Luis Almagro: “El tema que resuelve todo esto es la democratización de Venezuela”

Por Juan Emilio Ballesteros | Fotos y vídeo: Benito Guerrero
05/05/2018

Latinoamérica observa expectante el proceso electoral que impulsa Nicolás Maduro en Venezuela. El futuro del país caribeño, un estado fallido hundido hoy en una dictadura criminal sostenida por la corrupción, el narcotráfico y el sicariato de Estado, puede condicionar el fortalecimiento democrático en la región en un año electoral en el que están convocados a las urnas los ciudadanos de Colombia, Brasil y México. Luis Almagro (Paysandú, Uruguay, 1963), ha alertado desde la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) del peligro que entraña para la estabilidad y seguridad del continente la celebración en el mes de mayo de unas elecciones presidenciales convocadas para consagrar el régimen y apuntalar la dictadura. Se trata, insiste, de una convocatoria ilegítima que supondrá seis años más de represión, la peor sanción para los venezolanos.

Este diplomático de carrera y exministro de Asuntos Exteriores de Uruguay bajo la presidencia de José Mujica, que ha levantado la voz en defensa de la democracia, el desarrollo económico y la inclusión social en Latinoamérica, acaba de recibir el premio que la Fundación FAES concede a los políticos que se han distinguido por su defensa de la libertad. El expresidente del gobierno español y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, propuso la concesión de ese premio al secretario general de la OEA por su compromiso con la democracia en Venezuela y fue el encargado de entregárselo en un acto celebrado en la Casa de América en Madrid.

Las cifras que Luis Almagro pone encima de la mesa sobre la dramática realidad venezolana son escalofriantes. Desde el año 2014 se han registrado más de 12.000 detenciones arbitrarias de ciudadanos venezolanos y se han contabilizado 150 muertos en las manifestaciones de protesta contra Maduro. Además, desde el año 2012 se han producido unas 6.300 ejecuciones extrajudiciales a manos del gobierno. El país ha caído en una espiral que lo ha llevado a cerrar 2017 con una inflación que superó el 2.400%, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El PIB venezolano se contrajo un 14% el año pasado tras hacerlo un 16,5% en 2016.

El deterioro político y económico ha degenerado en una grave crisis social y humanitaria derivada de la corrupción y de una mala administración, “una de las peores que haya podido crear el hombre”, según Almagro, que añade que en el año 2016 murieron cada día siete bebés menores de un año.

«Se ha pagado un precio muy alto por el silencio y la inacción» ante la situación en Venezuela, así como por las «falsas expectativas de diálogo» y la «conveniencia de algunos de llevar a términos de gobernabilidad a un gobierno corrupto y criminal», dijo Luis Almagro al recibir el premio de la Fundación FAES. «Uno tras otro han fracasado los esfuerzos de diálogo» entre el gobierno de Maduro y la oposición, y el último intento «fallido», en la República Dominicana, ha permitido a Maduro convocar las elecciones presidenciales de mayo, que «no son legítimas».

La OEA no ha podido enviar una misión electoral a Venezuela desde el año 2007, pese a que es la organización interamericana que vigila la trasparencia de los procesos electorales en la región, como ha sucedido recientemente en Honduras, donde se han denunciado graves irregularidades que han invalidado el resultado de las urnas y han permitido el blindaje de la corrupción y la impunidad. En México, por su parte, se eligen a más de 3.400 cargos públicos y se está registrando un promedio de un asesinato de un candidato electoral cada cuatro o cinco días, un margen de violencia absolutamente inaceptable. En Venezuela, el proceso electoral es un fraude perfectamente premeditado, que solo servirá para confirmar la dictadura y el aislamiento del gobierno de Maduro.

Para el secretario general de la OEA, Venezuela es un estado narcotraficante, como se ha visto en el continente y «eso tiene que ser atacado, teniendo en cuenta la movilidad que tiene el narcotráfico» en las sanciones a dirigentes venezolanos y condenas a sus familiares en casos relacionados con narcotráfico.

