El Congreso de los Diputados aprobó la primera Ley de Cambio Climático de España. Mientras la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera celebraba la decisión con un grupo parlamentario, más de cien ONG ecologistas señalan que el texto legal no está a la altura de la emergencia climática. Por tanto, es una oportunidad que se pierde.
La Ley, aprobada por la mayoría, llega más de cinco años después del Acuerdo de París y marca los objetivos para alcanzar la descarbonización. Establece que las emisiones de CO2 en 2050 no superen la capacidad de absorberlo para que España sea «climáticamente neutra». Esto supone, entre otros compromisos, rebajar la liberación de gases y producir toda la electricidad de manera limpia.
«Es una ley que el país necesita y que se había postergado demasiado tiempo. Hay amenazas y riesgos que no distinguen colores políticos, pero que sí se ceban en los más vulnerables. Nuestra generación tiene la gran obligación de afrontar el cambio climático. No queremos dejar un modelo de crecimiento insostenible abocado al colapso», dijo la vicepresidenta cuarta y ministra Teresa Ribera, en el hemiciclo.
A las afueras del Congreso se concentraron activistas, ecologistas y dirigentes sindicales. Portaron pancartas en rechazo de la Ley, por considerar que es insuficiente. Cristina Saavedra, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra, señaló que la ONG celebra la aprobación de una ley de estas características. Aunque cree que el Gobierno está «perdiendo una oportunidad con un texto excesivamente flojo».
Es una ley «muy por debajo de las necesidades estatales e internacionales que la ciencia ha marcado para evitar las peores consecuencias de la crisis climática”, indicó.
Ecologistas y la Ley de Cambio Climático
El compromiso de España con la descarbonización queda reflejado en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos. Se trata de una reducción del 39%, que está 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea. Estos sectores son movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura, reseña el ministerio.
La versión oficial adiciona que mientras la UE establece una penetración de renovables entre 38% y 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo que respecta a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento entre 36 y 37% para 2030, y el objetivo español se sitúa en 39,5%.
Sin embargo, las ONG muestran su inconformidad con la Ley de Cambio Climático. Elaboraron un manifiesto que ha sido refrendado por Ecologistas en Acción, Xarxa per la Justícia Climàtica y Rebelión por el Clima, entre otras. Recuerdan que en 2019 la comunidad internacional y científica advirtió la necesidad de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) en un orden superior al 7,6% anual.
Un ritmo de reducciones que debería llevar al Estado español a una meta de reducción de emisiones GEI superior al 55% en 2030 con respecto a 1990. Sin embargo, la ley se limita a una escasa reducción del 23%. Por tanto, queda muy lejos incluso de lo que el mismo gobierno ha aprobado en las instituciones europeas. Este es un aspecto clave, que por sí solo, hace que la ley nazca claramente obsoleta.
Puerta abierta a los combustibles fósiles
El manifiesto de los ecologistas observa algunos avances en la Ley de Cambio Climático. Entre ellos, la prohibición de la minería de uranio, de las prospecciones de combustibles fósiles o el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero. Así como la incorporación de un objetivo 100 % renovable, aunque solo para el sistema eléctrico y demasiado lejano.
Pero, igualmente observa, falta de concreción de algunas de las propuestas. El dejar a normativas posteriores objetivos fundamentales. También la falta de una apuesta clara por impulsar mecanismos de participación ciudadana que ponen en riesgo los tímidos avances que se den en los próximos años.
Argumentan las organizaciones que ley de Cambio Climático deja la puerta abierta a los combustibles fósiles y permite el uso del gas en todo el transporte. A juicio de Ecologistas en Acción esto es inadmisible. Más cuando no contempla la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles ni medidas para frenar el incremento de los viajes en avión, o la insostenible industrialización de la agricultura y ganadería.
Con la aprobación de esta ley se cierra una ventana de oportunidades para enfrentar de forma real la emergencia climática. Sostienen los ecologistas que este pudo haber sido el momento para responder a la falta de medidas capaces de evitar un modelo de producción y consumo que genera el cambio climático. Y que además se demuestra incapaz de satisfacer las necesidades vitales de las personas. Precarizándolas y poniendo en situación de vulnerabilidad a gran parte de la población, de los ecosistemas y el resto de seres vivos que habitan este planeta.
Revisión de los objetivos en forma transparente
En la ley de Cambio Climático se contempla un proceso de revisión de sus objetivos, que ya hoy están totalmente desfasados, advierten las ONG ecologistas firmantes del manifiesto.
En este sentido, Ecologistas en Acción seguirá atentamente la gestión que se haga de la Asamblea Ciudadana por el Clima que contempla la ley. Advierte que con la experiencia de los precedentes en Reino Unido y Francia, es importante que se lleve a cabo con garantías de representatividad. Así como independencia respecto a partidos y partes interesadas, transparencia, debate público y compromiso con sus resultados.
Asimismo detectan que la norma incurre en las atractivas falsas soluciones del capitalismo verde, que aluden a adelantos tecnológicos sin tener en cuenta su elevado coste energético y material.
“Es imprescindible reducir el consumo de materiales y energía, acompañándolo de una redistribución de la riqueza y del trabajo que garantice una vida digna para las personas. Y con la construcción de modelos basados en la cooperación, la solidaridad local y global, y la interdependencia de los cuidados esenciales”, añaden.
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