Nicolás Maduro y sus socios han dejado en claro que su intención es permanecer en el poder, no solo en contra de la voluntad popular y de la Constitución, sino también de la comunidad internacional. El día 5 de enero marca un nuevo hito en la hegemonía chavista. Es la fecha en la que se instala la nueva directiva de una írrita Asamblea Nacional, cuyos diputados fueron escogidos en unas elecciones donde todos los candidatos y el árbitro electoral eran afectos al chavismo. Un paso que profundiza todavía más la crisis venezolana.
No es la primera vez que el chavismo se vale de una elección fraudulenta. El propio Nicolás Maduro está en un segundo mandato producto de unos comicios realizados de la misma manera: sin participación de la oposición, con un Consejo Nacional Electoral formado por operadores políticos del régimen y sin observación internacional independiente. No ha habido elecciones justas y transparentes.
Frente la nueva tropelía de la dictadura, la comunidad internacional ha tenido una reacción tibia y en algunos casos bobalicona. A excepción de Estados Unidos, la mayoría de los países que desconocieron las «elecciones» del 6 de diciembre ha optado por no pronunciarse acerca de la juramentación de la nueva Asamblea Nacional o el estatus de Juan Guaidó como presidente interino.
La Unión Europea (y España en particular) no son la excepción. Ante tal realidad que desdice su apego a la democracia, algunas voces se han levantado en defensa del regreso de la libertad en el país suramericano. Una es la del ex presidente del Gobierno de España, Felipe González. Otra, la del líder el PP, Pablo Casado. Pero el silencio parece ser la norma.
Lo que cambia en Venezuela
Pese a que este «parlamento» totalmente afecto al régimen reemplaza a la anterior directiva, que contaba con una representación de las diversas formaciones políticas (incluido el propio chavismo), su instalación no representa un cambio real en la correlación de fuerzas. Realizar elecciones amañadas no es la única manera del régimen madurista de cooptar todos los poderes públicos de manera ilegal.
De hecho, la anterior directiva fue elegida en unos comicios en los cuales, si bien hubo irregularidades y ventajismo, se permitió la participación de las principales fuerzas políticas. Como resultado, los partidos de oposición obtuvieron una mayoría calificada, que les permitía emprender reformas importantes, como el nombramiento de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, cuyos períodos estaban vencidos. También le correspondía aprobar el presupuesto presentado por el Ejecutivo.
Sin embargo, todas estas atribuciones -y muchas más- le fueron borradas de un plumazo, por las propias autoridades del TSJ. Una Asamblea Nacional paralela fue elegida en un proceso amañado que terminó asumiendo, de hecho, las responsabilidades del Parlamento.
Discrepancias en la continuidad de Guaidó
La Asamblea que había sido escogida en 2015 contaba con amplio respaldo internacional. El presidente de este cuerpo legislativo, Juan Guaidó, fue reconocido como jefe de Estado por más de 50 países. Sin embargo, cesa sus funciones este 5 de enero de acuerdo con la Constitución. Ahora que termina el período parlamentario, quedan muchas dudas y el silencio internacional es desolador.
Guaidó ha apostado a la continuidad de su mandato, en función de que no se puede reconocer a la nueva Asamblea que no fue elegida de acuerdo con lo que estipula la Constitución (no hubo una verdadera elección libre, transparente y democrática).
Las «elecciones» realizadas por el régimen de Nicolás Maduro en diciembre fueron cuestionadas nacional e internacionalmente. Pero no es menos cierto que el período del Parlamento elegido en 2015 vence el 5 de enero de 2021. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no se contempla una extensión del mandato.
En consecuencia, la decisión de Guaidó de apegarse a la continuidad de la Asamblea Nacional ha generado divisiones en la oposición. El llamado «Estatuto de la Transición» no contó con la participación varios partidos, lo que evidencia discrepancias en la estrategia dentro del bloque opositor, acerca de cómo lograr un cambio de régimen.
#ANLegítimaSigueDePie https://t.co/0mgh3xMRol
— Juan Guaidó (@jguaido) January 5, 2021
Tibia respuesta internacional
Aunque alrededor de 60 países no reconocen las elecciones del 6 de diciembre y manifestaron su apoyo a Guaidó, aún son más de 130 los que no se han pronunciado al respecto o están abocados a sus propios conflictos internos. Además, dentro de las naciones que le reconocen como presidente interino -incluida la Unión Europea y el Grupo de Lima- comienzan a verse ciertas diferencias en cuanto a la legalidad del Estatuto y la continuidad administrativa.
La única posición de firme respaldo a Juan Guaidó y a la democracia venezolana, hasta ahora, ha sido la de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro emitió el lunes una nueva licencia en la que reconoce a la Asamblea Nacional de 2015 y su Comisión Delegada a actuar en representación del gobierno de Venezuela.
