Por Cambio16
06/02/2017
Artur Mas ha asumido este lunes toda la responsabilidad de la convocatoria de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le juzga desde esta mañana junto con las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega, el exmandatario ha asumido la «iniciativa política» de dicho proceso y ha recalcado que su llamamiento no fue un «capricho» sino que cumplió con el «mandato» que los catalanes le dieron las urnas.
«Siempre me he declarado responsable de haber tenido la idea del proceso participativo y de haberlo puesto en práctica, de haber dado las instrucciones para que los catalanes pudieran participar», ha declarado durante el juicio.
Por su parte, la exconsellera Joana Ortega ha reconocido que ella fue quien diseñó cómo sería «el proceso participativo», pero ha depositado toda la responsabilidad de llevarlo a cabo finalmente en los voluntarios. Ortega ha alegado que los «más de 40.000 voluntarios» fueron el «alma» de la consulta soberanista del 9N de 2014 y fueron ellos los que «hicieron posible» el proceso participativo, y no la Generalitat, que lo había dejado «en sus manos» desde días antes.
En su declaración Rigau ha negado que presionaran a directores de institutos para abrir el 9N y ha señalado que entre el 4 y el 9 de noviembre no dictó ninguna decisión administrativa.
Tanto Mas como Rigau y Ortega están acusados todos ellos de desobediencia y prevaricación por impulsar y permitir la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.
Todos ellos han llegado a las 9 horas de la mañana al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde han sido arropados por decenas de miles de catalanes que han querido mostrar su repulsa por la decisión de la Justicia de encausar a estos exdirigentes y han reclamado «democracia». Entre ellos estaba el actual president catalán, Carles Puigdemont.
Los ciudadanos, cerca de 40.000, han llegado desde todos los puntos de la comunidad en distintos autobuses y responden al llamamiento realizado por las distintas fuerzas independentistas.
La Fiscalía solicita una pena de nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para los tres políticos independentistas, además de una multa de 36.000 euros para Mas y de 30.000 para sus exconsejeras.
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