Sin medias tintas. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirma que la crisis venezolana “está arrasándolo todo”. Por ello incita a Venezuela y al mundo a comprometerse con resolver la profunda crisis humanitaria que afecta a la población venezolana.
“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo”, expresa Bachelet en el informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, entre enero y mayo de 2019.
“Mi Oficina está lista para seguir apoyando”, dice, tras haber visitado Venezuela hace menos de un mes.
En mi primera visita a #Venezuela como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espero escuchar todas las voces y trabajar con todas los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos. Haré una declaración el viernes. pic.twitter.com/K8ME1biYcn
— Michelle Bachelet (@mbachelet) June 20, 2019
Advierte que las víctimas de violaciones de derechos humanos “no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada”. Por esa razón reprocha la inacción del Estado.
“El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos”.
En la evaluación, la Oficina de la Alta Comisionado considera que Venezuela «ha implementado leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático». Y lo ha hecho por más de un decenio.
El documento ha sido publicado en medio de duras críticas al régimen de Nicolás Maduro, por el uso de la tortura y de la excesiva fuerza pública contra personas y manifestaciones ciudadanas.
El informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el 41 período de sesiones que culmina el 12 de julio.
Informe de la crisis
Aunque los derechos a la alimentación y a la salud son los primeros escrutados en la crisis, por la alta comisionada, la violación de los derechos civiles y políticos ocupa gran parte del informe.
Destacó las altas cifras de detenciones arbitrarias y de la violencia policial suministradas por organismos, al contrastar las suministradas por las organizaciones no gubernamentales Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Violencia, con las oficiales.
Resaltó casos de desapariciones forzadas, la mayoría de los casos tras detenciones por protestar y preservar sus derechos ciudadanos. También «encontró graves y repetidas violaciones» del derecho a un proceso judicial justo.
«En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante», afirma el informe.
Mencionó «la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas».
Cese de «ataques» a la oposición venezolana
Además documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, «en particular por efectivos del Sebin y de la Dgcim (polícias políticas y de inteligencia), así como por oficiales de la GNB».
El centro de detención en la sede del Sebin- Helicoide, no está adaptado para cumplir los estándares específicos de género, precisa el informe.
«Ninguna de las víctimas entrevistadas que fueron liberadas ha sido indemnizada por la violación de sus derechos por haber sido detenidas arbitrariamente».
En el caso de las víctimas de la represión durante las protestas de 2017 contra la crisis en Venezuela, en ausencia de un proceso imparcial, familiares entrevistados «consideran el apoyo financiero como un intento de comprar su silencio».
«Las autoridades han atacado especialmente a determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que constituyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas», puntualiza el informe.
Ni comida ni salud de calidad
Información verificada por la Oficina «confirma violaciones del derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre».
Asegura que el programa de asistencia alimentaria con el nombre de CLAP no cubre la carencia de nutrientes y tampoco el gobierno demuestra que utiliza los recursos disponibles y necesarios.
«La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces al día y que consumían pocas proteínas o vitaminas».
También califica de «grave» la situación del derecho a la salud. Señala que la infraestructura de los hospitales es inadecuada, lo que ocasiona éxodo del personal médico y de enfermería. Y tampoco hay medicamentos.
Destaca la aparición de epidemias que estaban controladas y la ausencia de anticonceptivos que facilitan el riesgo de contraer VIH y otras enfermedades sexuales.
«Las violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos».
Afirma que el gobierno viola también el derecho a la salud, al no publicar datos sobre la salud pública. Esta información es esencial para dar respuesta a la actual crisis sanitaria que padece el país.
Recomendaciones a la carta
La Oficina hace unas 23 recomendaciones a las autoridades venezolanas para que garanticen el ejercicio de los derechos humanos.
Entre estas solicita que se adopten medidas para cesar y prevenir las violaciones graves, como la tortura y ejecuciones extrajudiciales. Pide también que se disuelva la FAES, policía señalada de practicar cientos de ejecuciones extrajudiciales.
Reitera su petición de poner en libertad a todos los presos políticos, y que se acepte y facilite la instalación de una oficina permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Llama a proteger a la población indígena y a los migrantes de la desatención y abusos de funcionarios.
Entre sus llamados al Gobierno, insta a que se garantice la libertad de expresión: que se revoque la clausura de medios de comunicación social y la censura. Además, que garantice el acceso a internet y a las redes sociales.
El informe recoge información recopilada entre septiembre y abril de 2019. En ese lapso realizó más de 500 entrevistas a víctimas en ciudades de Venezuela, así como a refugiadas y migrantes venezolanos en ocho países. Incluye además resultados de la visita de Bachelet al país, desde el 11 hasta el 22 de marzo de 2019.
Este es el texto completo del informe de la ACDH:
Para más información ingrese a: Cambio16
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