Maria Ressa, una de las periodistas filipinas más prestigiosas, fue declarada culpable por «ciberlibel» por un tribunal en Manila y condenada a 6 años de prisión. El fallo también declara como culpable al investigador y escritor Reinaldo Santos jr. Ambos tienen derecho a una fianza y apelar al veredicto, que les ordena pagar 200.000 pesos filipinos por daños morales y 200.000 más por daños ejemplares.
«Yo les pido a ustedes, a los periodistas en esta sala, a los filipinos que están escuchando que protejan sus derechos… Yo les pido que no tengan miedo. Si ustedes no usan sus derechos, los perderán», dijo Maria Ressa en una rueda de prensa.
Maria Ressa, culpable de «ciberlibel»
«Ciberlibel» (libelo cibernético) es un concepto que se usa para calificar el acto de difamar en el ciberespacio, bien sea por medio de correos electrónicos, mensajes, blogs, sitios web o cualquier otra vía de comunicación por Internet.
Reinaldo Santos Junior y Maria Ressa, del sitio web de noticias Rappler, fueron acusados de «ciberlibel». En 2012 publicaron una historia que desvelaba lazos entre el empresario filipino Wilfredo D. Keng y un juez de un tribunal superior.
El caso por «ciberlibel» se presentó por primera vez en 2017, momento en el que se desestimó, porque estaba fuera del estatuto de limitaciones. Sin embargo, el Departamento de Justicia extendió a 12 años el período de responsabilidad y fue admitido el caso contra Ressa.
Controvertida ley
El equipo de abogados de Ressa argumenta que la ley de «ciberlibel» en Filipinas no existía en el momento que se realizó la publicación. La controvertida ley se promulgó 4 meses después de que apareciera el artículo en Rappler. Mientras que el Departamento de Justicia argumenta que el artículo se actualizó en febrero de 2014. Se le hizo una corrección ortográfica.
Amal Clooney, quien dirige el equipo internacional de abogados que representa a la periodista, acusó al tribunal de ser «cómplice de una acción siniestra que busca silenciar a una periodista por denunciar el abuso y la corrupción». Clooney señaló que el fallo era una afrenta al Estado de Derecho y a la democracia en Filipinas.
No es la primera vez que Rappler sufre las consecuencias que conlleva la libertad de expresión por estos tiempos. El sitio web de noticias y su personal han sido objeto de 11 investigaciones gubernamentales y casos judiciales. Además de ser denigrado públicamente en conferencias presidenciales.
Ressa ha recibido amenazas de muerte por hacer su trabajo y enfrenta otras acusaciones como enjuiciamiento por difamación, dos casos por propiedad extranjera ilegal e investigaciones sobre sus declaraciones de impuesto.
Maria Ressa was convicted in the Philippines yesterday for doing her job.
As Amal Clooney wrote, the message to other journalists is “Keep quiet, or you’ll be next.”
We must fiercely protest attacks on the press. They are attacks on democracy. https://t.co/YYyamMVfht
— Hillary Clinton (@HillaryClinton) June 15, 2020
Libertad de expresión en Filipinas
La Unión Nacional de Periodistas en Filipinas señaló que el veredicto «básicamente mata la libertad de expresión y prensa». Tema que mantiene en el ojo del huracán a Filipinas, país que ocupa el puesto 136 entre los 180 países que registra el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.
Desde que Rodrigo Duterte asumió la presidencia de Filipinas, Rappler ha analizado su gestión. Ha expuesto todo un tren de corrupción y documentado la campaña antidrogas, que de acuerdo con las estimaciones, ha perpetrado decenas de miles de ejecuciones extraoficiales. Duterte ha acusado al medio de vender noticias falsas y declaró en 2016: «Solo porque eres periodista, no estás exento de asesinato».
Ya la Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertó sobre la existencia de «un patrón de intimidación» a los medios de comunicación en Filipinas. Mientras que el Senado de los Estados Unidos señaló que las acusaciones de «ciberlibel» son «procedimientos judiciales injustificados».
Los periodistas en Filipinas están expuestos a hostigamiento judicial, acoso por Internet y hasta amenazas de muerte. Todos los cargos que enfrenta María Ressa podrían llevarla a pagar 100 años de prisión solo por ejercer la libertad de expresión.
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