En diciembre, dos sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Maduro, fueron condenados en Estados Unidos a 18 años de cárcel por intentar introducir 800 kilos de cocaína. Igualmente, el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, fue calificado de prominente narcotraficante por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), adscrita al Tesoro norteamericano, que congeló todos los activos que éste pueda tener en Estados Unidos.

“Tenemos además una distribución grosera y manifiesta de pasaportes para organizaciones terroristas”, ha afirmado Almagro en referencia a la supuesta alianza del vicepresidente Tareck El Aissami con el partido-milicia chií libanés Hezbolá para facilitarles documentos de identidad. “El tema que resuelve todo esto es la democratización de Venezuela”, ha concluido el diplomático uruguayo.

Este premio que acaba de recibir de la Fundación FAES es, además de un merecido galardón, un compromiso. ¿A qué le obliga?

Me compromete a seguir en mi trabajo, que obviamente tiene que ver con las condiciones que sufre Venezuela. Se ha dado una situación política en la que el gobierno venezolano prácticamente ha aniquilado todas las instituciones, una por una, y ha desmantelado el propósito por el que habían sido creadas. En consecuencia, ha desactivado todos los parámetros de funcionamiento democrático, llevando la política a un punto en el que resulta imposible garantizar los derechos de la gente. Hemos sido una voz más denunciando esta situación y procurando, al mismo tiempo, la reinstalación de la democracia en Venezuela y también de las políticas que puedan proteger los derechos de la gente.

¿Qué perspectivas hay de revertir esta situación?

Lamentablemente, Venezuela continúa en caída libre. Es un país que ha colapsado completamente desde el punto de vista político, económico y social. Cada una de las variables, los indicadores de los derechos económicos y sociales, se han desplomado y se encuentran en fase de crisis humanitaria. La migración de venezolanos al exterior, un total aproximado de cuatro millones de ciudadanos en los últimos años, ha sido mayor todavía que la de los ciudadanos de Oriente Medio a la Unión Europea. Y esto da solo una idea de la dimensión de la crisis.

Y de una catástrofe humanitaria sin precedentes…

Así es. Existen más ejemplos: un niño nacido en Siria tiene mejores expectativas de vida que uno que nace en Venezuela. La violencia rampante, la inseguridad llevada a extremos que no se pueden concebir, con un promedio de entre 25.000 y 30.000 muertes violentas al año en el país. La denuncia de esta situación debe continuar, pero también tenemos que seguir implementando las posibilidades que lleven a la solución.

¿Tiene arreglo?

La solución se sintetiza en una sola palabra: la redemocratización del país. Es la única manera posible para la reconstrucción de Venezuela, para que comience la reedificación. No obstante, también hoy es vital detener la caída, así como brindar soluciones para un pueblo que atraviesa la peor crisis humanitaria: sin alimentos, sin medicinas, en extremos patéticos de sufrimiento en lo que respecta a la situación personal de cada venezolano. Ese sufrimiento es el que queremos parar y en ese empeño estamos comprometidos de cara al futuro.

Para detener o aminorar esta caída libre sería necesario que no se celebrasen las elecciones presidenciales convocadas por el presidente Maduro para el mes de mayo. Usted ha llegado a decir que serían seis años más de dictadura. Con el objetivo de frenar este propósito, plantea dos frentes: la globalización del conflicto, con una mayor implicación de la comunidad internacional, y las sanciones. ¿Será suficiente?

Creo que se ha perdido mucho tiempo. Se ha tardado en actuar. Nosotros reaccionamos de una manera muy fuerte denunciando esta situación y, sobre todo, el futuro que tenía esta crisis. Lo hicimos en el año 2015 y hemos tratado de ser consecuentes con nuestra denuncia todos estos años de actuación. A pesar de las voces críticas de muchos países, vemos que se ha ido consolidando y fortificando una posición cada vez más fuerte en contra de la dictadura venezolana.

