Nuevo Laredo, México, es una ciudad fronteriza con Estado Unidos situada al lado sur del Río Bravo. En el estado de Tamaulipas. Se le conoce por sus historias, leyendas, películas y telenovelas. En los últimos años, las organizaciones criminales se han apoderado de ese territorio y han desplegado una feroz lucha entre ellas por el control de las rutas del narcotráfico. Cueste lo que cueste. Incluso la vida de unos 100.000 desaparecidos que México busca con atrevimiento y espanto.
Es un submundo de horror. Asesinatos, carteles de la droga, extorsión, corrupción. Allí, en una localidad abandonada, un pie quemado pero todavía con tejido dio una pista clara a las autoridades. Estaba en una casa en ruinas junto a la línea limítrofe con Estados Unidos, con techos calcinados. Impactos de bala y marcas de hachazos en el suelo que había sido utilizada para hacer desaparecer personas hasta fechas recientes.
Después de casi seis meses de trabajo, los peritos no se atreven a estimar cuántas personas pudieron haber sido desaparecidas en este “sitio de exterminio”. En una pequeña habitación, la masa compactada de restos humanos y escombros llegaba a unos 50 centímetros de altura.
Todavía hay incontables trozos de huesos humanos esparcidos en los más de 7.000 metros cuadrados del árido rancho. Y alambres retorcidos que aparentemente fueron usados para atar a las víctimas.
Cada día, los peritos guardan lo que encuentran -huesos, botones, aretes, trozos de ropa- en bolsas de papel. Detallan el contenido: “Zona E, Punto 53, I Cuadrante. Fragmentos de restos óseos con exposición al fuego”.
Al llegar al servicio forense de la capital de Tamaulipas, las bolsas apiladas en cajas esperan su turno junto a otros restos. Tendrán que pasar meses hasta ser analizadas. Hay pocos recursos y demasiados fragmentos, demasiados desaparecidos, demasiados muertos.
México, los desaparecidos y el horror de la búsqueda
La casa de Nuevo Laredo, a la que The Associated Press tuvo acceso, es la más dolorosa evidencia de la magnitud del fenómeno de los casi 100.000 desaparecidos de México. Las 52.000 personas sin identificar en morgues y cementerios y los miles de restos calcinados que sólo pueden cuantificarse por kilos. Y estas cifras no dejan de crecer.
“Sacamos un caso y nos llegan 10”, se lamentó Oswaldo Salinas, jefe del equipo de identificación de la fiscalía de Tamaulipas.
Tampoco hay avances en la justicia. Según datos de la Auditoría Federal de la República, de las 1.600 investigaciones abiertas en la fiscalía federal por desapariciones forzadas, a manos de las autoridades o, individuales a manos de los cárteles, ninguna llegó a los tribunales en 2020.
Sin embargo, el trabajo forense continúa. Se trata de encontrar respuestas, aunque sólo sea para la familia de alguna víctima.
En medio de la devastación una perito sonríe: acaba de encontrar un diente sin calcinar, un tesoro donde todavía puede haber ADN.
Al recorrer por primera vez los últimos 100 metros del camino de terracería hasta llegar a la casa de Nuevo Laredo, Jorge Macías, titular de la comisión estatal de búsqueda, y su equipo tuvieron que ir cortando la maleza a la vez que levantaban los restos óseos que hallaban para no destruir evidencias. También encontraron un barril metálico tirado en un bebedero, palas y un hacha con restos de sangre. De fondo, se oían los disparos de un enfrentamiento.
Casi seis meses después todavía hay unos 3.000 metros cuadrados del rancho sin procesar.
Criminalidad límite y perversión
La casa en ruinas ya está vacía pero tiene cuatro zonas renegridas, cuatro puntos de cremación. En lo que pudo ser un baño los peritos tardaron tres semanas en levantar cuidadosamente la masa compacta de restos humanos. Concreto y llantas derretidas, explicó Salinas, encargado de los trabajos en el lugar. Todavía hay marcas de grasa en las paredes.
Macías encontró la casa en agosto cuando buscaba a más de 70 personas. A las que se les perdió la pista en la primera mitad de 2021 en un punto de la autopista que une esta ciudad con Monterrey. La de mayor trasiego comercial entre México y Estados Unidos.
El lugar se conoce como el kilómetro 26. Es una frontera invisible, la puerta de entrada al reino del Cártel del Noreste, una escisión de los antiguos Zetas, reseñó The Associated Press.
En pequeñas construcciones junto a la carretera hay puestos que venden café y comida. También combustible robado, facturas falsas y droga para evitar el sueño al volante. Celulares anónimos graban a cualquier visitante que ven sospechoso. Más al norte, la carretera está flanqueada por postes de luz con impactos de armas de grueso calibre.
La mayoría de los desaparecidos en México y aquí eran camioneros y taxistas. Pero también había al menos una familia y algunos ciudadanos estadounidenses. Una decena fueron localizados con vida.
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB),dijo que las desapariciones parecían estar relacionadas con una disputa. Entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere entrar en la zona, y el del Noreste. No está claro si esas personas hacían traslados ilegales, por ejemplo de migrantes, si sus vehículos fueron confundidos. O si la intención era simplemente generar terror.
“Sitios de exterminio”
El fenómeno de las desapariciones en México estalló en 2006 con la guerra frontal contra los cárteles. Durante años el gobierno miró para otro lado mientras la violencia vinculada al crimen organizado crecía. Y los familiares de los desaparecidos se veían forzados a convertirse en detectives.
Gracias a su incansable lucha en 2018, al final del gobierno anterior, se aprobó una ley de la que surgieron nuevas instituciones con este gobierno. Primero se creó la CNB, a la que siguieron comisiones locales en cada estado. Se aprobó un protocolo sobre cómo buscar de manera efectiva y separar los trabajos de búsqueda de la investigación criminal. Y más recientemente nació el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Un ente temporal e independiente con apoyo de Naciones Unidas con el que se espera agilizar el trabajo pericial desde hace años.
El número oficial de desaparecidos se eleva a 98.356. Sin haber vivido las guerras civiles ni las dictaduras militares de otros países latinoamericanos, esta cifra sólo es superada por Colombia. Un país marcado por cinco décadas de conflicto armado interno.
En México se busca a quien desapareció en los años 60 y que al que se perdió hoy. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue el primero en reconocer la magnitud del problema. En hablar de “sitios de exterminio”, un concepto que no es legal pero que tiene gran calado político. Y el primero en buscar activamente a los desaparecidos.
Garantizó en 2019 que no faltarían recursos. Sin embargo, la CNB, que iba a tener 352 empleados este año, sigue con 89. La que lidera Macías, con presupuesto para 22, sólo ha cubierto una docena de plazas. No es cuestión de dinero, sino que los trabajadores no han pasado los controles de confianza. Incluidos los migrantes que cruzan el país.
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