Nicolás Maduro y sus aliados aún no han mostrado las actas que según CNE ratifican su reelección. En cambio, ha mostrado sin rubor su peor rostro. La represión cruda y brutal, genocida y la que se vincula con crímenes de lesa humanidad. Silenciados los medios tradicionales, objetivo son las redes, cualquier canal que permita eludir el control oficial, la censura abierta, incluido el boca a boca.
Desde el 28 de julio, los venezolanos y el mundo esperan que el Consejo Nacional Electoral, que ya anunció la “tendencia irreversible” con el 98,7% de las actas escrutadas, publique en su página las actas mesa por mesa, las totalizaciones por estado, municipio, centro electoral y mesas. Sin embargo, ese importante canal de difusión del ente electoral no está operativos desde el momento que Elvis Amoroso emitió oralmente el primer boletín que daba por derrotado a Edmundo González sin una sola cifra que lo sustentara.
No hay cifras oficiales, pero abundan las amenazas e insultos de Maduro y las acciones represivas de los cuerpos de seguridad y los colectivos paramilitares contra cualquier ciudadano que pida la publicación de las actas. El gobierno convirtió en un acto subversivo, de traición a la patria y desestabilizador el derecho de conocer cómo se expresó la soberanía popular en las votaciones.
El primer paso fue imponer una férrea censura en los medios de comunicación audiovisuales. No pueden transmitir información relativa a las protesta, a la no operatividad de la página web del CNE, mucho menos declaraciones de los testigos sobre los resultados en su mesa de votación. Los tertulianos, opinadores y analistas no pueden opinar en contra de la versión oficial de los resultados ni decir nada que cuestione o aluda la ausencia de las actas electorales en la totalización irreversible que anunció Elvis Amoroso, el jefe electoral del régimen. Los medios digitales -nacionales e internacionales- fueron bloqueados. El silencio, la mordaza, también abarca las redes sociales y la telefonía estatal con largos cortes no justificados del servicio.
Contra Tik Tok, Instagram, Facebook y X
El 4 de agosto, Nicolás Maduro dijo ante oficiales y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (uno de los cuerpos represivos más criminales) que no tenía dudas de que «enfrentaba un golpe de estado ciberfacista». Luego, reunido con el alto mando militar, manifestó su intención de regular Tik Tok e Instagram. Dijo que esas «plataformas multiplican el odio y el fascismo contra los funcionarios militares, policiales y el pueblo chavista».
Reiteró que la oposición había utilizado el proceso electoral para intentar un golpe de Estado e instalar el odio a través de TikTok e Instagram. «Son responsables de la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y traer el fascismo a Venezuela”, gritó desaforado.
Desde la instalación en 2007 del «socialismo del siglo XXI», pese a que fue rechazado mayoritariamente por la población en un referéndum, que Hugo Chávez denominó ‘una victoria de mierda’, el régimen utiliza las redes sociales para desinformar, adoctrinar, crear zozobra, amedrentar y como herramienta utilísima para las campañas electorales. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X, Whatsapp, Telegram y todas las demás han sido sobresaturadas con mensajes a favor de la revolución valiéndose de bots, robots, páginas falsas y las facilidades inmensas del Estado.
Antes, durante y después de las elecciones Maduro acusó a Elon Musk de X, a Mark Zuckerberg de Facebook e Instagram y a Jeff Bezos de Amazon de organizar una “conspiración global” para derrocarlo.
Terrorismo de estado
En las dictaduras del siglo XX, las persecuciones, desapariciones, arrestos arbitrarios, asesinatos y abusos se conocían por rumores o testimonios de expatriados y asilados. En el mundo digital e interconectado del siglo XXI, los vídeos, fotografías y capturas de efectivos militares, policiales y parapoliciales violando los derechos humanos comunes, son publicados y viralizados en las redes sociales por la población que rechazó mayoritariamente la falsa totalización irreversible emitida por el CNE. Las transmisiones en tiempo real y sin fronteras es lo que Maduro pretende suprimir, exterminar.
A los voceros del régimen y a los afiliados al PSUV le ordenan que denuncien WhatsApp y demás redes a los «traidores a la patria» que protestan contra los resultados del CNE y publican denuncias sobre los irracionales desafueros de los cuerpos represivos.
