Por Andrés Tovar
28/05/2018
Los colombianos ya tienen las cartas sobre la mesa para decidir sobre quién será el próximo presidente de Colombia. La primera vuelta de las elecciones de este domingo ha puesto a Iván Duque -ganador de la primera vuelta- y a Gustavo Petro como las opciones a elegir. Por ende, el debate que viene es precisar cómo esos dos modelos de país, claramente antagónicos, enfrentarán los retos que la geopolítica y la sociedad colombiana imponen.
Y ya aquí está el primer reto del próximo presidente de Colombia. Conciliar la macropolítica con la gestión local. Temas como el polarizador acuerdo con las FARC o con el ELN o los compromisos con EEUU en relación al narcotráfico contrastan en importancia con los problemas de corrupción, desempleo, salud y educación. Todas en conjunto las principales preocupaciones de casi el 70 por ciento de los votantes colombianos.
Vale comentar una encuesta realizada a principios de año por la firma colombiana Invamer. Ésta precisa que solo un 3% de los colombianos considera que los acuerdos con las guerrillas son una prioridad. Igualmente revelador, sin embargo, es que solo el 1% del público considera que el narcotráfico es una preocupación principal.
Por consiguiente, el próximo presidente de Colombia deberá navegar por dos aguas. Cumplir con la prioridad central de la política de EEUU -detener la producción y el tráfico ilegal de narcóticos-. Pero también responder a los problemas por los que será responsable ante los ojos del público. Sobre todo porque las tensiones en los recursos fiscales y la infraestructura social de Colombia solo empeorarán a medida que cientos de miles de venezolanos continúen ingresando al país para escapar de su colapso económico y social. Otro dato importante aportado por Invamer.: el miedo al castrochavismo sigue siendo un factor decisivo en la intensión de voto de los colombianos.
¿Qué hacer con la burocracia de la paz?
El acuerdo de paz en Colombia es profundamente polarizador. Algo que se refleja claramente en la derrota del plebiscito de octubre de 2016 por unos 53 mil votos. E impulsada por unos números tatuados en la piel de todos los colombianos.: 52 años de conflicto. Más de 25 mil personas muertas. Más de seis millones de desplazados. Unos 80 mil desaparecidos. 11 mil víctimas de minas terrestres. Y miles de millones de dólares gastados en la guerra. Un dinero que podría haberse gastado en el desarrollo del país. Y en beneficio de los 4 millones de colombianos que viven en la pobreza extrema.
La turbulencia política que acompañó a la firma del tratado mostró cuán frágil es la situación. Por ende, el próximo presidente de Colombia tendrá que abordar la implementación del proceso, que hasta ahora ha sido lento y descuidado. El acuerdo actual establece que aquellos que confiesan la verdad, acuerdan ciertas reparaciones y se comprometen a no repetir sus delitos serán juzgados con mayor indulgencia y pueden tener la opción de cumplir sentencias alternativas, como el trabajo comunitario, en lugar de ir a la cárcel. También les permitiría participar en política.
Duque ha dicho que ajustará aspectos críticos del tratado, como la garantía de que los ex líderes guerrilleros cumplirán sentencias más estrictas, lo que le ha valido críticas sobre la posibilidad de que los guerrilleros vuelvan a la guerra. Petro, por su parte, asegura que no modificará el acuerdo. Pero no ha ofrecido pistas sobre cómo garantizar real justicia y reparar efectivamente a las víctimas y, por ende, la crítica de los enemigos del proceso. Que no son pocos dentro de Colombia.
Una oportunidad para el próximo presidente de Colombia
El establecimiento de un control estatal efectivo en las áreas rurales -que brinde autoridad efectiva y oportunidades económicas a todas las áreas del campo- será clave para el futuro potencial de desarrollo y seguridad nacional de Colombia. También es esencial avanzar seriamente contra la producción de cocaína y otras economías ilegales de Colombia. Esto es tiene que ver con la paz. Sino con un desafío central de seguridad y desarrollo sin resolver que Colombia y Estados Unidos deben trabajar juntos para resolver.
Por consiguiente, el nuevo presidente de Colombia necesitará habilidad para navegar las divisiones partidistas en Washington. Los halcones de la guerra contra las drogas en la administración Trump y el Congreso pueden parecer los aliados más naturales. Pero vale la pena recordar que solo cuando el gobierno colombiano adoptó una agenda más amplia que incluía los derechos humanos y las necesidades de las poblaciones desatendidas, floreció el verdadero bipartidismo.
¿Qué hacer con el vecino?
Finalmente, la afluencia dramática de los inmigrantes venezolanos en su frontera este implica otro gran reto. Principalmente porque podría dar lugar a una ola de reacción xenófoba en los meses siguientes como Venezuela continúe deteriorándose. La migración venezolana es ya un tema definitorio para América Latina en lo que queda de año y para 2019. Y una causa que puede causar «mucho dolor político» a sus vecinos. Otro reto para el próximo presidente de Colombia que deberá brindar una respuesta efectiva. Una que contribuya con los derechos humanos. Pero que no afecte la estructura social de su propio país.
El 50% de los consultados por Invamer cree que Colombia puede estar en una situación parecida a la de Venezuela. El miedo a que el castrochavismo llegue al país ha sido uno de los discursos de campaña de algunos candidatos. Y en la mitad del país según la encuesta éste sigue siendo un tema de preocupación.