Después de contribuir con la destrucción de la economía en Venezuela en los últimos ocho años, el régimen de Nicolás Maduro está entregando subrepticiamente a los privados, algunas de las empresas que expropió Hugo Chávez, a cambio de una participación en dinero y productos
Arruinado, aislado y ajeno a las tecnologías y desarrollos de sus vecinos, el país suramericano da bandazos para sobrevivir. Maduro está entregando activos y ganancias, a cambio de una participación en ingresos o productos. Secuela lastimosa del fracasado socialismo del siglo XXI que ha empujado a migrar a casi 6 millones de venezolanos. Mientras, el 90% de la población roza la pobreza crítica.
Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos, así como hoteles confiscados en las últimas dos décadas, han sido transferidas, no vendidas, a operadores privados en «alianzas estratégicas». Los administradores cubren la nómina y las inversiones, y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno.
“Creemos que esto es positivo. Es la sincronización del sector público con el sector privado. El Estado actúa como supervisor y recibe una retribución”, declaró a Bloomberg Ramón Lobo, exministro de Finanzas y legislador del partido socialista en la írrita Asamblea Nacional.
Chávez confiscó más de mil empresas, granjas, hatos ganaderos y propiedades de todo tipo. Incluidos activos de multinacionales como Kimberly-Clark, Cemex y Kellogg. Además de arruinar su principal fuente de ingresos, la petrolera Pdvsa, por la desprofesionalización, desinversión y falta de mantenimiento.
Peor suerte han corrido las empresas siderúrgicas y del aluminio, que formaron parte de un importante polo productivo al sur del país.
Maduro entrega empresas arruinadas a privados
Las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017. Las empresas expropiadas estaban prácticamente aniquiladas por Maduro y hoy engrosan el abultado pasivo de las cuentas públicas. Mediante la ley anti bloqueo, que le permite al dictador tomar cualquier decisión, aún en contra de las leyes en vigor, los acuerdos tienen «una base legal» para eludir regulaciones y procesos de licitación.
Sin embargo, la figura de los nuevos acuerdos -sean arrendamientos, licencias o comodatos- no está clara. Además, la ley anti bloqueo (2020) prohíbe revelar dicha información, teóricamente, para proteger las empresas de las sanciones estadounidenses, Canadá, la Unión Europea y Gran Bretaña, que están dirigidas a entidades que hacen negocios con el régimen, pero excluye a empresas privadas.
Los nuevos acuerdos involucran en su mayoría a empresarios con vínculos con el régimen, pero no exclusivamente. En algunos casos, las propiedades incautadas están volviendo a algunos de quienes fueron confiscadas. En otros, los propietarios se niegan a participar.
Lobo indicó que los acuerdos tienen plazos, generalmente de 5 a 10 años, y funcionan como una concesión. La empresa privada se compromete a invertir, aumentar la producción dentro de un plazo y administrar el activo.
Según Conindustria un total de 1.332 haciendas de ganado, tiendas de alimentos, compañías eléctricas, molinos, fabricantes de vidrio, bancos, supermercados e instalaciones de almacenamiento en frío fueron expropiadas entre 2002 y 2015.
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