Menos de un 3% de la evasión total se acogió a la amnistía fiscal

Por Cambio16
9/6/2017

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han exigido la dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la amnistía fiscal aprobada en marzo de 2012. Menos de un 3% de la evasión total del país se acogió a la amnistía. De esta forma, estimaron que la sentencia da un fuerte varapalo al Gobierno poniendo de manifiesto que quebró los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución.

En consecuencia, Gestha considera que Montoro no veló por preservar los principios esenciales que deben regir el sistema tributario para que sea considerado justo, por lo que la continuidad del titular de la cartera de Hacienda es insostenible.

Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional parece cerrar la puerta a nuevas amnistías al argumentar que el Estado está obligado a exigir a todos el sufragio de los gastos públicos sin que pueda legitimar con la amnistía la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar según su capacidad económica, quedando finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo con sus obligaciones fiscales.

Los técnicos de Hacienda advirtieron ya en 2012 que el gran inconveniente de cualquier amnistía es que ataca al principio de igualdad pues provoca un agravio comparativo para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, que soportan tipos superiores que en el IRPF llegaron hasta el 52% –al 56% en Cataluña– y hasta el 30% en Sociedades, mientras que los defraudadores pudieron saldar sus cuentas con el Fisco con el pago del 10%.

Madrid y Cataluña, las que más dinero recaudaron

Las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña concentraron el 64,2% de todo el dinero recaudado por la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, una medida extraordinaria en vigor en 2012 a la que se acogieron patrimonios ocultos que solo pagaron por el 10% del dinero no prescrito y defraudado a Hacienda.

Así, en Madrid y Cataluña fueron más de 760 millones de los casi 1.200 millones recaudados, seguidas a gran distancia de otras autonomías como Comunidad Valenciana (124,2 millones), Andalucía (65,2 millones) y Galicia (44,6 millones).

En todo el país, la adhesión de los contribuyentes a esta medida fue poco representativa, debido en gran medida a la confianza en mantener oculto el patrimonio en paraísos fiscales, así como las dudas generadas con el recurso de inconstitucionalidad que presentó en su momento el grupo socialista y la necesidad de presentar complementarias de IVA y del Impuesto de Patrimonio. De hecho, la amnistía apenas recaudó 1.191 millones la mitad de 2.482 millones previstos por el ministro de Hacienda.

Para Gestha, la recaudación de la amnistía que afectó principalmente a los años 2008 a 2010, en relación a la evasión total en esos tres años, supone que menos de un 3% de la evasión total del país se acogió a la amnistía. Es decir, el 97% de la evasión sigue manteniendo sus activos ocultos.

Este dato revela que esta medida, que el Gobierno denomina eufemísticamente como “regularización de activos”, no ha servido para reducir la economía sumergida, al igual que ocurrió en las tres amnistías anteriores realizadas en 1977, 1984 y 1991.

Por el contrario, la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) podría haber recaudado entre 5.300 y 8.700 millones de euros si hubiera aplicado los tipos de gravamen que corresponderían a esos 12.000 millones en patrimonio aflorado con la amnistía.

Para reducir la economía sumergida, Gestha considera necesario aplicar la ley a quien defrauda sin excepciones, además de reorganizar en profundidad el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria estatal, otorgando mayores responsabilidades y competencias en la lucha contra el fraude a toda la plantilla, especialmente a los 8.000 técnicos de Hacienda para, en una segunda fase, aumentar los efectivos. Además, debería dedicarse más esfuerzo en perseguir el fraude de las multinacionales y grandes compañías del país, en vez de concentrar el 80% de los recursos a investigar a autónomos, microempresas, pymes y asalariados.