La necesidad apremia y los solicitantes del ingreso mínimo vital lo saben. También el Gobierno. Los sindicatos. La semana pasada se prendieron las alarmas por el atasco en la tramitación de los expedientes para conceder la prestación, cuyo trámite empezó a mediados de junio.
Los sindicatos tildaron de «caótico» el manejo de la ayuda y anunciaron movilizaciones si la situación no cambia, pues solo se ha resuelto el 0,5% de los expedientes.
José Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores, denunció que nadie ha cobrado el IMV, pese a que, de acuerdo con el Gobierno, está dirigido a 850.000 hogares, donde vivirían alrededor de 2,3 millones de persona, en situación de indefensión económica y laboral.
Álvarez avanzó que el sindicato va a crear una plataforma de gestión de reclamaciones que podría conllevar movilizaciones pese a la pandemia de la COVID-19. Es una situación muy delicada para muchas familias.
Búsqueda de fraudes ralentiza
El Gobierno central, no obstante, aseguró que trabaja para solucionar la demora en septiembre, que era el mes establecido para la evaluación del proceso de tramitación. La prestación tendrá carácter retroactivo desde el 1 de junio.
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, explicó que el retraso en la concesión del IMV se debe a la búsqueda de “fraudes” y “duplicidades” en las solicitudes. [El ciudadano, para la burocracia española, siempre es culpable antes de iniciar cualquier trámite. A ninguno se le considera honrado, todos mienten hasta que demuestran lo contrario].
Escrivá dice que es un proceso riguroso porque se quiere que la ayuda llegue a quienes de verdad la necesitan, pero con tanta rigurosidad no llega ni a moros ni cristianos. Argumentó que hay un fluido intercambio de información entre los ayuntamientos, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Agencia Tributaria. No obstante, lamentó el poco interés de algunas comunidades autónomas en potenciar la red de rentas mínimas y el IMV.
El IMV es un conjunto de medidas de la Seguridad Social que tiene como fin garantizar ingresos mínimos mensuales a hogares en una situación de especial vulnerabilidad. “Casi la mitad de los hogares (por beneficiarse) tienen menores a cargo, y entre 70.000 y 100.000 son hogares monoparentales. Esos 850.000 hogares se encuentran entre el 17% más pobre de la población, con una renta disponible media que no llega a los 310 euros mensuales”, afirmó la Revista Seguridad Social.
Hay denuncias de fraude y duplicidad
La Revista Seguridad Social informó que el INSS reconoció el IMV en favor de más de 80.000 hogares: «Representa el 56% del total de las solicitudes analizadas, que pasan de 143.000”.
Anunció que finales de septiembre el INSS hará un estudio de la evolución durante estos meses. Afirmó que quienes hayan hecho la solicitud hasta el 15 de septiembre y tengan derecho a ella, de acuerdo con la documentación acreditada, se les concederá el IMV con efectos retroactivos desde el 1 de junio.
Acotó que las duplicidades y la falta de documentación han afectado el proceso: “Los datos facilitados no son concluyentes, puesto que las duplicidades y la falta de documentación en gran parte de las solicitudes distorsionan las cifras.
El INSS ha detectado que el 7,5% del total de las solicitudes (cerca de 750.000) se han recibido por duplicado. Además, cerca de un 40% de las solicitudes examinadas han llegado con la documentación incompleta (gran parte sin certificado de empadronamiento), lo que implica que la entidad debe comunicar al solicitante la incidencia para que aporte la información requerida. Hasta la fecha, entre las revisadas hay más de 25.800 solicitudes pendientes de documentación”.
A su vez, se han denegado cerca de 3.800 solicitudes. Más de la mitad de los casos se deben a que exceden los límites de renta o patrimonio que se han fijado como requisito para hacerse con este beneficio.
El organismo informó que desde el 15 de junio el INSS ha recibido unas 750.000 solicitudes y que esta cifra equivale a los expedientes de pensiones que resuelve en todo un año.
Situación laboral en España
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el número de ocupados disminuyó en 1.074.000 personas en el segundo trimestre de este año. El total de ocupados fue de 18.607.200. Escrivá saludó el 24 de agosto la creación de 132.000 empleos netos.
No obstante, el sector servicios fue el más golpeado —también para el segundo trimestre— con 816.900 empleos menos. Le siguen industria con 127.000, construcción con 108.700 y agricultura con 21.400.
En cuanto a las comunidades autónomas, las islas Baleares fue la única en la que aumentó la ocupación durante ese trimestre con 9.200 puestos más. Sin embargo, en Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid decreció en mayor medida. Así, en Cataluña se perdieron 223.700 puestos de trabajo; en Andalucía, 198.100, y en la Comunidad de Madrid, 184.400.
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