La propia OEA tiene dos resoluciones muy duras. Una del 3 de abril del año pasado, que declara la alteración del orden constitucional en Venezuela y llama al restablecimiento de la democracia en el país, y otra más de este mismo año, que urge a detener el proceso electoral e incide en la búsqueda de soluciones para resolver la situación de crisis humanitaria. También han aparecido sanciones cada vez más fuertes, que han sido muy precisas y muy eficaces en el desmantelamiento de determinados factores del funcionamiento del sistema financiero del régimen.

¿A qué se refiere?

Al lavado de dinero y a la utilización de los recursos y medios financieros de la petrolera PDVSA. No obstante, resta todavía muchísimo por hacer. Por lo menos deben quedar dos rondas de sanciones individuales. Y después pasar a sanciones más generales que inciden en el propio funcionamiento del régimen. Me refiero a sanciones que afecten a la cuestión petrolera y acaben de desmantelar el funcionamiento financiero, que se basa en gran medida en el sistema petrolero. Además, es preciso dejar todas las opciones abiertas, porque lo único que no podemos conseguir, y que sería políticamente incorrecto en este caso, es permitirle a la dictadura continuar. Eso es algo que la comunidad internacional no debe consentir. No tenemos esa posibilidad. Y, por lo tanto, tenemos que ser muy duros en la denuncia y en la edificación de institucionalidad democrática en el país, seguir empujando esta línea de sanciones.

¿Y en cuanto a rendir cuentas ante la justicia por los crímenes?

Hay que llevar adelante los casos denunciados ante la Corte Penal Internacional para que no haya impunidad en Venezuela. Posteriormente, una vez tramitados estos casos en la Corte Penal Internacional con la calificación de crímenes de lesa humanidad, tendremos que empezar a trabajar los temas de corrupción. Hoy, la corrupción de PDVSA está siendo juzgada solo en Houston (Estados Unidos). Habría que ampliar estas acciones judiciales a todos los países involucrados.

¿Es la corrupción el cáncer político y económico de Latinoamérica?

La situación en la actualidad en relación a este tema es mucho mejor que la que teníamos hace diez o quince años, incluso más recientemente, cuando la corrupción de Odebrecht campeaba por el continente y nadie investigaba. Se miraba hacia otro lado y parecía que todo estaba bien.

¿Están mejor las cosas ahora?

Hoy hay una diferencia sustancial. No están peor las cosas. Los casos de corrupción se investigan, tanto en lo referente a Odebrecht como a PDVSA. Hay un ataque a la corrupción. La sociedad civil es absolutamente intolerante, existe una tolerancia cero contra la corrupción. Los sistemas judiciales y de ministerios públicos también han reaccionado y han seguido esa lógica de ataque a la corrupción.

¿Cómo se combate la corrupción?

Pues así, juzgando responsabilidades dentro del sector público, pero también dentro del sector privado.

El año 2018 es un año electoral en Latinoamérica en el que se pone en juego el futuro de la región. Hay elecciones en Colombia, Brasil y México, entre otros países. Evidentemente, en Venezuela no existen garantías democráticas, pero en el resto de los países sí. En este sentido, parece que ha habido un retroceso en el populismo y en la estrategia política que surgió del Foro Social Mundial en Porto Alegre. ¿Se puede visualizar un cambio? ¿Qué peso tiene la economía en ese cambio?

Cada país debe encontrar su ecuación económica y comercial en función de los recursos y de los medios de que dispone en cada momento y de la forma más positiva posible. Lo que nos debe preocupar esencialmente es el fortalecimiento institucional y democrático de los países, no los cambios de tendencia u orientación.

El fortalecimiento institucional y democrático es una condición sine qua non de las posibilidades de desarrollo que tiene un país, de sus condiciones de seguridad y hasta de las propias variables de lucha contra la corrupción.

La democracia en nuestro continente es el principal instrumento de desarrollo. Por lo tanto, lo que no podemos permitirnos en ningún caso es la desinstitucionalización o el deterioro y la erosión democrática, ésas son las variables que siempre tenemos que atacar y, de esa manera, desterrar las malas prácticas.

¿Se avanza en el objetivo de poner fin a las malas prácticas?