La licencia general 31A también detalla que no están autorizadas las transacciones o actividades que involucren al Parlamento juramentado este 5 de enero. Brasil también se pronunció en contra de la pretensión del régimen chavista, pero países otros han guardado silencio.
Ante a pretensão de Nicolás Maduro de instalar uma nova “assembleia” com base na farsa eleitoral de dezembro último, o governo brasileiro reitera seu reconhecimento à Assembleia Nacional legitimamente eleita em 2015 e seu compromisso com as forças democráticas da Venezuela. pic.twitter.com/YcMoF3XcVA
— Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 5, 2021
España inmóvil ante la crisis venezolana
Mientras, Pedro Sánchez ha preferido mantenerse más alejado. Limitándose a aceptar la propuesta de la Unión Europea, pero evitando asumir una posición que cause ronchas en sus socios de Podemos, estrechamente vinculados con la dictadura venezolana desde sus comienzos.
Por su parte, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero es, a todas luces, uno de los mayores aliados de Nicolás Maduro en Europa. Ha respaldado todos y cada uno de los comicios del régimen, sin importar que carezcan de garantías. Crítica las sanciones contra los líderes del chavismo, aunque estén notoriamente vinculados a redes de corrupción, narcotráfico, terrorismo o crímenes de lesa humanidad.
El apoyo de Felipe González y Pablo Casado
Por el contrario, el también ex presidente del Gobierno Felipe González hizo un llamamiento a la comunidad internacional a respaldar a Juan Guaidó como legítimo jefe de Estado de Venezuela frente a la «nueva tropelía del régimen tiránico al ocupar la Asamblea Nacional valiéndose de unos comicios fraudulentos».
Pese al vínculo que les supone ser miembros del PSOE y la trayectoria política que les llevó en distintos momentos a la Moncloa, la posición de Felipe González ante la crisis venezolana contrasta ampliamente con la de Rodríguez Zapatero y la de Sánchez .
En cambio, Pablo Casado coincide en los principales puntos con Felipe González. El dirigente del Partido Popular reclamó este martes a Pedro Sánchez un «reconocimiento expreso» de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Solicitó «ya» una transición pacífica para lograr la «salida inmediata» de Maduro y que se celebren unas elecciones «libres, democráticas y con todas las garantías, lo que no pasó en las últimas».
Estas opiniones muestran que el tema de Venezuela va más allá de lo ideológico. No es cuestión de «izquierdas o derechas». Tiene que ver con la defensa de la democracia y los derechos humanos.
Es por ello que exigen a la Moncloa una posición más firme frente a una dictadura que ha generado la crisis humanitaria venezolana, la más grave en tiempos de paz que se haya registrado en la historia reciente.
La extradición de Álex Saab
El problema venezolano no es un mal gobierno, sino de una red criminal que controla las esferas del poder. Prueba de ello es el caso Álex Saab Morán. El testaferro y operador financiero de Nicolás Maduro que permanece detenido desde el 13 de junio de 2020 en Cabo Verde. Se le acusa de lavado de activos.
Hace apenas unos días, en un intento por librar a Álex Saab de la justicia con un velo de inmunidad, el régimen chavista lo nombró «embajador plenipotenciario de Venezuela en África». Jorge Arreaza, canciller de Maduro, le había notificado a autoridades de cuatro países la decisión de la dictadura de designar al empresario colombiano como embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente alterno de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana.
A pesar de la jugada, Saab Morán será extraditado a Estados Unidos con la decisión del Tribunal de Apelación de Barlavento de Cabo Verde. Lo informó la propia defensa, que ya anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema de Justicia del país africano.
Los esfuerzos de Estados Unidos
La solicitud de extradición forma parte de las medidas judiciales de Estados Unidos. Washington está claro que Saab es la pieza clave en los acuerdos secretos de Venezuela con Irán, Turquía y hasta Rusia, que pueden afectar la seguridad de Estados Unidos y de la región.
Además de los esfuerzos en los tribunales, ha ejecutado discretas tácticas militares. El diario The New York Times señaló hace algunos días que el crucero lanzamisiles San Jacinto cumplió una misión militar en Cabo Verde para evitar la huida de Saab. La nave ya fue retirada de la zona.
La defensa del empresario Colombiano, Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Maduro, informó mediante comunicado que el Tribunal de Apelación de Cabo verde aceptó extraditar a Estados Unidos a Alex Saab. pic.twitter.com/fgTG7ESBKx
— Osmary Hernandez (@osmarycnn) January 5, 2021
La polémica de las sanciones
Los esfuerzos de Estados Unidos para remover a Nicolás Maduro del poder van más allá, aunque hasta ahora han sido infructuosos. Una de las medidas más polémicas es la imposición de sanciones comerciales.
