Los uigures, víctimas de la esclavitud del siglo XXI

Investigaciones, denuncias, reportajes y estudios apuntan cada vez más al uso por parte de las autoridades de China de minorías étnicas para realizar trabajos forzados en fábricas ubicadas en territorio chino, tanto de firmas de ese país como de algunas de las mayores marcas occidentales. Es apenas la punta del iceberg en un comercio que mueve millones de dólares y se extiende por el mundo entero.

Suman más de un millón de personas. Su destino es incierto. Han sido sacados de sus hogares, detenidos, forzados a trabajar en condiciones inhumanas. Es una estrategia a la que el gobierno chino le da el pomposo nombre de «programa de reeducación». Pero para un creciente número de ONG y organismos internacionales se trata simplemente de una nueva forma de esclavitud. Sí, de esclavitud en pleno siglo XXI.

Amnistía Internacional denunció que China ha intensificado su campaña de internamiento masivo, vigilancia intrusiva, adoctrinamiento político y asimilación cultural forzada contra los uigures, kazajos y otros grupos étnicos predominantemente musulmanes en la región semiautónoma de Xinjiang, en el extremo noroeste del país asiático.

Un grupo de expertos australiano acusó recientemente al Gobierno de China de transferir a más de 80.000 personas de la etnia uigur de los campos de internamiento a las fábricas que suministran bienes a algunas de las principales marcas internacionales.

El Gobierno de los Estados Unidos se ha pronunciado en contra de una práctica violatoria de los derechos humanos.

La Organización de las Naciones Unidas señaló que al menos un millón de personas están recluidas en centros de detención en Xinjiang. “Son detenidos sin un proceso legal y se les somete a un adoctrinamiento político que incluye torturas”, afirma.

Trabajo forzado

En un extenso informe, el Instituto de Política Estratégica de Australia identificó 27 fábricas chinas en las cuales los detenidos de los campamentos en la región noroccidental de Xinjiang han sido reubicados desde 2017.

En condiciones que sugieren abiertamente trabajo forzado, los uigures laboran en fábricas que son parte de las cadenas de suministro de cerca de 83 marcas bien conocidas en los sectores de tecnología, vestimenta y automotriz, entre ellas Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony, Volkswagen y Zara, señala el grupo de expertos. El reporte es el más reciente capítulo en una serie de denuncias acerca de la sistemática violación de los derechos humanos que Pekín habría cometido en contra de este grupo étnico. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha rechazado los informes y los acusa de seguir “a las fuerzas estadounidenses que intentan difamar las medidas antiterroristas de China en Xinjiang”.

Un largo y tortuoso camino

La detención de los uigures es parte del intento del Gobierno chino de consolidar el poder mediante la uniformidad cultural forzada. Debido a su religión y etnia turca, los uigures han sido tradicionalmente el blanco de la islamofobia y el racismo en China. Una situación que ha provocado fricciones con las autoridades y brotes de violencia en Xinjiang.

En 2014, en el marco de la denominada «guerra popular contra el terror», los uigures fueron clasificados oficialmente como una amenaza para el Partido Comunista.

De esta manera, las autoridades justificaron la represión extrema y la violación sistemática de los derechos humanos de estos ciudadanos. Pero la persecución de los uigures es incluso anterior a la represión del PCC sobre los grupos minoritarios.

Entre 1946 y 1996, la población han (la mayoría étnica de China) en Xinjiang aumentó del 6,7% al 40% debido a las políticas de migración patrocinadas por el Gobierno y diseñadas para diluir la presencia uigur. Desde entonces, el Estado ha empleado progresivamente tecnología de vigilancia invasiva para monitorear a los uigures. Los códigos QR pegados en las puertas de los hogares uigures brindan información policial sobre sus habitantes y las cámaras de reconocimiento facial registran el movimiento. La ONU ha calificado la región de «zona sin derechos».

Escalada de represión

El internamiento de grupos étnicos predominantemente musulmanes en el Xinjiang se intensificó después de que se adoptaran en marzo de 2017 las «regulaciones sobre desextremización», altamente restrictivas y discriminatorias. Con este esquema, el Gobierno ha colocado un gran número de minorías turcas en instalaciones de internamiento, a los que se refiere como «campos de reeducación», en la región noroeste de Xinjiang. En este caso, el término “educación” enmascara el lavado de cerebro.

En febrero de 2020, el Gobierno afirmó que estos supuestos estudiantes serían gradualmente liberados en prácticas laborales. Sin embargo, los informes de ONG y organismos internacionales dan fe del rápido crecimiento de la estrategia a largo plazo de Pekín para someter a las minorías del noroeste. La práctica se basa en una combinación de trabajo coercitivo, separación intergeneracional y completo control social. De acuerdo con los estudios de Amnistía Internacional, se desconoce el destino de aproximadamente un millón de personas y la mayoría de las familias de los detenidos se han mantenido en la oscuridad. La organización aseguró que ha entrevistado a más de 100 personas fuera de China cuyos familiares en la región autónoma uigur de Xinjiang están desaparecidos, así como a personas que dijeron haber sido torturadas mientras estaban en campos de detención.