Durante bastante tiempo las malas prácticas se expandieron mucho, fundamentalmente porque no hubo respuestas ni de las organizaciones internacionales ni de las regionales. Ahora sí se visualizan respuestas; hay mejores condiciones para erradicar las malas prácticas y fomentar las buenas. Todo esto implica un avance que tiene que ver obviamente con episodios y circunstancias que a veces son traumáticas, cuando los países viven episodios de corrupción al más alto nivel político.

Evidentemente, es una experiencia muy dura, pero los países están saliendo adelante y están plantando cara a la corrupción, lo que sin duda es un adelanto tremendo con respecto a las posibilidades de desarrollo.

¿Y sobre la influencia de las políticas económicas?

Con respecto al comercio, también se avanza en la dirección adecuada. El desarrollo se basa esencialmente en el comercio, por eso resultan preocupantes las políticas proteccionistas. Por ejemplo, en un país como Uruguay,, de 3.300.000 habitantes, no podemos producir todo lo que consumimos ni podemos consumir todo lo que  producimos. Es decir, producimos alimentos para 70 millones de personas. Es imposible que nos podamos comer todo eso. Y a la vez tenemos que importar porque hay bienes que por cuestiones de escala, tanto de capital como de inversión, son muy difíciles de producir en el país. Entonces tenemos que encontrar soluciones también en el comercio para eso.

Cerrarnos al exterior, por ejemplo en Uruguay, sería contraproducente. Y si lo es para un país pequeño como Uruguay también lo es para los países grandes. Los proyectos autárquicos siempre han fracasado. En la historia económica todos los proyectos autárquicos que ha habido en el pasado han fracasado. Por eso nos preocupa cuando reaparece el mensaje proteccionista, precisamente porque puede tener consecuencias sobre el bienestar de los ciudadanos y de los pueblos.

Sin embargo, en Latinoamérica tampoco han salido adelante los intentos de afianzar organizaciones regionales para el desarrollo y el comercio, como es el caso de Caricom, Mercosur y también, en un plano más amplio, Unasur…

Los países del continente en su dinámica de comercio muestran que somos la región del mundo que tiene menos comercio interregional. Esa es una realidad y uno de los principales problemas del desarrollo. Las tendencias de comercio siempre han estado orientadas hacia el exterior, no al comercio interno, sobre todo por la falta de infraestructuras y conectividad.

No se trata únicamente de política comercial, sino de problemas estructurales que no se han podido resolver. Uno de ellos es generar espacios de comercio interregional. La pobreza también tiene una variable estructural muy fuerte.

Por seguir con el ejemplo de Uruguay, hace 203 años Artigas hizo el Reglamento Provisorio para la Campaña sobre el principio de que los más infelices sean los más privilegiados. Y allí establecía una serie de prioridades relacionadas directamente con la vulnerabilidad de la gente. Puso en primer lugar a las viudas con hijos y, después, a la afrodescendencia indígena. Dos siglos después la pobreza tiene la misma estructura en Uruguay: madres solteras con hijos y la afrodescendencia, que representa el 16% del país, ocupa el 40% de los niveles de pobreza. Y eso que Uruguay es un país que tiene gran movilidad social.

Son problemas estructurales que no hemos podido resolver y en el comercio también se dan esos problemas, tanto de conectividad como de falta de infraestructura y logística interna. Una situación que nos hacen competir entre nosotros.

La OEA impulsa el proceso de transformación digital en Latinoamérica tanto en términos de inversión, como de conocimiento, talento, innovación y creatividad. ¿Cree usted que la región llega tarde a la economía digital? ¿Cómo se puede superar la brecha?

Tenemos que seguir atacando problemas estructurales y malas prácticas. No es una tarea fácil de hacer. Se trata de una labor que encuentra mucha resistencia. Fundamentalmente a nivel de gobiernos cuando se intentan introducir soluciones a esos problemas estructurales y cuando se intentan resolver esas malas prácticas. También a nivel de organizaciones internacionales, cuando se trata de inducir y corregir estos errores. Pero tenemos que persistir, no podemos darnos por vencidos. Ésa debe ser la dinámica de trabajo. Ojalá tuviésemos más medios y ojalá los medios de los que disponen las entidades financieras internacionales también induzcan a buenas prácticas en ese sentido. A veces, ocurre exactamente lo contrario. El continente ha pagado muy caro esos errores.

