La crisis del coronavirus dará ahora un nuevo motivo de preocupación a los inmigrantes que efectúan trámites para la regularización de su situación.
No solo deben afrontar los temores al contagio, las restricciones de circulación y los problemas de suministro de bienes básicos. Las medidas anunciadas por el Gobierno también supondrán un nuevo obstáculo para la obtención o renovación de documentos.
Específicamente, dos medidas supondrán problemas para los inmigrantes: las restricciones de atención presencial y la suspensión de los procesos administrativos.
Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos de procedimientos administrativos en curso para:
🔹Concentrar recursos a actividades esenciales para el Estado
🔹Preservar la salud en el empleo público ante el #COVID19#EsteVirusLoParamosUnidos https://t.co/6H45BhK0pf— La Moncloa (@desdelamoncloa) March 15, 2020
Impacto en los trámites
Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros afectan principalmente a quienes más dependen de las gestiones de la Administración, y en la línea de fuego están los extranjeros.
El nuevo entorno empeora una situación que ya era precaria. La falta de personal en las oficinas de extranjería y la necesidad de un sistema más eficiente y menos burocrático ha ralentizado los procesos de los inmigrantes para adquirir cita previa y realizar sus trámites.
Esta situación afecta a estudiantes extranjeros que deben mantener su documentación al día para proseguir sus actividades académicas y a inmigrantes en el proceso de regularizar su estatus.
Sin documentos, el estudiante puede perder la oportunidad de optar a becas, inscribirse en cursos o, peor aún, permanecer en el país. Para el inmigrante, la situación es igual o peor. No puede optar a un empleo formal o se expone a perder el que tiene. Tampoco puede alquilar una vivienda y, finalmente se enfrenta a la posibilidad de ser deportado.
Cancelación de cuentas bancarias, imposibilidad de retornar a España si necesitan viajar, dificultades para acceder a servicios básicos son algunas de las consecuencias a las que se enfrentan si no tienen los documentos en regla.
Ya ha comenzado la reunión mediante videoconferencia del presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, con los presidentes y presidentas autonómicos para garantizar una coordinación conjunta, urgente y necesaria frente al #COVID19.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/VeVEUwOug6
— La Moncloa (@desdelamoncloa) March 15, 2020
Las medidas en rigor
Este domingo el Gobierno anunció la suspensión de los términos y se la interrupción de los plazos de los procedimientos administrativos en curso, hasta que cese la vigencia del Real Decreto.
La medida fue tomada «con el fin de concentrar los recursos del Sector Público en aquellas actividades esenciales para el funcionamiento del Estado, al tiempo que se preserva la integridad y salud de los empleados públicos», informó la Moncloa a través de un comunicado.
La suspensión es extensiva a la tramitación de los procedimientos de las entidades del Sector Público, hasta la fecha en que pierda vigencia el Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Se aplicará a todo el Sector Publico definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Suspensión en entrega de documentos
Además de todo esto, fue suspendida la expedición de DNI, pasaportes y tarjetas de identificación de extranjeros dentro de las medidas “tendentes a la protección de la salud de los ciudadanos” por la crisis del Covid-19, informó el Ministerio del Interior.
Solo se expedirán documentos “por motivos de urgencia debidamente justificada”, explicó el despacho.
Una vez que se restablezca el servicio, los afectados deberán concertar una nueva cita.
Con el discurrir del tiempo, el problema se agravará. Si cada día se renuevan una media de 20.000 DNI y 5.500 pasaportes, el acumulado podría llegar a 200.000 y 55.000, respectivamente.
«El Gobierno considera que el funcionamiento del sector público debe adaptarse a las circunstancias presentes y conciliar la protección de la salud de los empleados públicos con el correcto funcionamiento de los servicios públicos, especialmente aquellos que son esenciales para la colectividad», explicó la Moncloa para justificar estas medidas.
Delegación de Madrid
En el marco de estas medidas, la Oficina de Extranjería de la Delegación de Madrid, una de las más saturadas, redujo a la mitad las citas previas para tramitar autorizaciones de residencia.
A partir del lunes, serán apenas 22 diarias. Esta situación afectará los procesos de regularización y renovación de miles de personas que ya llevaban meses intentando concluir sus trámites.
La suspensión de los lazos administrativos incluye medidas para priorizar las vías telemáticas, pero la mayoría de los trámites de los extranjeros son presenciales.
Para colmo de males, la suspensión de actividades por la pandemia ha interrumpido el proceso que el Ministerio de Política Territorial estaba llevando a cabo precisamente para automatizar los procesos que se llevan a cabo en las oficinas de extranjería.
Todo esto atenta en contra de los inmigrantes presentando nuevos obstáculo para los trámites que les permitan regularizar su estatus.
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