La destitución de Martín Vizcarra como presidente de Perú generó una fuerte ola de protestas. Decenas de miles de personas salieron a las calles de Lima y otras ciudades. Las fuerzas policiales reprimieron con particular intensidad y algo de saña. Dos personas murieron y otras cien resultaron heridas. Los perdigones, balas de gomas y gases lacrimógenos fueron suministrado por España.
Las protestas finalizaron con la renuncia del presidente interino Manuel Merino, a los cinco días de haber asumido. La ONG defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional hizo una exhortación al Gobierno del Reino de España para que controle cómo es utilizado el material represivo cuya exportación autoriza. No es la primera vez que los perdigonazos y los gases tóxicos se utilizan al margen de los derechos humanos, pero debería ser la última en correspondencia con el discurso que exalta el respeto de los derechos humanos .
Piden suspender la venta de estos equipos
En su reclamo, Amnistía Internacional le pide al gobierno de PSOE y Unidas Podemos sean suspendidas las exportaciones de material antidisturbios a Perú ante el «riesgo de impunidad y del uso excesivo de la fuerza» por la policía y el personal de tropa de las Fuerzas Armadas.
En 2019, España no exportó material policial a Perú. Sin embargo, concedió 4 licencias por valor de más de 9 millones de euros. Amnistía Internacional asegura que, en los últimos 5 año, se ha autorizado la exportación de equipos antidisturbios por un valor superior a 23 millones de euros. Aunque solo se han materializado envíos por poco menos de 3 millones.
Amnistía Internacional exige al Gobierno que se suspendan los envíos de este tipo de material, que se revoquen las licencias de exportación ya concedidas y que no se concedan nuevas.
Hay que tener cuidado
Si bien el uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones de calle es responsabilidad de las autoridades peruanas, Amnistía Internacional y otros grupos activistas recuerdan al Gobierno de España la necesidad de estar atentos acerca del respeto a los derechos humanos en los países a los cuales les vende material antidisturbios de producción nacional.
En abril de 2014, España suspendió la venta de equipos antimotines a Venezuela debido a la inestabilidad social. La decisión se tomó en medio de una escalada de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. En ese momento la represión había matado a 30 personas, herido a más de 500 y detenido más de 2.000.
Eso no es todo
En julio pasado, en el sur de Túnez miles de personas salieron a la calle para denunciar la grave situación en la que viven. El gobierno del Kais Saied ordenó cargar contra los manifestantes que pedían empleo. Los gases lanzados a la multitud provenían de España. En 2019 el Gobierno autorizó vender a Túnez cartuchos lacrimógenos por un valor de 85.176 euros. La operación fue aprobada por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso.
También en ese caso Amnistía Internacional se colocó al frente de las denuncias. La ONG expresó su preocupación por el uso de las autoridades tunecinas dieran al material represivo. Las decenas de personas detenidas denunciaron tortura u otros maltratos a manos de la Policía o de la Guardia Nacional. En muchos casos, se les negó el derecho a llamar a alguien de su familia o que les prestara asistencia legar. Tampoco se les permitió que un reconocimiento médico.
Las ventas no se limitan a equipos antimotines. En octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de Grecia, Nikos Dendias, pidió a sus homólogos de España, Alemania e Italia que pongan fin a la venta de armas y material de defensa a Turquía que las utiliza en sus «provocaciones» en el Mediterráneo.
Dendias se basó en la decisión del último Consejo Europeo sobre la obligación de los Estados de la UE de suspender la venta de equipamiento militar a terceros países que lo utilicen para acciones agresivas o para desestabilizar sus respectivas regiones. A juicio del Gobierno de Atenas ese el caso de Turquía.
Más atención
Sea en Perú, Venezuela o Túnez. Que el material antidisturbios sea de origen español y lo utilicen «democracias» sin libertades ni derechos para sus ciudadanos, no debe ser tomado a la ligera. La defensa de los valores democráticos tan protegidos dentro de España debe manifestarse también fuera de las propias fronteras.
Ya dio un paso en 2014, cuando se dejó de vender armas y equipos policiales a Venezuela. Si bien esto no ha impedido que la represión de la dictadura de Maduro siga su marcha, se lanzó un mensaje muy claro: España no será su cómplice.
La misma iniciativa debe, como ha pedido Amnistía Internacional, aplicarse en otros países en donde se violen los derechos humanos. Si necesitan equipos para reprimir a sus ciudadanos, que no los busquen en España.
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