Por eso, resulta fundamental que la transparencia y las buenas prácticas se den en los procesos electorales y que el dictamen de los observadores internacionales y de los organismos a los que representan sirva de algo. La OEA, por ejemplo, ha tenido un papel importante en las elecciones de Honduras, denunciando irregularidades. En México, los candidatos se juegan la vida. ¿No puede truncar todo esto la esperanza de que se produzca un cambio efectivo en las políticas y los gobiernos? ¿Debería tener la OEA mecanismos de control más efectivos?

Los países del sistema interamericano deben ser más seguidores de las conclusiones técnicas de los mecanismos que tiene la OEA para observar elecciones, para proteger los derechos humanos o de protección de la democracia. Los países deberían sentirse más obligados por esas conclusiones. Es importante que se vaya por ese camino precisamente para comenzar a lograr las soluciones a las que usted hacía referencia.

Estamos en un punto en que esas soluciones son necesarias en el funcionamiento de los procesos electorales. En cada proceso electoral en el que hemos participado hacemos recomendaciones. La cuestión es que nos vemos obligados a repetir las recomendaciones porque de un proceso electoral a otro no se han corregido las disfunciones.

¿Y qué garantías se pueden ofrecer en ese sentido?

Tenemos que ser absolutamente conscientes de que es fundamental ofrecer garantías a la ciudadanía durante los procesos electorales, pero también es muy importante darles garantías a los candidatos y a los políticos. Entre todos debemos hacer esfuerzos conjuntos para desterrar la violencia que tienen muchos de los procesos electorales en la región.

Igualmente, nos gustaría que las recomendaciones que formulan las misiones de observación electoral fueran implementadas de una forma más automática por parte de cada uno de los países supervisados. Asimismo, que las observaciones que realizamos en cuanto a otorgar garantías también funcionen de una manera más automática y se consigan implementar las mismas de una forma más lógica y más continua.

Cuando usted eleva la voz en nombre de la OEA lleva la esperanza a muchas personas que hoy no la tienen, tanto en Venezuela como en otros países. El dar la voz a quien no la tiene coincide con los postulados ideológicos que ha defendido siempre y que aprendió de su maestro José Mujica. ¿Qué mensaje de esperanza se puede trasladar hoy a las personas que, como los venezolanos, no tienen futuro?

El mensaje tiene que ser absolutamente realista. Es necesario entender algo fundamental. En primer lugar, yo me siento muy pequeño cuando estoy frente a los venezolanos porque la lucha que ellos han tenido verdaderamente es gigantesca y descomunal. Una lucha contra un enemigo que avasalla cada uno de sus derechos y ha avasallado cada una de las instituciones que supuestamente existían para proteger esos derechos. El mensaje es que tenemos que continuar el esfuerzo. No podemos asumir que una nueva dictadura se está instalando en Venezuela y que esa dictadura va a persistir y a seguir en el país. Tenemos que ser conscientes de que hay que pedir acciones más duras contra esa dictadura, de que no puede haber ninguna variable que legitime en lo más mínimo esa dictadura.

Y tenemos que ser conscientes también de que el objetivo final, definitivo, es eliminar una lógica criminal que tiene esa dictadura en su relación con la gente, pero también en sus vínculos con el narcotráfico y con el terrorismo. Es fundamental para la estabilidad y la seguridad del continente que esa dictadura sea destruida. Eso es lo esencial. Para eso estamos trabajando. La comunidad internacional se ha sumado a ese esfuerzo. Ya hay sanciones muy duras de Estados Unidos, Canadá y de la Unión Europea y ahora también se están sumando países latinoamericanos a las sanciones, como es el caso de Colombia. Hay que seguir empujando, persistir en el esfuerzo. De esa manera seguro que lograremos el resultado y volveremos a tener democracia en Venezuela.