento del plan criminal, dijo Duque.
Solo 4 de los 18 colombianos han confesado que les ordenaron asesinar al presidente. Sin embargo, señalan como culpable a Joseph Félix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Los militares retirados aseguran que las declaraciones dadas a la policía judicial fueron “bajo tortura y coacción, sin abogado presente”.
Las autoridades colombianas han indicado que al menos cinco empresas de seguridad, una de ellas CTU Security que es investigada, fueron las encargadas de contratar a los militares retirados colombianos para hacer «el trabajo».
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