Las exhibiciones abiertas o incluso privadas de afiliación religiosa y cultural pueden considerarse «extremistas», a la luz de este reglamento que aplica el Gobierno. Estas señales incluyen el crecimiento de una barba «anormal», el uso de un velo o un pañuelo en la cabeza, la oración regular, el ayuno o evitar el consumo de alcohol. También son considerados comportamientos “extremistas” la posesión de libros o artículos sobre el islam o la cultura uigur, viajar al extranjero por trabajo o educación, particularmente a países musulmanes mayoritarios, o el contacto con personas fuera de China.

Los controles de seguridad omnipresentes, que son una parte rutinaria de la vida diaria en la región, brindan una amplia oportunidad para buscar contenido sospechoso en los teléfonos móviles o verificar las identidades de las personas utilizando un software de reconocimiento facial.

“Lucha contra la pobreza”

En Xinjiang, el alivio de la pobreza –exigido por el estado– va al lado de formas de colocaciones laborales involuntarias. Bajo la bandera de «alivio de la pobreza impulsado por la industria», las minorías son arrancadas de sus propios trabajos y familias. Así como el lavado de cerebro se enmascara como «capacitación laboral», el trabajo forzoso se oculta detrás de la fachada eufemística de «alivio de la pobreza».

La ironía de todo esto es que muchos uigures, que antes eran empresarios, intelectuales o científicos extremadamente calificados, ahora han sido colocados en talleres de explotación intensivos en mano de obra.

Hace varios años, las florecientes empresas uigures en el extranjero se vieron gravemente afectadas por la incautación de pasaportes y se vieron obligados a abandonar progresivamente los mercados laborales del este de China.

Un negocio inhumano

Estimaciones mostradas por las ONG que han hecho seguimiento al caso afirman que las autoridades chinas “maquillan” las cifras. Aseguran que hay personas de hasta 74 años trabajando en condiciones extremas y que más de la mitad de los internos sobrepasa los 40 años de edad.

Por otro lado, cientos de miles de los llamados trabajadores excedentes rurales también reciben lo que se denomina capacitación laboral centralizada en instalaciones cerradas. Dos tercios de este “entrenamiento” consiste en ejercicios militares y adoctrinamiento político.

La principal diferencia entre este esquema de entrenamiento y los campos de internamiento es que su duración es más corta y fija. Ambas son igualmente involuntarias: a las regiones minoritarias se les asignan cuotas anuales por el número de trabajadores excedentes capacitados que deben alcanzar.

Finalmente, en Xinjiang están instalando fábricas satélites en cada aldea para poner literalmente a trabajar a todos los adultos aptos. Estas fábricas están equipadas con guarderías para cuidar a los bebés, mientras la madre trabaja a tiempo completo.

Las organizaciones denunciantes afirman que cada vez es más difícil diferenciar el trabajo forzado en campos de internamiento de otras formas de trabajo coercitivo.

Enfrentados al coronavirus

Con la llegada de 2020, el surgimiento de un elemento externo amenaza con empeorar aún más la situación de los uigures.

El 24 de enero, los medios chinos confirmaron los primeros dos casos de coronavirus al noroeste de Xinjiang. Esta epidemia de rápida propagación se ha convertido en la más mortal en la historia reciente.

La llegada del virus a Xinjiang es particularmente alarmante debido a la existencia de 465 «centros de reeducación» en la región. El Congreso Mundial Uigur y el Proyecto por los Derechos Humanos de los Uigures con sede en Washington advirtieron de los peligros a los que se arriegan dos millones de musulmanes detenidos en los hacinados  campamentos.

El sitio web change.org está pidiendo a la Organización Mundial de la Salud tomar medidas “antes de un brote de coronavirus en el campamento de concentración”.

“El riesgo de brotes masivos y muertes relacionadas con el coronavirus en los campamentos de concentración de China, en la región uigur, sigue siendo ignorado a pesar de que se han confirmado casos en la región y las condiciones en los campamentos son deplorables”, se lee en la petición.

Sometimiento extremo

Aquellos que se resisten o no muestran suficiente progreso enfrentan castigos que van desde el abuso verbal hasta la privación de alimentos, el aislamiento, las palizas y el uso de restricciones y posiciones de estrés. Ha habido informes de muertes dentro de las instalaciones, incluidos suicidios de personas que no pueden soportar el maltrato.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha instado en reiteradas ocasiones a la comunidad internacional a ayudar a los uigures en China.

«Invitamos a todos los países a unirse al llamado para poner fin a la opresión en China. Hacemos un llamado para que se garantice la seguridad de aquellos que intentan salir de China y buscar refugio (…) Hay más de un millón de uigures y kazajos musulmanes en los campos de concentración de China”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en Nur Sultan, la capital de Kazajistán, en una visita oficial en febrero.

“Los llamados ‘campos de reeducación’ son lugares de lavado de cerebro, tortura y castigo que se remontan a las horas más oscuras de la era de Mao, cuando alguien sospechoso de no ser lo suficientemente leal al Estado o al Partido Comunista Chino podría terminar en los campos de trabajo de China», dijo Nicholas Bequelin, director de Amnistía Internacional para Asia Oriental.

Mientras el mundo observa, la situación para los uigures solo parece empeorar. Se trata de una crisis humanitaria de grandes proporciones, compuesta por discriminación étnica y religiosa, persecución política y ambición económica. Un entramado que juega en contra de una minoría cada vez más indefensa.

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