La oleada migratoria a Estados Unidos continúa incrementándose, un gran negocio para las bandas criminales de tráfico humano
Una combinación de factores como la violencia, la pobreza y la inestabilidad política ha generado una crisis migratoria sin precedentes en América. Expone a miles de personas vulnerables a las garras de las redes de traficantes. En el destino soñado, Estados Unidos, las autoridades permanecieron impasibles mientras el crimen organizado se enriquecía a costa del dolor y la desesperación humana.
La crisis migratoria latinoamericana es de proporciones alarmantes y también el tráfico humano. Las redes criminales se aprovechan de la desesperación de los migrantes y los someten a la esclavitud y explotación.
De Honduras, Guatemala y El Salvador, azotados por la violencia de las pandillas y la corrupción, los ciudadanos huyen en busca de seguridad y un medio de vida. Además, las crisis política y económica de Venezuela, Haití y Nicaragua han generado una estampida hacia países vecinos y Estados Unidos. El incremento de la migración irregular a Estados Unidos ha sido exponencial. Datos de la Organización Internacional para las Migraciones indican que en un año hubo más de 2,3 millones de cruces ilegales. En el intento, miles de migrantes mueren en la selva del Darién, el desierto de Sonora o ahogados en el río Bravo.
Los traficantes, a cambio de grande sumas de dinero, les ofrecen a los migrantes servicios de transporte que los exponen a todo tipo de peligros. El sueño americano convertido en pesadilla.
Un negocio rentable y libre de impuestos
El tráfico humano genera anualmente alrededor de 150.000 millones de dólares en ingresos globales que incluyen múltiples formas de explotación tanto laboral como la sexual. Solo en 2023, en el mundo 133.943 personas fueron víctimas de la trata. En América Latina y el Caribe, fueron identificadas más de 18.000 personas.
Diariamente, unas 8.000 personas cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, una cifra que desborda la casi ausente capacidad de los gobiernos locales y nacionales para gestionar el flujo de migrantes.
La historia de Felipe Diego Alonzo, humilde agricultor maya, revela la industria multimillonaria existente de las organizaciones criminales detrás de la migración irregular. Su apariencia sencilla y su vida rural, escondía a un poderoso capo de la trata de personas cuyo imperio criminal, más lucrativo que el narcotráfico, se extendía desde las selvas de Guatemala hasta la frontera estadounidense.
Un informe de 2023 del Departamento de Seguridad Nacional estima que el 80% de los que cruzan ilegalmente contratan a estas redes de trata de personas que crearon una ruta vez más eficiente que el control de las autoridades.
Viendo para el lado equivocado
El multimillonario negocio ilícito de trata de migrantes estaba fuera del radar del gobierno estadounidenses. Desentendido de combatir y desmantelar las redes de tráfico humano, los cárteles de Sinaloa y Jalisco encontraron una lucrativa fuente de ingresos, estimada entre 4.000 millones y 12.000 millones de dólares cada año. Christopher Landau, ex embajador de Estados Unidos en México, describió la inacción de Washington como «una omisión importante».
Los fiscales carecían de herramientas para desmantelar las redes de tráfico de personas y las sentencias judiciales eran más indulgentes con el tráfico humano que con el de drogas. A menudo resultaban en penas de prisión de unos pocos meses. En los años recientes, cuando el problema estaba fuera de madre, el Departamento de Justicia creó un grupo de trabajo para colaborar con México y América Central en el desmantelamiento de las redes de trata de personas. Entonces fue posible la captura y condena de Felipe Diego Alonzo y 19 de sus cómplices.
Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, admira la valentía de los fiscales latinoamericanos que arriesgan sus vidas para aplicar la ley, pero considera que el esfuerzo se pierde constantemente por el deterioro de las instituciones democráticas y el desbordado crecimiento del crimen organizado.
Coyotes 2.0
En la década de los noventa, Estados Unidos fortaleció los controles en la frontera con México ante la creciente inmigración ilegal. Duplicó la Patrulla Fronteriza, construyó muros y barreras, añadió sensores. Pretendía construir una suerte de fortaleza inexpugnable. Sin embargo, los incentivos para la migración no cambiaron. Necesitan la mano de obra barata que huye de la pobreza, la violencia, la falta de libertad y la ausencia de futuro. Irónicamente, a medida que los muros se alzan y las patrullas fronterizas se intensifican, más exitoso es el tráfico de personas.