Operación Tuntún
Los funcionarios amenazan, insultan, estigmatizan y vilipendian a cualquiera que consideren de oposición, la más leve y ponderada crítica al más irresponsable y corrupto funcionario de inmediato es calificado como «discurso de odio». Mientras, contra todo lo que dicen rechazar, hasta el propio Nicolás Maduro acusa de golpe de Estado a María Corina Machado y Edmundo González, sin mostrar pruebas y les anuncia penas de prisión por varias décadas sin haber sido imputados ni juzgados.
Sin duda, son descaradas instrucciones a su designado fiscal general. Asimismo, como si se tratara de una fiera competencia entre la camarilla gobernante, Diosdado Cabello ha surgido como el personaje más oscuro del establishment. Sin pruebas ni pudor, acusa y amenaza, estigmatiza, chantajea y amedrenta desde la televisora del Estado y desde su curul en la Asamblea Nacional. Quiere ser el peor de todos, el más malo, y tiene asegurada la chapa.
Es el creador de la “Operación Tuntún”. Un mecanismo mediante el cual se perpetra una cacería brutal contra quienes manifiestan su opinión. Es una siembra de terror, y torturada, en calles y barriadas. Sin orden judicial, tocan en la madrugada a las puertas de la casa y se llevan a las personas. Igualmente, hombres armados y enmascarados abordan a las personas en la calle y se las llevan. No las detienen, las desaparecen. Someten a las familias a la penuria de recorrer los centros de reclusión y detención para encontrarlos.
La «Operación Tun Tun» evidencia la violencia estatal mediante detenciones masivas, propaganda intimidatoria y una campaña de difamación en los medios. Los ciudadanos viven atemorizados, autocensurados y desconectados, si levantan la vista los presentan como enemigos del país y del pueblo chavista. El fiscal designado por Maduro, William Tarek Saab, se jacta de más de más de mil detenciones en una semana, otras fuentes elevan la cifra a 2.000. La ONG Foro Penal confirmó que al menos 80 de los detenidos son menores de edad. Y los números siguen subiendo.
Rechaza cualquier crítica
Pese a que Nicolás Maduro fue ministro de Relaciones Exteriores, jefe de la diplomacia, sus respuestas a las críticas internacionales distan muchos de lo que enseñan en la Academia Gual y España. E domingo, criticó a la Unión Europea y a su alto representante de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de quien dijo que era calificó de «vergüenza» por poner en duda la transparencia en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La airada respuesta se debe a que los europeos le pidieron una «mayor verificación independiente de los registros electorales» tras las votaciones del 28 de julio y exhortaron al ente electoral a publicar las actas de las mesas de votación. Y más le molestó que le criticaran su irracional represión a las manifestaciones pacíficas. y que le recordaran que los informes de las misiones internacionales de observación electoral afirman que las elecciones no cumplieron con las normas internacionales de integridad electoral.
Maduro cuestionó la definición de «manifestaciones pacíficas» y con su histrionismo declaró como si fuera verdad que las protestas atacaron hospitales, centros de salud, escuelas y estaciones de metro. No hay registro de hechos semejantes ni siquiera en los medios estatales. Por supuesto, ante una ofensiva represiva como la que lanzado contra la ciudadanía que solo ha manifestado su voluntad de cambio en un proceso electoral en el cual todas las ventajas las ha tenido Maduro, por prevención muchos usuarios optaron por cambiar sus fotos de perfil, eliminar mensajes críticos y reducir la republicación de videos que evidencien los abusos de los cuerpos represivos.
Como en las feroces y sanguinarias dictaduras del siglo pasado, las conversaciones son murmullos, silencios y golpes de vista. El venezolano bullanguero y alegres camina con la vista fija en el piso hasta que llega al sitio donde va a manifestar su disgusto de manera pacífica. Teme las represalias y ante la cacería entablada contra los mensajes en las redes sociales se han difundido recomendaciones para proteger la identidad, dirección y publicaciones encriptando el IP de los perfiles en WhatsApp, transformar en privada la visibilidad de las publicaciones, y bloquear a seguidores con facha de esbirros.