Desde el año 2017, Estados Unidos ha sancionado a personas, empresas y entidades petroleras asociadas con la dictadura tanto dentro como fuera de Venezuela. Las medidas están diseñadas para asegurar que Maduro y sus cómplices no se beneficien de las operaciones ilegales de minería de oro, de las operaciones petroleras estatales o de otras transacciones comerciales que permitan las actividades criminales del régimen y los abusos a los derechos humanos.
Ello significa que las sanciones se aplican en contra de personas como Alex Saab. El empresario colombiano utilizó una red de empresas ficticias para ocultar las ganancias logradas con contratos sobrevalorados y sin licitaciones obtenidos por medio de sobornos y coimas. Tras las sanciones, ya no tiene permitido realizar negocios en Estados Unidos o por medio del sistema financiero estadounidense.
En marzo de 2020, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que Washington está dispuesto a suspender las sanciones impuestas a Venezuela. A cambio pedían, entre otras acciones, la integración de un gobierno de transición y convocar elecciones libres en un plazo máximo de doce meses. Sin embargo, el régimen de Maduro ha preferido aferrarse al poder y perseguir a la disidencia. No ha mostrado voluntad facilitar una salida a la crisis venezolana.
Aliados de la dictadura
Hasta ahora, las sanciones han logrado estrangular parcialmente al régimen. Sin embargo, Maduro ha conseguido establecer alianzas y obtener algo de oxígeno financiero para sostener sus actividades criminales.
Muchas de estas asociaciones provienen de amigos tradicionales de la dictadura chavista, como Cuba e Irán y, en menor medida, China y Rusia. Sin embargo, el salvavidas también ha sido lanzado desde los botes más inesperados.
Es el caso de tres empresas poco conocidas, con sede en Emiratos Árabes Unidos, que se hicieron cargo de la operación de varios buques que transportaban petróleo venezolano, luego de anunciadas las sanciones. Le cambiaron el nombre a los barcos y poco después reanudaron el transporte de crudo del país caribeño.
Muhit Maritime FZE es el nombre de una de estas tres empresas. El crudo venezolano que las tres compañías transportaron representó alrededor del 3,9% de las exportaciones totales del país hasta el 18 de diciembre, señala un informe de la agencia de noticias Reuters.
El destino de Venezuela
Dentro una mezcla de escepticismo, indiferencia y complicidad por parte de la comunidad internacional, el régimen de Nicolás Maduro se mantiene en el poder. Mientras, la mayoría de la población venezolana víctima de una compleja y grave crisis humanitaria.
La situación ha obligado a un creciente número de venezolanos a abandonar su país. Diciembre de 2020 cierra con 5.448.441 desplazados repartidos por todo el mundo. Colombia, Perú y Chile son los tres países con mayores concentraciones de migrantes.
El ritmo de desplazamiento, producto de la crisis, fue constante hasta marzo de 2020, cuando llegó la pandemia de la COVID-19. Comenzó el cierre de fronteras, la detención de vuelos internacionales y una ralentización de los movimientos migratorios en todo el mundo.
La pandemia agrava la crisis venezolana
A medida que aumentaba el número de personas contagiadas de SARS-CoV-2, y que aumentaban las muertes por complicaciones, algunos migrantes comenzaron a regresar a Venezuela. Aunque el porcentaje fue muy pequeño.
Lo más grave fue que los voceros del régimen demonizaron a estos venezolanos a su regreso. Incluso un sacerdote «católico y chavista», Numa Molina, los llamó «bioterroristas». Una extraña forma de piedad cristiana y criminalidad «revolucionaria», contra personas que enfrentan la pobreza, el hambre, la persecución y el rechazo.
La CONTUNDENTE respuesta de monseñor Mario Moronta al padre Numa Molina tras llamar “bioterroristas” a los migrantes venezolanos https://t.co/qk5euEsyQo
— jaime yanez caldera (@jaimeyanezcalde) July 18, 2020
Aún así, durante 2020, pese a la pandemia, se mantuvo un constante movimiento migratorio desde Venezuela. Un episodio particularmente trágico fue un naufragio en las costas de Güiria, al oriente del país. 28 migrantes murieron en el mar, en un esfuerzo por llegar a Trinidad y Tobago, y con la ilusión de obtener una vida más digna. Fueron rechazados por el Gobierno de Puerto España, aliado de la dictadura madurista.
Estos hechos ilustran el profundo efecto que de la crisis humanitaria en la población venezolana.
Ante la severa crisis venezolana, cobran mayor importancia las palabras del expresidente Felipe González: «El pueblo de Venezuela merece el respaldo de todos los demócratas en su aspiración de elecciones libres y con garantías para elegir una nueva Asamblea y un presidente de la República». ¿Quiénes le escucharán?
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