Las medidas fronterizas más restrictivas impulsaron servicios más sofisticados, organizados y caros para los migrantes. La actividad de los guías conocidos como «coyotes» se transformaron en una sofisticada operación criminal a gran escala orquestada por organizaciones transnacionales y respaldada por carteles de la droga. Mantienen redes de abastecimiento, flotas de camiones y alojamientos encubiertos para cientos de migrantes. Jayson Ahern, ex comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, afirma que mientras Estados Unidos fortificaba la frontera, los contrabandistas asumieron un enfoque más empresarial, con equipos más grandes y mejor apoyo logístico.
Felipe Diego Alonzo es uno de esos “empresarios migratorios”. Creció en el estado de Huehuetenango, el corazón del contrabando en Guatemala. Su familia era pobre, pero construyó un negocio de trata que generaba unos 20 millones de dólares al año. Empleaba docenas de personas, desde reclutadores de migrantes y transportistas, hasta blanqueadores de dinero, guías y operadores de casas de seguridad.
Alonzo mantuvo vínculos con los carteles que controlan los corredores terrestres a través de México y pagaba 500 dólares a los narcotraficantes en los puntos de cruce guatemaltecos por persona
Un cadáver permite avanzar
En mayo del 2021, encontraron en el desierto de Texas el cadáver de Marta Ana Raymundo, una joven guatemalteca de 21 años. Fue el detonante de una operación internacional que sacudió los cimientos de una de las redes de tráfico de personas más grandes de Centroamérica. Desenmascaró el imperio criminal de Felipe Diego Alonzo.
Las detenciones en la frontera estadounidense se duplicaron en un intento por contener la creciente oleada migratoria. El 7 de junio de 2021, el fiscal general Merrick Garland anunció la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa (Alfa Task Force) con fiscales federales y una amplia gama de recursos de inteligencia, incluidos el FBI, la DEA y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional.
Se proponía superar la carencia de aliados en México y América Central que ayudaran a los fiscales estadounidenses a construir casos contra los jefes del tráfico humano, y reforzar las pautas federales de sentencias contra el delito de tráfico humano.
Un viaje que termina en muerte
Marta Ana Raymundo viajaba desde el altiplano occidental de Guatemala a Atlanta para reunirse con su padre. Después de una agotadora caminata por el desierto de Chihuahua y un viaje por Texas en una camioneta todo terreno repleta de migrantes, llegó a un refugio en Odessa, donde se desplomó y murió.
Los fiscales determinaron que se trataba de una operación de contrabando que terminaba en muerte, un delito que se castiga con décadas de prisión. Allanaron una casa de seguridad en Odessa y arrestaron a dos guatemaltecos. Confiscaron libros de contabilidad, recibos financieros y más de 100 teléfonos celulares. Felipe Diego Alonzo, el cabecilla, fue capturado y condenado.
A pesar de los esfuerzos, la encarcelación de contrabandistas de personas ha sido muy limitada. La lucha contra el tráfico de personas es un juego de ajedrez global. Cada movimiento incluye una compleja red de factores políticos, económicos y sociales en la que la corrupción puede determinar el resultado.
Caída del capo del tráfico humano
La carrera de tratante de Felipe Diego Alonzo finalizó en un tribunal estadounidense. En marzo de 2023, fue extraditado a Texas y se declaró culpable de participar en la operación que resultó en la muerte de una migrante. Lo condenaron a 19 años y 7 meses de prisión; 5 de sus cómplices recibieron penas de entre 10 y 30 años de cárcel. Otras 28 personas fueron condenadas y sentenciadas en Guatemala.
La Task Force Alpha ha logrado detener 300 contrabandistas nacionales e internacionales, pero la industria del contrabando de personas sigue prosperando. Peter Andreas, politólogo de la Universidad Brown, explica que, tanto el tráfico de migrantes como el de drogas, están impulsados por complejos factores de oferta y demanda. Por eso, aunque el desierto de Sonora sea un obstáculo formidable y la selva de Darién una trampa mortal, la travesía es una prueba de supervivencia para los desesperados migrantes y para los coyotes continuará siendo un negocio muy lucrativo.
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