En un momento cuando las naciones Unidas y equipos médicos profesionales como los que componen el comité de la revista médica The Lancet reclaman paneles interdisciplinares, miradas holísticas y grandes presupuestos para prevenir enfermedades graves y globales, hay muy poco margen para la privatización del sector sanitario.
Los conceptos de salud global, salud planetaria o One Health (Una salud) hablan de las fuertes interconexiones entre la salud de las personas y las de su entorno y dejar atrás el foco en la salud individual.
Numerosos estudios revelan que la privatización de la sanidad pone en riesgo la salud de la población y la equidad en el acceso a la salud. Las dos lecciones que aprendimos de la covid-19 fueron, precisamente, que la salud de unos depende de la salud de los demás y que prevenir es mil veces más rentable y eficaz que atajar un problema de esas características.
Si bien la sanidad pública puede beneficiarse de un apoyo en la gestión por parte del sector privado, es importante mantener la salud como un servicio y no como un negocio. Externalizar la gestión de listas de espera, por ejemplo, es algo muy diferente a abordar tratamientos caros y complejos o a instaurar campañas de prevención, dos cosas que rara vez dan beneficios y por tanto no serán bien abordados por el sector privado.
Superficialmente, se puede argumentar a favor de la privatización. Los teóricos de la economía sostienen que la energía creativa de las empresas privadas puede generar innovación con la necesaria rapidez. Liberadas de la burocracia estatal, encontrarán formas nuevas e inteligentes de hacer las cosas mejor y por menos dinero.
Sin embargo, la realidad suele ser otra. Parecen más «eficientes» que los proveedores del sector público a los que sustituyen, pero sólo consiguen esa eficiencia recortando salarios o incumpliendo promesas. La privatización sanitaria es un término ambiguo y controvertido. Tiene una connotación principalmente negativa y engloba discursos, definiciones y posicionamientos diversos e incluso, en algunos casos, contradictorios. Un buen análisis del concepto y de sus variantes lo realiza Unai Martín (2019).
Gobiernos como el de España abren la puerta a ciertos modos de privatización del sector sanitario y, aunque se insiste en blindar el sistema nacional de salud, constantemente saltan las alarmas. La mala prensa de la privatización habla por sí sola y hace que sea un tema sensible en las agendas políticas que deben gestionar el miedo de la sociedad a la privatización con mucha cautela.
Sin embargo, hay grupos políticos, entidades y sectores de la sociedad que apoyan la sanidad privada. Creen en la imagen de que el enfermo puede elegir y, sobre todo, porque confían en que la competencia mejora el servicio.
A nadie se le escapa que el sistema nacional de salud vive una profunda crisis, de la cual resultan grandes protestas ciudadanas, huelgas de los profesionales de la medicina y estériles y crispados debates políticos.
Para Rogelio Altissent Trota, la salida de esta crisis es cosa de todos y se debe apoyar en transparencia, rendición de cuentas y participación responsable de los usuarios.
Como plantea Remedios Zafra, es un mal momento para que el sistema de salud entre en crisis. Lo necesitamos más que nunca y lo necesitaremos más: los ancianos y los enfermos no paran de aumentar y su salud no puede estar sometida a las leyes de la oferta y la demanda ni depender de las opciones de negocio de quien la opere.
Un problema adicional en el sistema de salud español son las competencias. A nivel nacional se reconoce en España el derecho de elegir médico en atención primaria y especializada, pero como las competencias están transferidas a las comunidades autónomas hay toda una casuística que en general desampara al ciudadano y, evidentemente, genera desigualdades entre comunidades autónomas y, en general, vulnera los derechos de los ciudadanos. Unos derechos que se ven tanto más vulnerados cuanto mayor es la partida que se destina a la atención médica privada en detrimento de la sanidad pública.
Los defensores de privatizar la sanidad argumentan que la introducción de proveedores con ánimo de lucro mejora el rendimiento por la competencia adicional. Sin embargo, amplios grupos de la sociedad y multitud de científicos y personal sanitario alertan de que esta privatización genera una reducción de costes y, por tanto, peores resultados para los pacientes.
Para salir de estos debates con tintes ideológicos, Goodair y Reeves, de la Universidad de Oxford, abordaron la controversia evaluando el impacto de la externalización del gasto sanitario a proveedores privados, tras la aplicación de la Ley de Sanidad y Asistencia Social de 2012 en Inglaterra.
Lo primero que constataron es que la privatización del Servicio Nacional de Salud británico, a través de la externalización de servicios a empresas con ánimo de lucro, aumentó consistentemente en el periodo 2013-2020. Lo segundo que constataron es que la privatización incrementó las muertes tratables.
Observaron que un aumento anual de un punto porcentual de la externalización al sector privado con ánimo de lucro se correspondía matemáticamente con un aumento anual de la mortalidad tratable en el año siguiente. Un resultado que fue robusto ante posibles factores de confusión y a posibles errores de medición.
Al menos 557 muertes tratables se asociaron con los cambios en la externalización con ánimo de lucro desde 2014. Por tanto, a falta de estudios similares en otros países y regiones, cabe concluir que la introducción del sector privado en la sanidad aumenta significativamente las tasas de mortalidad tratable. Sin duda, hay una disminución de la calidad de los servicios de atención sanitaria.
La urbanización y los cambios sociales y medioambientales plantean constantemente inesperados problemas sanitarios, mientras muchos de los antiguos siguen sin resolverse. El caso de países como Brasil aportan una mirada adicional al debate sobre la privatización. La administración de un sistema sanitario público complejo y descentralizado, en el que una gran parte de los servicios se subcontrata al sector privado, junto con muchos proveedores de seguros privados, provoca inevitablemente conflictos y contradicciones.
Lo que resulta claro del análisis del sistema de Brasil es que el reto es, en última instancia, político y social. Se requiere el compromiso continuo de la sociedad en su conjunto para garantizar el derecho a la salud de todos.
Salvando muchas diferencias, esto cabe aplicarse a la mayoría de países del mundo. Como es bien sabido, el sistema de salud en Estados Unidos no es, ni mucho menos, un buen ejemplo de coordinación público-privada. El sistema sanitario estadounidense no ofrece cobertura universal y puede definirse como un sistema mixto, en el que coexisten la cobertura sanitaria gubernamental financiada con fondos públicos (Medicare y Medicaid) con la cobertura de mercado financiada con fondos privados (planes privados de seguro médico). Predominan los pagos directos y la provisión de cobertura de mercado como medio de financiación y prestación de asistencia sanitaria.
Los resultados son, además de una flagrante violación de derechos humanos y de un acceso muy desigual entre la población a los servicios más básicos de salud, un elevado peaje en términos de muertes evitables.
La privatización de la salud no tiene por qué ser algo intrínsecamente negativo. Bien gestionada, la privatización de algunos servicios puede ser positiva. No siempre el sistema nacional de sanidad de un país puede expandirse o acomodarse a las necesidades de cada momento. Lo importante es que se gestione bien ese servicio privado y que se pongan límites al lucro con la salud de las personas.
Los gobiernos, tanto autonómicos como nacionales, no pueden eludir su responsabilidad. Deben coordinar la sanidad privada y la pública. No pueden permitir que la primera crezca a expensas de la segunda ni que ofrezca servicios de calidad insuficiente. No hay margen para el oportunismo o el populismo. Es momento de crear un sistema que realmente cuide de la salud de las personas, de todos los españoles.
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