Por Efe
05/10/2016
Mediapro y GolT han solicitado este miércoles en el juicio que han promovido contra Rojadirecta en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña el cese de la web, que ofrecía enlaces piratas y que facturaba más de un millón de euros, por haber infringido, presuntamente, la ley de propiedad intelectual e incurrido en competencia desleal.
La titular del juzgado coruñés ha dejado el caso visto para sentencia después de cuatro horas de juicio y los demandantes no han solicitado indemnización económica a Rojadirecta en el caso de que quede probado que haya incumplido la ley pero sí que cese de publicar enlaces a contenidos sobre los que tienen derechos.
La jueza deberá dirimir si Rojadirecta ha cometido delito alguno al facilitar esos enlaces a contenidos audiovisuales de pago que se obtenían de manera pirata y determinar también si los aportaban usuarios (como argumenta la defensa) o el administrador de la web, y si esta, además, estaba detrás de las páginas de internet que contenían las imágenes.
Los abogados de Mediapro y GolT han defendido que tienen «en exclusiva los derechos de retransmisión de los partidos» y han considerado que Rojadirecta «lo que hace es parasitar los esfuerzos de los titulares de esos derechos».
En su opinión, la web, que fue cerrada cautelarmente el año pasado, sigue una «estrategia de simulación» e intenta presentarse como «un servicio de intermediación» al ofrecer enlaces a contenidos audiovisuales piratas.
Para el abogado de Mediapro, Rojadirecta «no es un mero intermediario» y, además, solo por el hecho de indexar los contenidos «ya está infringiendo» la ley.
La defensa de Puerto 80 Projects, administrador único de Rojadirecta, ha solicitado la desestimación íntegra de la demanda con imposición de las costas a la parte contraria.
En las conclusiones, el abogado de la web ha considerado que en el juicio no quedó acreditado que Mediapro sea la productora efectiva y legal de la retransmisión de los partidos y recordó que «lo ideal» es que la parte actora «hubiera aportado los contratos con los clubes».
«El único contrato que hay es uno con Futmedia, que cede los derechos a GolT. Debería haber un contrato de cesión de Mediapro a Futmedia. ¿De dónde le vienen los derechos a Futmedia?», se ha preguntado el letrado, quien consideró que hay «falta de legitimación activa» por parte de los demandantes.
También ha incidido en que no se ha probado que a través de los enlaces que ofrecía Rojadirecta pudieran verse partidos completos porque en las actas notariales que aportó la acusación «se da la hora de comienzo pero no la de su finalización».
Además, ha indicado que Rojadirecta «no hace ningún acto de censura previa» y los contenidos los «aportan terceros a través de una aplicación con algoritmos y estructuras matemáticas», por lo que «no depende» de su cliente «qué cosa poner y cuál no».
Por otra parte, ha manifestado que «el enlace» en sí mismo «no es un acto de comunicación pública» y ha recordado que el interés económico de «Puerto 80 no está vinculado a una actividad infractora, sino a enlaces a casas de apuestas que, a su vez, tienen derechos de emisión».
Sobre esto, el abogado de Igor Seoane, administrador único de Puerto 80, ha afirmado que el enlace no implica comunicación pública aunque sí la facilite, y tampoco cree que haya ánimo de lucro porque los ingresos no proceden de esos enlaces sino de los que dan acceso a casas de apuestas.
En este sentido, el asesor contable de Puerto80 Projects indicó en su declaración como testigo que los ingresos de la empresa proceden en su totalidad de esas casas de apuestas.
Roberto Freire señaló que los ingresos de Rojadirecta «vienen de la facturación a empresas» que facilitan las «apuestas por internet».
«Por lo que me ha manifestado el administrador, es una especie de participación (en las cantidades) que generan para las casas de apuestas los clientes que se registran en ellas a través de las webs de Rojadirecta», aseguró el asesor a preguntas de la defensa.
Posteriormente, reconoció que los ingresos de Rojadirecta son de entre «uno y dos millones» de euros anuales y admitió que las cuentas están sin depositar en el Registro Mercantil.
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