Por Cambio16 | Efe
14/04/2016
El expresidente de Banesto Mario Conde ingresó el miércoles en la prisión de Soto del Real acusado de blanquear 13,06 millones de euros de la entidad asistido por su hija Alejandra, ahora en arresto domiciliario, fondos procedentes de delitos por los que ya fue condenado en los casos de Argentia Trust y Banesto.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretadó prisión incondicional sin fianza para Conde y para su abogado, Francisco Javier de la Vega, y ha impuesto a su hija Alejandra, investigada en la misma causa, arresto domiciliario.
Conde, sus dos hijos y otras cuatro personas están acusados de blanqueo, organización criminal, alzamiento de bienes y ocho delitos fiscales.
Para el hijo de Mario Conde y los otros tres acusados -Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek- Pedraz ha decretado comparecencias semanales en el juzgado, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte.
Poco después de conocerse la decisión del juez, el letrado que representa a Mario Conde, Ignacio Peláez, calificó de «excesivas» las medidas cautelares adoptadas por el juez, y recordó que su defendido «siempre ha cumplido con sus obligaciones», ya que en otras ocasiones ha disfrutado del tercer grado penitenciario sin riesgo de fuga alguno.
En el auto, Pedraz justifica su decisión de enviar a Conde a prisión por el riesgo de que, de permanecer en libertad, entorpezca una investigación que está bajo secreto de sumario, aunque no descarta reconsiderar en un futuro su decisión.
Por lo que respecta a Alejandra Conde, señala que «dada su situación familiar» en relación con su hijo, que el juez no especifica, puede sustituirse la prisión por el arresto domiciliario.
Entre otras cosas, Pedraz considera que existen indicios suficientes de blanqueo de capitales en dos cuentas corrientes de Catalunya Caixa controladas por Mario Conde y por su hija Alejandra.
Asimismo, ha detectado tráfico de divisas y ocultación de ganancias personales a través de la sociedad Barnacla, empresa pantalla a la que al parecer se han desviado fondos de origen ilícito, algo para lo que también contaban con Oleificio Español y Black Royal.
De estas tres podrían proceder incrementos patrimoniales no justificados en la renta de Mario Conde, sus hijos y su yerno, según el auto.
En total, los fondos repatriados a España alcanzaron 13,06 millones de euros; de ellos 5,6 proceden de Gallox (Suiza), 1,3 de Higher (Reino Unido), 2,8 de Dryset (Reino Unido), 445.000 de Matoral (Países Bajos), 393.000 de G.I Beteiligung (Luxemburgo), 66.500 de Mayfield (Islas Vírgenes), 4.922 euros de Rupani Jelly Fish (Emiratos Árabes), y otros 2,28 millones en efectivo.
Alejandra Conde y su hermano son titulares al 50% de Black Royal, y entre las personas de la máxima confianza de los hermanos figura Francisco de Asís Cuesta Moreno, en tanto que el yerno de Mario Conde, Fernando Guasch Vega Penichet, que fue puesto en libertad ayer pero sigue en calidad de investigado, fue administrador único de esa sociedad.
En todo el entramado utilizado por Conde para repatriar fondos del extranjero, ha tenido un papel fundamental el abogado De la Vega, que ha participado «directa o indirectamente» en los negocios de la familia, según el auto.
María Cristina Fernández Alvarez, cuya «amplia declaración» ante el juez «confirmaría en gran parte la estructura de la organización», ha figurado como administradora de Barnacla y de Oleificio Español, empresa pantalla supuestamente dedicada a la producción de productos relacionados con el aceite de oliva que también recibía fondos del extranjero de origen ilícito.
Roland Stanek, de origen eslovaco y cuya profesión es profesor de esquí, aparece como administrador único de Oleificio Español entre 2009 y 2014, periodo durante el cual esta empresa recibió 2,8 millones procedentes de su matriz inglesa, y posteriormente transfirió fondos a otra compañía propiedad de los hijos de Conde.
Este nuevo frente judicial se le abre al exbanquero dos décadas después de ingresar en prisión y cuando han transcurrido algo más de ocho años de obtener la libertad condicional por el caso Banesto, que se inició el 28 de diciembre de 1993 y se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros de los años 90.
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