Por José Juan Verón
02/04/2016
Luchar contra la corrupción es rentable y resultaría relativamente sencillo si existiera voluntad real por parte de las fuerzas políticas. La base podría ser una serie de pequeñas reformas legales como modificar el sistema urbanístico, la limitación de indultos y aforamientos, la regulación de las puertas giratorias y de los grupos de presión, o la incorporación de sistemas de transparencia reales. Junto a ello, habría que reforzar los sistemas de control, así como las unidades judiciales dedicadas a perseguir estos delitos.
Los expertos coinciden en que España no es un país corrupto, sino en el que hay corruptos. El matiz indica que para combatir este problema no es preciso dar la vuelta al sistema; basta con modificar los elementos que favorecen los comportamientos corruptos.
“No es necesario crear nuevas estructuras y superestructuras; ya existen sistemas de control que se deben reforzar. Debe hacerse sin demagogia, sin mezclar las cosas y con una visión integral. De lo contrario, podemos pasar al otro lado del péndulo e inventar tantos controles que acaben por paralizar la administración pública”. Lo explica Julio Tejedor, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza que ahora ocupa la secretaría general de la Presidencia del Gobierno de Aragón y que es uno de los directores de la obra La corrupción en España. Ámbitos, causas y remedios jurídicos. El libro agrupa trabajos de especialistas en Derecho, Ciencia Política, Sociología o Periodismo de varias universidades, así como de jueces y miembros de órganos de control, que realizan propuestas concretas.
Tejedor indica que, a pese a la crisis, el modelo de urbanismo en España, que motivó buena parte del problema, no se ha modificado. El modelo tiende a generar plusvalías de forma artificial en cada fase, de modo que las paguen todas al final los compradores de los pisos. “No se ha hecho nada por impedir estas prácticas especulativas. Si mañana los bancos volvieran a dar financiación, pasaría lo mismo y se generaría una nueva burbuja; un caldo de cultivo adecuado para la corrupción, una vez más”, indica.
En el urbanismo, Tejedor señala que deben adoptarse sistemas transparentes y participativos, como los que ya se ensayan en algunas ciudades, de modo que la planificación responda a los intereses generales y globales de los vecinos, y no de unos pocos. Además, pide mayor rigor a la hora de justificar el consumo de suelo y los costes que comporta, así como criterios de sostenibilidad ambiental.
En esta línea han discurrido parte de las reuniones celebradas por los jueces decanos de España. Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza, reclama más medios técnicos y materiales, y explica que apenas serían necesarias pequeñas reformas en las normas procesales para ganar en agilidad. Se muestra firme en la necesidad de regular los indultos, de modo que queden excluidos los delitos de corrupción. También es partidario de limitar los aforamientos al Jefe del Estado y al Presidente del Gobierno.
José María Gimeno, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza y otro de los directores del libro, señala que la lucha contra la corrupción saldría muy rentable a las arcas públicas. Aunque la cifra concreta varía en función del sistema de medición, la corrupción genera ineficiencias de miles de millones de euros en la administración, un dinero que iría directamente a las políticas públicas que han sufrido tantos recortes. “La corrupción genera situaciones de ineficiencia económica, erosiona la visión de las instituciones y afecta a la calidad de la democracia”, señala.
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