Detenidos como criminales por reclamar las actas
En la televisión, el presidente Maduro, el fiscal Tarek William Saab y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, han presentado a los detenidos como criminales. La versión oficial del chavismo es que se trata de jóvenes migrantes entrenados en Estados Unidos, Colombia, Chile y Perú para crear violencia durante las protestas. Pero en las redes sociales abundan las denuncias de desapariciones y detenciones de estudiantes, trabajadores, defensores de derechos humanos, testigos de mesa, incluso algunos efectivos militares y policiales y hasta una fiscal. Es esa una de las razones por las cuales ahora el régimen las quiere acallar a como dé lugar.
El gobierno ha comenzado a colgar en las redes videos de supuestas «confesiones». Especialmente testigos de mesa que luego de detenidos debe declarar que recibieron pagos en dólares de la oposición.
Al inicio de las protestas, las redes viralizaron la imagen de un joven que golpea con una mandarria una de las estatuas de Chávez. Aunque su rostro no es visible, se supo que lo habían detenido. El arresto se hizo gracias a la información suministrada por un “Patriota Cooperante”. Eufemismo utilizado por la nomenclatura para los delatores.
Sin piedad ni justicia
De acuerdo a las ONG defensoras de derechos humanos, como Provea y Foro Penal, a los detenidos, muchos de ellos sin orden de aprensión, se les violó el derecho a la defensa privada. Además se les procesó en lotes bajo cargos de “terrorismo” y “traición a la patria”. Fueron trasladados masivamente a cárceles de alta peligrosidad como Tocuyito y Yare III. En donde les raparon las cabezas, los uniformaron y pusieron a repetir cánticos laudatorios al dictador. En Venezuela están prohibidas por ley las prácticas infamantes, pero eso poco importa a los funcionarios.
El Foro Cívico de Venezuela denunció que tras las elecciones del 28 de julio, el gobierno de hecho suspendió las garantías constitucionales, con su saldo de muertes, detenciones arbitrarias y represión. La lista de fallecidos continua aumentando. Como el caso denunciado por FundehullanVzla que confima el deceso de Ángel Mora, tras ser brutalmente golpeado por cuerpos de seguridad en el contexto postelectoral. Luego de batallar en la unidad de cuidados intensivos de Guanare, en el llanero estado Portuguesa.
Pero lo más grave, como denuncia el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, es queTarek Wiliam Saab ordenó que estas muertes no se investigaran como violaciones de derechos humanos y prohibió el uso de la unidad criminalística y los fiscales de derechos humanos.
Arrinconar a los vencedores
María Corina Machado y Edmundo González publicaron un mensaje a los militares y policías en sus redes sociales. Les recuerdan que Venezuela y el mundo entero saben que en las elecciones del pasado 28 de Julio “nuestra victoria fue abrumadora. Desde el más humilde ciudadano, testigo, miembro de mesa, oficial de la Fuerza Armada, policía, hasta los organismos internacionales y gobiernos, lo saben. Con las actas en la mano el planeta ha visto y reconocido el triunfo de las fuerzas democráticas”.
Apuntan al tema de la represión. “Maduro se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero y, ante la legítima protesta, ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos, miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común, con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad y, al mismo tiempo, pretender arrinconar a los vencedores”.
Sostienen que Maduro intenta fabricar unos resultados cuando, además, el lapso legal para la publicación de los mismos ha vencido. Por lo que les pide a los miembros de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales, “atiendan sus deberes institucionales, no repriman al pueblo, acompáñenlo”. Se comprometen a que el nuevo gobierno, electo democráticamente por el pueblo venezolano, les ofrece garantías a quienes cumplan con su deber constitucional. Al tiempo que advierten que “no habrá impunidad”.
Defenderse como puede
Una semana después de las elecciones presidenciales en Venezuela, la oposición sigue impugnando los resultados oficiales y denunciando fraude. La respuesta del chavismo es intensificar la represión. La oposición publicó en Internet las actas recopiladas por sus testigos. Lo que permitió a periodistas, expertos en datos y observadores internacionales cuestionar el veredicto del Consejo Nacional Electoral que declaró a Nicolás Maduro como ganador.
La oposición está limitando su exposición y apariciones públicas. Se está centrando en exigir la publicación de las actas y en denunciar las violaciones de derechos humanos. La comunidad internacional está buscando una salida al conflicto.
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